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El Ayuntamiento de Alicante pagará 2,59 millones a Vectalia por facturas pendientes de la ORA y la grúa

La Junta de Gobierno ejecuta un auto judicial por servicios prestados en 2025 y admite que hará falta una modificación presupuestaria

El Ayuntamiento de Alicante tendrá que pagar 2,59 millones a Vectalia por los servicio de la ORA y la grúa

Vecinos de Princesa Mercedes y Alipark rechazan la implantación de la nueva zona azul / Héctor Fuentes

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Borja Campoy

Borja Campoy

El Ayuntamiento de Alicante pagará 2,59 millones de euros a Vectalia por facturas pendientes de la ORA y la grúa municipal. La Junta de Gobierno Local ha llevado este martes a aprobación la ejecución de un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que ha acordado el fraccionamiento del cumplimiento de unas medidas cautelares previas por las cantidades adeudadas a la empresa por la prestación de los servicios de estacionamiento regulado en superficie y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos durante parte de 2025.

El expediente tiene su origen en el recurso presentado por Vectalia por las cantidades pendientes derivadas de esos servicios entre el 26 de enero y el 31 de agosto de 2025. La reclamación ascendía inicialmente a 2,8 millones, a los que se sumaban intereses de demora calculados de forma provisional en 62.675 euros. El juzgado acordó el pago inmediato de las cantidades adeudadas y el Ayuntamiento solicitó después poder fraccionar el cumplimiento de esa obligación por falta de crédito suficiente para abonar toda la cantidad de una vez.

La resolución judicial del 4 de mayo acepta la propuesta municipal de pago fraccionado hasta el límite de crédito disponible. Con ese marco, la Junta de Gobierno autoriza ahora un gasto de 2,59 millones a favor de Vectalia. De esa cantidad, 995.255 euros corresponden al servicio de estacionamiento regulado en superficie, la ORA, prestado entre el 26 de enero y el 31 de agosto de 2025. Los otros 1,59 millones corresponden al servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos, la grúa, prestado entre el 26 de enero y el 31 de julio del mismo año.

El documento municipal enmarca estos pagos en la finalización del contrato de gestión de los servicios públicos de ORA y grúa. La Junta de Gobierno ya declaró en noviembre de 2025 la necesaria continuidad de esos servicios por razones de interés público, con efectos desde el 25 de enero de 2025 y hasta el inicio del nuevo contrato, todavía en fase de licitación. El acuerdo también convalidó lo actuado hasta esa fecha y estableció que el Ayuntamiento abonaría los servicios prestados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Tenemos que ir a golpe de sentencia, pufo y demora para pagar a la contrata

Rafa Mas

— Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

El problema es que, según recoge el propio expediente, hasta ahora no se había aprobado pago alguno por esas prestaciones. Esa falta de abono llevó a Vectalia a acudir al juzgado para reclamar las cantidades adeudadas. El auto judicial obliga ahora al Ayuntamiento a ejecutar el pago dentro del límite presupuestario disponible y a realizar los trámites necesarios para consignar el resto de la cantidad pendiente.

La ejecución del auto deja además otro efecto presupuestario. El expediente advierte de que, una vez realizado este pago y teniendo en cuenta otros gastos autorizados para la convocatoria del nuevo contrato, el crédito disponible para cubrir estos servicios quedará prácticamente agotado. En la partida de la grúa quedarán 43.666 euros y en la de la ORA, 52.583 euros, cantidades insuficientes para financiar los gastos derivados de ambos servicios. Por ello, el propio documento señala que se solicitará la correspondiente modificación presupuestaria.

El expediente aprobado por la Junta de Gobierno se conoce mientras el Ayuntamiento tramita el nuevo contrato de ORA y grúa, que está pendiente de dos recursos presentados en el proceso de licitación.

Reacciones

El pago ha provocado ya la reacción de Compromís. Su portavoz municipal, Rafa Mas, ha cuestionado que el PP no hubiera previsto en los presupuestos municipales el coste de unos servicios que seguían prestándose fuera de contrato. “¿No contemplaron cuando hicieron los presupuestos que tenían que pagar a la contrata que hacía sus labores desde el 1 de enero de 2025 hasta agosto?”, se ha preguntado el edil.

Mas ha criticado que haya tenido que intervenir el juzgado para obligar al Ayuntamiento a afrontar un pago millonario. El portavoz de Compromís sostiene que “hay que pagarle a la contrata por las labores hechas” pero cuestiona que el retraso pueda generar también intereses de demora. “¿Tenemos que ir a golpe de sentencia, pufo y demora?”, ha señalado.

Barcala deja que los problemas lleguen al juzgado y pasa la factura a los alicantinos

Silvia Castell

— Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

El concejal también ha vinculado este asunto con la gestión general del área de Movilidad y con el futuro contrato de la ORA. Compromís ha anunciado que pedirá al concejal Carlos de Juan toda la información y el expediente completo. Mas ha recordado que su grupo todavía no conoce dónde se implantarán las futuras zonas naranja y azul previstas en barrios como Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes. “Lo único que sabemos es que tenemos que pagar un pufo de 2,5 millones”, ha afirmado.

El PSOE también ha cargado contra la gestión del alcalde. La edil socialista Silvia Castell ha sostenido que este pago evidencia una forma de gobernar “basada en llegar tarde, pagar tarde y actuar solo cuando obliga un auto judicial”. “Barcala no gestiona: deja que los problemas lleguen al juzgado y luego pasa la factura a los alicantinos”, ha afirmado.

Castell ha señalado que la ORA y la grúa “no son una sorpresa presupuestaria”, sino servicios públicos esenciales que, a su juicio, el gobierno del PP no ha sabido planificar. La concejala ha acusado al ejecutivo municipal de funcionar “a base de parches, reconocimientos extrajudiciales y modificaciones de crédito” por su incapacidad para renovar contratos a tiempo, y ha vinculado este caso con otros expedientes pendientes de pago, como Geamur o Anilia. “El problema ya no es un caso aislado: es la forma de gobernar de Barcala”, ha concluido.

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