El profesorado de la UA exigirá que los teléfonos móviles estén apagados durante los exámenes y no permitirá ni el modo avión

La Universidad de Alicante ha aprobado un nuevo conjunto de recomendaciones dirigidas al profesorado para prevenir el fraude académico durante los exámenes, en respuesta al creciente uso de dispositivos electrónicos cada vez más sofisticados y difíciles de detectar en las aulas universitarias. El documento está firmado por los vicerrectores de Estudiantes y Empleo, Ordenación Académica y Profesorado, Transformación Digital, Estudios y Calidad, junto al Defensor Universitario, el Delegado de Protección de Datos y la Inspección General de Servicios; y desarrolla criterios de actuación para las convocatorias del segundo semestre y de final de curso tomando como base el nuevo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, publicado en el BOUA el pasado 25 de julio de 2025.

La principal novedad normativa es la prohibición expresa no solo del uso, sino también de la mera tenencia de teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado durante las actividades de evaluación. La Universidad considera que el avance de herramientas tecnológicas como auriculares invisibles, cámaras ocultas, bolígrafos lectores, gafas inteligentes o relojes conectados ha generado un nuevo escenario que exige adaptar los mecanismos de control en los exámenes presenciales.

Con estas nuevas directrices, la Universidad de Alicante se suma a la tendencia creciente en universidades españolas y europeas de endurecer los protocolos de evaluación presencial ante la aparición de nuevas formas de fraude apoyadas en la tecnología y la inteligencia artificial. Inicialmente, la Escuela Politécnica Superior (EPS), la de Ciencias y la de Económicas fueron las primeras en activar este sistema de vigilancia, que tiene, sobre todo, un objetivo disuasorio, que ya se ha extendido a la mayoría de centros.

Varios centros de la Universidad ya han adquirido detectores de señal, cuyo coste oscila entre los 18 y los 50 euros

Informe

El texto recuerda que, en caso de detectarse fraude académico, el profesorado podrá intervenir inmediatamente, solicitando la interrupción del uso del dispositivo, registrando la incidencia y trasladando un informe a la dirección del departamento correspondiente. Además, cuando existan objetos materiales vinculados al fraude, podrán ser retenidos temporalmente sin ser destruidos. En el caso de dispositivos electrónicos, la normativa no contempla necesariamente su retirada física, aunque sí permite recabar información relevante sobre la incidencia.

Entre las medidas preventivas recomendadas, la Universidad insiste en la necesidad de advertir previamente al alumnado sobre la prohibición de móviles y dispositivos electrónicos. Esa comunicación deberá realizarse preferentemente mediante avisos oficiales en UACloud, además de recordarse verbalmente antes del inicio del examen e incluso incorporarse al encabezado de las pruebas escritas.

Uno de los aspectos más llamativos del documento es la recomendación expresa de exigir que los teléfonos móviles estén completamente apagados, y no simplemente en modo avión. La Universidad argumenta que muchos dispositivos utilizados para copiar funcionan mediante conexión bluetooth con el teléfono móvil y que, mientras el terminal permanezca encendido, el sistema podría seguir operativo.

Apple

El documento cita específicamente los teléfonos de Apple con sistema iOS 15 o superior, ya que algunos modelos continúan emitiendo señales incluso apagados gracias a la red “Find My Network”. Por ello, se recomienda activar previamente el modo avión antes de apagar el terminal para impedir cualquier tipo de emisión.

La institución también desaconseja una práctica habitual en muchos exámenes universitarios: recoger los teléfonos móviles del alumnado en una mesa común antes de entrar al aula. Según explica, esta fórmula puede generar pérdidas, robos o confusiones en la devolución de los dispositivos y, además, no garantiza que el alumnado no acceda al examen con un segundo teléfono oculto.

El nuevo escenario tecnológico también ha obligado a la Universidad a pronunciarse sobre la identificación digital del estudiantado. Desde el 2 de abril de 2026, el DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI tiene validez legal plena en España, por lo que el profesorado deberá permitir el uso puntual del móvil cuando sea necesario acreditar la identidad mediante el código QR oficial generado por la aplicación.

Profesores vigilarán los exámenes en los institutos de la provincia de Alicante en imágenes de archivo

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DNI digital

La Universidad advierte de que no será válido mostrar una simple fotografía o captura del DNI en el teléfono móvil, ya que podría haber sido manipulada o incluso generada mediante inteligencia artificial. La identificación deberá verificarse mediante lectura del QR oficial desde otro dispositivo autorizado. Para facilitar este procedimiento, las conserjerías de los centros dispondrán de móviles institucionales con la aplicación instalada.

Las recomendaciones incluyen además la posibilidad de utilizar detectores de señal electrónica durante las pruebas. Aunque la legislación española prohíbe expresamente el uso de inhibidores de frecuencia, sí permite emplear dispositivos capaces de detectar emisiones cercanas de bluetooth, telefonía o transmisión inalámbrica.

Según recoge el texto, varios centros de la Universidad ya han adquirido este tipo de detectores, cuyo coste oscila entre los 18 y los 50 euros. La Universidad señala además que el simple anuncio previo de su utilización puede actuar como elemento disuasorio frente a posibles intentos de fraude. No obstante, el propio documento reconoce que la institución no puede garantizar la fiabilidad absoluta de estos aparatos ni asegurar plenamente la validez de los resultados que ofrecen.

El texto también recuerda la necesidad de contemplar situaciones especiales relacionadas con la accesibilidad o la salud. Algunos estudiantes pueden requerir dispositivos electrónicos activos durante el examen por motivos médicos, como audífonos, implantes o sistemas cardiovasculares, por lo que deberán comunicarlo y justificarlo previamente ante el profesorado.

Más vigilancia presencial

Otra de las recomendaciones destacadas es reforzar la vigilancia presencial durante los exámenes. El documento aconseja que, siempre que sea posible, haya al menos dos docentes supervisando el aula, especialmente en grupos numerosos, con el objetivo de garantizar un control más eficaz del desarrollo de la prueba y detectar comportamientos sospechosos relacionados con el uso de dispositivos electrónicos.

La Universidad considera que la supervisión activa del profesorado continúa siendo una de las herramientas más efectivas frente al fraude académico, incluso por encima de los sistemas tecnológicos de detección. En este sentido, las recomendaciones insisten en que las medidas propuestas deben entenderse como complementarias y no como sustitutivas de la vigilancia tradicional en el aula.

El texto también anima al profesorado a revisar detenidamente los artículos 12 al 15 del nuevo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, donde se regulan aspectos relacionados con el desarrollo de las pruebas, las actuaciones ante incidencias y las medidas aplicables en casos de fraude académico.

Las recomendaciones tienen, por el momento, carácter orientativo, aunque la Universidad avanza que este documento podría evolucionar en el futuro hacia un catálogo oficial de buenas prácticas. Paralelamente, la Inspección General de Servicios trabaja ya en la elaboración de un reglamento específico destinado a regular el desarrollo de las pruebas de evaluación y reforzar los mecanismos de prevención del fraude académico.

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