Educación fija servicios mínimos del 100% en Selectividad para garantizar las pruebas ante la huelga

La Conselleria de Educación ha optado por blindar la Selectividad, amenazada por la huelga de profesores, con servicios mínimos de 100 % para garantizar la celebración de los exámenes. Lo anunció este miércoles, un día después de que una asamblea de 250 docentes correctores de exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) amagara con renunciar a presentarse a los tribunales y, como consecuencia a no poner las notas. La convocatoria a la que se presentarán más de 8.000 alumnos de la provincia de Alicante será desde el 2 al 4 de junio.

La medida garantiza la celebración de las pruebas de acceso a la universidad en junio y julio de 2026 y protege el derecho fundamental a la educación del estudiantado valenciano recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, según el departamento autonómico, que el mismo martes llegó a avisar de que habría sanciones para aquellos miembros de los tribunales que se negaran a corregir.

"La PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí. Nuestra obligación constitucional es garantizar que puedan realizarla en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España", indicó la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez.

Una medida avalada jurídicamente

Según la conselleria, la propuesta de servicios mínimos del 100 % se fundamenta en tres pilares: el derecho fundamental a la educación recogido en la Constitución Española, la normativa estatal de acceso a la universidad y el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado 11 de mayo de 2026, con el que se obligó a todos los profesores de segundo de Bachillerato a interrumpir la huelga para acudir a las evaluaciones, precisamente, para garantizar a estos alumnos su acceso a la Selectividad.

En este sentido, cabe recordar que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV avaló los servicios mínimos dictados por la Conselleria para los centros educativos, reconociendo que el interés general del alumnado que se enfrenta a la PAU es “preponderante” y que existe “un relevante interés general en que todo ese alumnado afronte esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba”.

Esta medida, ha señalado la secretaria autonómica de Universidades, “no vacía el contenido del derecho a la huelga del profesorado, lo pondera frente al derecho fundamental a la educación. Actuamos con la única finalidad de proteger a quienes no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto. Nuestra obligación es no fallar al alumnado que se juega tanto”.

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