El Gobierno de Sánchez pide al PP que el Plan de Vivienda no acabe en un "escándalo" como Les Naus

El escándalo de Les Naus sigue dando que hablar más allá de Alicante. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), lo ha sacado a colación en el Senado en su respuesta a una senadora de Vox, Paloma Gómez, que forma parte del Grupo Mixto y le ha cuestionado sobre si “va a seguir priorizando a los extranjeros en la vivienda protegida y en las ayudas sociales”.

Ante la pregunta, Rodríguez ha respondido con una petición: que “los 7.000 millones” movilizados desde el Gobierno central para las comunidades autónomas a través del Plan Estatal de Vivienda no acaben siendo “la prioridad del PP” y que las viviendas públicas que se construyan con esos fondos “no acaben en un escándalo como el caso de Alicante”, en referencia a las adjudicaciones de viviendas protegidas entre personas relacionadas con instituciones gobernadas por el PP en el residencial Les Naus.

Rodríguez ha asegurado que en dicha urbanización los pisos “se repartieron entre los concejales del PP”, en referencia a Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo y número tres del alcalde, Luis Barcala, en la lista del PP de las últimas elecciones municipales, que dimitió después de que INFORMACIÓN destapara el caso a finales de enero. Cabe recordar, por otra parte, que el Plan Estatal de Vivienda incluye, precisamente, una cláusula "anti Naus" a través de "una cláusula anti fraude en las adjudicaciones".

Además, la ministra de Vivienda considera, en relación con la pregunta de la senadora de Vox, que “la única vez que se ha priorizado a las personas extranjeras en el acceso a la vivienda” ocurrió con el PP en el Gobierno, cuando se aprobó la “Golden Visa”, con la que se concedía el permiso de residencia a cambio de inversiones elevadas en la compra de inmuebles. “Esta ministra acabó con esos privilegios”, ha asegurado, que permitieron “comprar barrios enteros” y “expulsar” a los nativos de determinados barrios, según su criterio.

Investigaciones

Actualmente el caso de Les Naus está siendo investigado en tres órganos diferentes. En las Cortes Valencianas se ha aprobado el plan de trabajo impulsado por Vox, con una lista de 75 comparecientes entre los que figura el alcalde de Alicante, Luis Barcala, pese a las maniobras del PP para intentar impedirlo. No constan en la lista, eso sí, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; el titular actual, Juanfran Pérez Llorca; ni la consellera de Vivienda, Susana Camarero, ausencias que han motivado críticas de los grupos de izquierdas.

En el Ayuntamiento de Alicante se está desarrollando un órgano paralelo que ya ha celebrado cinco sesiones marcadas por las ausencias de muchos de los grandes protagonistas municipales. La última más destacada es la de Germán Pascual, vicesecretario municipal y secretario del Consistorio, autor de informes clave (y polémicos) en el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, que ocupa de manera accidental este último cargo desde 2008 pese a que la normativa vigente otorga a los alcaldes un plazo máximo de tres meses para ofertar el puesto y cubrirlo por la vía de libre designación. La próxima sesión está convocada para el 8 de junio.

Por último, la investigación que puede suponer más consecuencias es la judicial, que ya lleva dos sesiones de citaciones y en la última, que se celebró el pasado miércoles, la gran protagonista fue la exconcejala Rocío Gómez, que respondió a las preguntas relacionadas con los años anteriores a su acceso al Ayuntamiento pero se acogió al “no me acuerdo” para despachar cuestiones a partir de 2023. De hecho, la ex edil también dijo no recordar si sus suegros, también beneficiarios de una vivienda, estaban empadronados en el residencial.

La investigación suma actualmente quince imputados, entre los que están la exconcejala, la exdirectora general María Pérez-Hickman (actual jefa de Contratación en el Ayuntamiento), dos arquitectos municipales, el funcionario de la Generalitat que validó los visados y el promotor del residencial. Los delitos que se investigan son los de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, información privilegiada, fraude a la Administración y fraude de ley.

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