El Consell concreta el primer refuerzo en el control en la adjudicación de viviendas protegidas tras el escándalo de Les Naus

Más de tres meses después de que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expresara su voluntad de reforzar los controles en las adjudicaciones de viviendas protegidas, el Consell ya se dispone a concretar la medida para llevar a cabo su aplicación.

Será a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2026, pactados por el PP y Vox y que el Consell presentará este viernes en el Palau de la Generalitat. Y el control en las adjudicaciones tendrá dos puntos clave: la supervisión de los visados y el criterio del arraigo entre los aspirantes a acceder a este tipo de inmuebles. La vicepresidenta ha realizado este anuncio durante la clausura del Foro Local de València ‘Movilidad y cambio climático: personas y mercancías movidas de manera sostenible’, organizado por Prensa Ibérica.

Así, la ley complementaria a la de los presupuestos autonómicos introducirá un mayor control del visado para comprobar con más eficacia el cumplimiento de los requisitos de acceso, según pretende el Consell, y para ello se habilitará una “comisión de valoración colegiada, técnica e independiente” encargada de supervisar y verificar que las adjudicaciones son conforme a la legalidad y a los requisitos establecidos.

La titular de Vivienda también ha subrayado que “se ganará en transparencia y un mayor control a través del visado, el cual se convierte en una garantía efectiva de legalidad al permitir comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso y que el precio de venta o renta se adecúa a los máximos vigentes”. La futura comisión de valoración colegiada, técnica e independiente “se encargará de supervisar los expedientes y verificará que las adjudicaciones cumplen con la legalidad y con los requisitos establecidos”.

Cabe recordar que esta supervisión dependía hasta ahora de un único funcionario, imputado en la causa por supuestamente validar visados irregulares, entre ellos el de su mujer, y que el ejecutivo autonómico, tal como sus responsables han argumentado en los últimos meses, entiende que hace falta reforzar el control con más personas.

"Obligación moral"

Camarero ha señalado que, cuando la vivienda se convierte en la mayor preocupación de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, “es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la Comunidad Valenciana”.

Otro de los mecanismos para garantizar el acceso a las viviendas protegidas con “igualdad de oportunidades” entre los aspirantes es la introducción del arraigo como prioridad para el acceso, que se medirá con criterios de empadronamiento y de “vinculación territorial continuada y empadronamiento”.

Es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la Comunidad

Susana Camarero

— Vicepresidenta y consellera de Vivienda

Según el Consell, diversos alcaldes habrían solicitado la aplicación de estos principios para que los vecinos puedan seguir viviendo en su municipio y que los jóvenes que se emancipen tengan la opción de permanecer en sus localidades de origen. “No vamos a dejar que nadie se cuele por las rendijas del sistema, ni vamos a permitir desde este Consell que se ponga en cuestión el Plan Vive Comunitat Valenciana”, ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha advertido de que “no se va a consentir que alguien haga trampas con las VPP”, ha recalcado, tras las adjudicaciones de las viviendas de Les Naus, ahora investigadas por la Justicia.

Por otro lado, la vicepresidenta ha subrayado que desde el Consell se trabaja para "garantizar" una "mayor información y publicidad de toda la oferta de vivienda protegida impulsada por la Generalitat" y que ya se encuentre accesible a través de la nueva página web del Plan Vive Comunitat Valenciana. Este portal permite "conocer el estado de todas las promociones puestas en marcha, el plazo mínimo de inscripción, se generará un registro electrónico de solicitudes con trazabilidad y justificante, así como listas públicas de adjudicación”, que posibilitará a todas las personas interesadas en acceder a una vivienda de protección pública “conocer cuándo, cómo y en qué condiciones poder hacerlo”, según ha explicado Camarero.

Renuncias

Las medidas se empiezan a concretar cuatro meses después de que este periódico destapara el escándalo de Les Naus, tras el que renunció a su cargo la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, número tres del alcalde Luis Barcala en las últimas elecciones municipales, al conocerse que era una de las beneficiarias de inmuebles del residencial. También dimitió la directora general de Organización Interna del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, aunque se mantiene como jefa de Contratación, tras saberse que sus dos hijos y un sobrino habían recibido también viviendas.

El caso alcanzó también a Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, ya que la madre de sus hijas disponía de otro inmueble y acabó dejando el cargo. El caso afecta a otros cargos y a otras personas relacionadas con otras instituciones gobernadas por el PP, como los Ayuntamientos de San Vicente del Raspeig y de Sant Joan d'Alacant. Actualmente, hay activadas dos comisiones de investigación sobre los hechos, una en el Ayuntamiento de Alicante y otra en las Cortes Valencianas, y también está en marcha una investigación judicial que de momento suma a 15 personas imputadas.

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