Anticorrupción pide citar al resto de los promotores que optaron a la parcela de Les Naus de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que declaren ante la jueza que investiga las adjudicaciones de Les Naus de Alicante el resto de los promotores que optaron a la parcela donde se construyó el residencial de viviendas protegidas. Se trata de las empresas que compitieron y perdieron en el proceso contra Fraorgi, la mercantil de Francisco Ordiñana, gestora de la cooperativa que finalmente se hizo con el suelo y levantó las 140 viviendas protegidas de la urbanización de La Condomina.

Los fiscales Anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco solicitan la declaración de los responsables de las mercantiles Livanto Mediterránea SL, Edificio Teulada SL, Inurban SAU y Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana, que optaron en un primer momento a hacerse con la parcela. Asimismo se pide que comparezca el representante de Block Arquitectura que, aunque no se presentó al proceso, recurrió junto a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia (Provia) las bases del concurso.

Todos ellos, de así estimarlo la magistrada Amparo Rubio, instructora de la causa, serán citados en calidad de testigos, al igual que dos altos funcionarios del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda donde está destinado el funcionario imputado tras detectar el departamento de Susana Camarero que había visado de manera presuntamente irregular adjudicaciones de Les Naus, entre ellas la de su pareja, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante. Los dos empleados públicos fueron dos de los primeros en declarar en este procedimiento, pero se ha considerado que sería conveniente escucharles de nuevo. Uno de ellos dijo ante la jueza que el funcionario investigado, Roberto Palencia, habría admitido los hechos que le atribuye Vivienda con la expresiva frase de “la he cagado” y que asumía toda su responsabilidad. Sin embargo, cuando Palencia compareció ante la magistrada no solo no admitió fallo alguno, sino que cuestionó las anomalías a los que alude en su informe la Administración autonómica.

Investigados

Estas peticiones se producen a una semana de que declaren en el juzgado en calidad de investigados nueve adjudicatarios de viviendas, entre ellos la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y la arquitecta en el Consistorio de Alicante pareja del técnico de Vivienda investigado.

La semana pasada desfilaron ante su señoría, también como imputados la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras estallar el escándalo al conocerse que había sido una de las agraciadas con un primer piso en el residencial, que permutó con un quinto de su suegro, quien también ya ha comparecido. Al igual que la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, que renunció como directora general tras desvelar este medio que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus; el arquitecto municipal Francisco Nieto, vinculado a la gestión del expediente y beneficiario también de uno de los pisos; así como Francisco Ordiñana y Roberto Palencia.

Antecedentes

Los promotores propuestos para comparecer como testigos tendrían que relatar en sede judicial los pormenores de un proceso que fue conflictivo desde sus orígenes y que acabó en los tribunales. El proyecto nació marcado por la urgencia económica del Ayuntamiento, que activó el 18 de julio el proceso de enajenación de una parcela de 8.618 metros cuadrados de propiedad municipal con un precio fijo de 6,67 millones. Al proceso acudieron, además de la cooperativa Les Naus, cuatro empresas. El proceso se abrió oficialmente en septiembre de 2018 y las ofertas pudieron presentarse hasta el 16 de octubre. El primer escollo surgió cuando el proceso tuvo que paralizarse ante la interposición de dos recursos por parte de Block Arquitectura y Provia.

El foco del recurso se ponía en una de las cláusulas del pliego: aquella que fijaba que en caso de desempate se impondría aquella que hubiera presentado la oferta en primer lugar. Se da la circunstancia, de que la cooperativa Les Naus presentó su oferta a las 24 horas de abrirse el plazo. La Junta de Gobierno decidió el 18 de diciembre dejar sin efecto esa polémica cláusula tras aceptar los dos recursos “para evitar cualquier posible suspicacia o sombra de duda”. La respuesta del residencial Les Naus fue alegar contra esta decisión al cuestionar que la promotora tuviera legitimidad para recurrir.

El Ayuntamiento optó entonces por desistir del proceso para iniciar uno nuevo. Se inició así un proceso judicial que terminó en el Tribunal Superior de Justicia, al anular el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se retiraba la polémica cláusula para el desempate. El Ayuntamiento desistió de acudir al Supremo y el proceso se retomó a los tres años de su paralización, a finales del año 2021. Sin embargo, solo dos de los cinco licitadores continuaron adelante: Residencial Les Naus Cooperativa y Edificio Teulada SL. Las ofertas de ambas eran prácticamente idénticas. Aunque Les Naus ofrecía 125 puntos de recarga eléctrica frente a los 75 de su rival. Finalmente, ese medio centenar de enchufes inclinaron la balanza en el proceso de venta de la parcela municipal para un proyecto ahora investigado por la Justicia.

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