Los impagos del Ayuntamiento de Alicante a una entidad para la inclusión laboral llenan la Vía Parque de pancartas

Los impagos del Ayuntamiento de Alicante a Anilia ya han saltado a la calle. Varias pancartas han aparecido en la Vía Parque para reclamar una solución a la deuda que el Consistorio mantiene con esta entidad social y con su centro especial de empleo, Alicantino Poda, por los trabajos de mantenimiento de zonas verdes. “Trabajar sin cobrar = injusticia social”, puede leerse en una de ellas, colocada en una zona ajardinada junto a la vía.

La protesta visual llega después de que el caso haya pasado ya por el pleno municipal y mientras la entidad continúa pendiente de cobrar más de 158.000 euros por un servicio que, según ha explicado, siguió prestando pese a que el contrato finalizó el pasado 30 de junio. Anilia trabaja desde hace más de tres décadas con personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual, y sostiene programas de formación, acompañamiento psicosocial e inserción laboral para un colectivo especialmente vulnerable.

La deuda no afecta solo a una prestación municipal, sino a la estabilidad de una entidad que suma 45 trabajadores entre la asociación y el centro especial de empleo, 30 de ellos con discapacidad. Alicantino Poda ofrece trabajo a personas con discapacidad intelectual para que puedan tener un salario, una rutina y una red de estabilidad. La falta de pago, según la entidad, ha llegado ya a comprometer el abono completo de las nóminas.

Nóminas sin cobrar

La directora de Anilia, Lola Ramírez, ya advirtió a este diario de que “las nóminas de abril están sin cobrar enteras” y de que las de mayo no podrían pagarse si no se desbloqueaba la situación. El problema arranca con la finalización del contrato de mantenimiento de zonas verdes adjudicado a Alicantino Poda, dentro del lote reservado a centros especiales de empleo. Pese a que el contrato venció el 30 de junio de 2025, desde el área de Parques y Jardines se les indicó que continuaran prestando el servicio hasta la nueva adjudicación.

Desde entonces, la entidad sostiene que ha seguido realizando los trabajos, pero el pago de las facturas ha quedado bloqueado por discrepancias administrativas entre la concejalía y la Intervención municipal. Esa situación ha dejado a Anilia en una posición límite, con problemas para afrontar nóminas, proveedores, impuestos y nuevos programas de atención.

El asunto llegó al pleno municipal de la mano del PSOE, que preguntó al equipo de gobierno cuándo tenía previsto abonar las cantidades pendientes. El concejal socialista Emilio Ruiz acusó al gobierno local de “asfixiar” a una entidad social mientras “hace postureo político” y reprochó al PP su gestión de los contratos públicos. “Detrás de su gestión hay trabajadores que salen a mantener las zonas verdes de Alicante sin saber cuándo van a cobrar”, afirmó.

El trabajo que hace Anilia, asociación de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual a la que el Ayuntamiento de Alicante le debe 160.000 euros

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El concejal de Limpieza, Rafa Alemany, reconoció en el pleno el retraso en los pagos y aseguró que el Ayuntamiento está buscando fórmulas legales para desbloquear la situación. Alemany sostuvo que el gobierno municipal trabaja para resolver el problema “a la mayor brevedad posible” y en contacto permanente con la entidad afectada. La aparición de las pancartas evidencia, sin embargo, que la preocupación continúa y que la solución aún no se ha materializado.

Anilia trasladó el pasado 11 de mayo un escrito a los grupos políticos del Ayuntamiento para advertir de que los impagos ponían en serio peligro a la asociación y a su centro especial de empleo. La entidad alertaba de que no se trata solo de una deuda económica, sino de una amenaza directa a un proyecto de inclusión laboral que atiende cada año a personas con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Colectivo vulnerable

El psicólogo Pablo García, de Anilia, ya señaló que la situación resulta especialmente grave porque afecta a trabajadores con discapacidad intelectual. “No es tolerable que el Ayuntamiento tenga durante nueve meses a un equipo de trabajadores sin cobrar. Lo más sangrante es que son trabajadores con discapacidad intelectual, un colectivo vulnerable”, afirmó. La entidad insiste en que el empleo funciona como una barrera frente al aislamiento y la exclusión, especialmente para personas que necesitan apoyos para sostener una vida autónoma.

Las pancartas de la Vía Parque convierten ahora ese malestar en una reclamación visible. La entidad sigue esperando que el Ayuntamiento desbloquee una deuda que, para Anilia, condiciona salarios, programas y continuidad. Mientras el Consistorio asegura que busca una salida legal, el mensaje colocado en la calle resume el fondo del conflicto: trabajar para un servicio municipal sin cobrar ha dejado de ser un problema interno y se ha convertido en una denuncia pública.

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