La jueza de Les Naus mandará a la Policía al Ayuntamiento de Alicante para que le entregue la documentación que le ha pedido ya dos veces

Ultimátum de la jueza que investiga el escándalo de Les Naus al Ayuntamiento de Alicante. La magistrada Amparo Rubio ha acordado enviar a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los servicios jurídicos municipales con un cometido muy claro: identificar a su responsable y darle un plazo de cinco días para que entregue la documentación que desde el juzgado se le ha requerido sobre el expediente y no ha entregado. Y avisa que, en caso de no hacerlo, podría incurrir en un delito de desobediencia.

Según la resolución a la que ha tenido acceso este diario, el juzgado ya había reclamado esta documentación al Ayuntamiento hasta en dos ocasiones: el 12 y el 21 de mayo. Acabado el plazo que se le dio para hacerlo, no hay constancia de que esos documentos hayan sido entregados, motivo por el que el juzgado ha pasado a emplear medios más expeditivos.

No es la primera notificación del juzgado de Les Naus a la que desde el Ayuntamiento de Alicante se hace caso omiso. El juzgado ya tuvo que suspender una declaración a tres técnicos municipales el pasado 8 de mayo después de que estos testigos no se presentaran. Los funcionarios alegaron que esas citaciones no les llegaron, motivo por el que la magistrada recurrió a la Policía para entregárselas en mano. El pasado 20 de mayo finalmente se llevó a cabo el interrogatorio, el mismo día que comenzaron las declaraciones de los investigados

Asimismo, la magistrada ha reclamado al responsable de la cooperativa que gestionó el proyecto, Francisco Ordiñana, la documentación que disponga sobre la edificación de la parcela anterior a la fecha de licitación publicada por el Ayuntamiento, 5 de septiembre de 2018, así como un listado del personal que tenían tanto en Fraorgi como en otra mercantil para la captación de socios entre 2021 y 2025. Una documentación que se pide tras la declaración de Ordiñana en el juzgado en calidad de investigado.

Promotoras citadas

El juzgado ha acordado también citar a la última remesa de testigos solicitada por los fiscales Anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco. Estos testigos, como ya adelantó este diario, son los responsables de las mercantiles Livanto Mediterránea SL, Edificio Teulada SL, Inurban SAU y Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana, que optaron en un primer momento a hacerse con la parcela donde finalmente se levantó el residencial. Así como los representantes de Block Arquitectura que, aunque no se presentó al proceso, recurrió las bases de la convocatoria. También fue impugnada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia (Provia), por lo que el presidente de Provia, Jesualdo Ros, ha sido también citado como testigo.

Los promotores propuestos para comparecer como testigos tendrían que relatar en sede judicial los pormenores de un proceso que fue conflictivo desde sus orígenes y que acabó en los tribunales. El proyecto nació marcado por la urgencia económica del Ayuntamiento, que activó el 18 de julio el proceso de enajenación de una parcela de 8.618 metros cuadrados de propiedad municipal con un precio fijo de 6,67 millones. Al proceso acudieron, además de la cooperativa Les Naus, cuatro empresas. El proceso se abrió oficialmente en septiembre de 2018 y las ofertas pudieron presentarse hasta el 16 de octubre. El primer escollo surgió cuando el proceso tuvo que paralizarse ante la interposición de dos recursos por parte de Block Arquitectura y Provia.

El foco del recurso se ponía en una de las cláusulas del pliego: aquella que fijaba que en caso de desempate se impondría aquella que hubiera presentado la oferta en primer lugar. Se da la circunstancia, de que la cooperativa Les Naus presentó su oferta a las 24 horas de abrirse el plazo. La Junta de Gobierno decidió el 18 de diciembre dejar sin efecto esa polémica cláusula tras aceptar los dos recursos “para evitar cualquier posible suspicacia o sombra de duda”. La respuesta del residencial Les Naus fue alegar contra esta decisión al cuestionar que la promotora tuviera legitimidad para recurrir.

El Ayuntamiento optó entonces por desistir del proceso para iniciar uno nuevo. Se inició así un proceso judicial que terminó en el Tribunal Superior de Justicia, al anular el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se retiraba la polémica cláusula para el desempate. El Ayuntamiento desistió de acudir al Supremo y el proceso se retomó a los tres años de su paralización, a finales del año 2021. Sin embargo, solo dos de los cinco licitadores continuaron adelante: Residencial Les Naus Cooperativa y Edificio Teulada SL. Las ofertas de ambas eran prácticamente idénticas. Aunque Les Naus ofrecía 125 puntos de recarga eléctrica frente a los 75 de su rival. Finalmente, ese medio centenar de enchufes inclinaron la balanza en el proceso de venta de la parcela municipal para un proyecto ahora investigado por la Justicia.

Conselleria de Vivienda

La jueza ha citado también de nuevo a dos altos funcionarios del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda donde está destinado el funcionario imputado tras detectar el departamento de Susana Camarero que había visado de manera presuntamente irregular adjudicaciones de Les Naus, entre ellas la de su pareja, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante.

Los dos empleados públicos fueron dos de los primeros en declarar en este procedimiento, pero la Fiscalía consideraba que sería conveniente escucharles de nuevo. Uno de ellos dijo ante la jueza que el funcionario investigado, Roberto Palencia, habría admitido los hechos que le atribuye Vivienda con la expresiva frase de “la he cagado” y que asumía toda su responsabilidad. Sin embargo, cuando Palencia compareció ante la magistrada no solo no admitió fallo alguno, sino que cuestionó las anomalías a los que alude en su informe la Administración autonómica. Los ocho testigos declararán el próximo 17 de junio.

Por último, la jueza ha admitido la personación del sindicato CGT para ejercer la acción popular en esta causa, junto al PSOE y Ciudadanos. Les impone el mismo requisito que a ellos, el pago de una fianza de 3.000 euros y que presenten una querella. Al sindicato ultra Manos Limpias se les impusieron estos requisitos, pero recurrieron a la Audiencia solicitando una fianza menor, motivo por el que aún ni ha sido aceptados.

Reacciones: "Es inadmisible"

Tras conocerse la decisión de la jueza, la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha cargado contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala. "Lo ocurrido desmonta el relato que el alcalde ha mantenido durante meses. Si toda la documentación está a disposición de la Justicia, como decía el señor Barcala, ¿por qué la jueza tiene que enviar a la policía al Ayuntamiento para recabarla?", ha señalado Barceló, quien ha añadido: "Estamos ante un episodio que afecta al prestigio de la institución. La justicia está diciendo con hechos que sus requerimientos no han sido atendidos y cuando un juzgado llega al extremo de advertir de posibles responsabilidades por desobediencia, ya no estamos ante una cuestión administrativa, sino ante un problema institucional de enorme magnitud".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha apuntado contra el ejecutivo local. "No solo obstruyen y ocultan información a la oposición, también a la Justicia. Esto es inadmisible en un gobierno democrático. Ahora tendrá incluso que intervenir la Policía nacional para obtener la información poniendo al Ayuntamiento de Alicante en el foco del desgobierno, el descontrol y posible corrupción. Barcala debe dimitir, vamos a insistir y presionar para ello, y presentarse ya ante la Justicia y declarar", ha señalado Mas.

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