El Ayuntamiento de Alicante abrirá tres años tarde un canal anónimo para que funcionarios denuncien casos de corrupción

Aunque tres años más tarde de lo exigido por la ley, el Ayuntamiento de Alicante habilitará un canal de denuncias anónimas para que los funcionarios puedan alertar de casos de corrupción. Este sistema, obligatorio para todas las administraciones locales del país y que debería estar en marcha desde junio de 2023, funcionará "de forma autónoma e independiente".

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el sistema interno de información del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

"Autónomo e independiente"

Según ha informado el ejecutivo municipal, la iniciativa se llevará a cabo mediante un portal interno de denuncias, dirigido a funcionarios, donde el anonimato de los trabajadores públicos estará garantizado. Además, se ha acordado nombrar al jefe de Transparencia y Gobierno Abierto del Consistorio como persona al frente de dicho sistema, por lo que será quien reciba personalmente las denuncias y deberá actuar "de forma autónoma e independiente".

Al respecto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha reconocido que se trata de "una exigencia legal desde el año 2023" y aunque ha celebrado que "en Alicante no se ha dado esa circunstancia de corrupción", sí ha avanzado el inicio de los trámites "para que haya un canal anónimo para comunicar cuestiones que entienda que pueda haber irregularidad".

Además, según se recoge en la normativa vigente, las personas que comuniquen o revelen infracciones deberán tener acceso a "medidas de apoyo" como información y asesoramiento completos, independientes y gratuitos; asistencia efectiva por parte de las autoridades competente frente a represalias; asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles; e incluso apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional, si así lo decidiese la Autoridad Independiente de Protección del Informante, tras la valoración de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación.

Infracción "muy grave"

De acuerdo con la citada ley, el incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información en los términos exigidos, es decir, antes de junio de 2023, supone una infracción "muy grave" de la misma. Lo que podría acarrear una multa para el Consistorio de entre 600.001 y 1.000.000 de euros.

Adicionalmente, en el caso de infracciones muy graves, la ley contempla que la Autoridad Independiente de Protección del Informante podrá acordar tanto una amonestación pública como la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años.

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