El gobierno de Barcala entrega a la jueza los emails con los informes que alertaron de irregularidades en Les Naus de Alicante
El Ayuntamiento reconoce que estos escritos no se encontraban entre los archivos enviados en marzo y traslada al juzgado documentación adicional después de haber recibido hasta tres requerimientos por parte de la magistrada

Barcala mantiene su silencio sobre el caso Les Naus de Alicante / Pilar Cortés
El Ayuntamiento ha entregado (tras requerirlo un juzgado hasta tres veces) los mensajes con los informes que alertaron de posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. Hasta ahora, el envío de información por parte del gobierno de Luis Barcala se había ceñido exclusivamente a la que formaba parte del expediente del residencial Les Naus.
Sin embargo, fuera de esos archivos se encontraban, entre otros documentos, los correos electrónicos a través de los cuales la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, advirtió de posibles conflictos de interés en el listado de adjudicatarios del residencial que fueron base de la comparecencia ante la jueza de la Romero, quien señaló que no todos los escritos estaban firmados por lo que podían haber sido modificados. Ahora se han solicitado los originales para poder confirmar que no han sido alterados. Para que estas comunicaciones y otros escritos hayan llegado a manos de la jueza, han sido necesarios hasta tres requerimientos por parte del juzgado.
"Se envió lo que se solicitó"
"Esta mañana, el jefe de Asesoría Jurídica en persona ha llevado un pendrive con la información que requirió la jueza", ha manifestado Villar, este martes. Según el vicealcalde, se trata de "documentación que, en gran parte, no estaba en los expedientes ya remitidos". Sin embargo, consultado sobre si la redacción de estos archivos es posterior a la primera entrega de información, el edil popular ha reconocido que ya existían, pero que se encontraban fuera del expediente, por lo que no fueron enviados: "Es documentación que no estaba. El expediente lleva una serie de trámites y a lo mejor hay cuestiones que están relacionadas. Se han enviado algunos correos que nos han solicitado".
En la misma línea, consultado sobre si estas comunicaciones no resultaron relevantes para el equipo de gobierno a la hora de su primer envío de documentación a la jueza, Villar ha insistido: "Vuelvo a repetir, se envió el expediente, que es lo que se solicitó. Si se han solicitado más cosas, pues se envían. La colaboración es total y no queremos que exista ningún tipo de duda."
El aviso de Patrimonio
Algunos de esos correos electrónicos puestos ahora a disposición de la jueza resultan especialmente significativos para esclarecer lo ocurrido con la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante, ya que contienen las comunicaciones directas entre la jefa de Patrimonio (quien alertó de posibles conflictos de interés y es una de las principales testigos del procedimiento) y el vicesecretario municipal, Germán Pascual, a quien la funcionaria hizo llegar sus sospechas con la intención de que se las trasladara al alcalde, Luis Barcala.
En la primera de las comunicaciones entre ambos, la jefa del servicio remitía un informe "extraoficial", sin firma electrónica, en el que se apuntaba directamente hacia cargos concretos y se advertía de una posible responsabilidad del Ayuntamiento, como administración a cargo de velar porque el proceso de adjudicación se llevase a cabo de forma transparente.
Tras ello, y justo después de que el alcalde diese orden al propio Germán Pascual (cuando su entorno supo que INFORMACIÓN iba a destapar el caso) de que iniciase un expediente de averiguación interno (que se abrió oficialmente a la 1:10 de la madrugada), la jefa de Patrimonio fue requerida para que remitiese de nuevo su informe, en esta ocasión de manera oficial.
Aunque el nuevo documento estaba, en su mayor parte, calcado del primer escrito, eliminaba toda alusión concreta a cargos como Rocío Gómez, María Pérez-Hickman o Francisco Nieto, y suprimía igualmente el párrafo en el que se advertía del papel del Consistorio. Preguntada sobre esta cuestión en su testimonio judicial, la responsable del servicio aseguró "no recordar" cómo se produjo dicho cambio.
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