El PP de Barcala niega el fraccionamiento de contratos advertido por el interventor: "En materia jurídica, sus valoraciones no son siempre acertadas"

El gobierno municipal de Luis Barcala niega que haya cometido fraccionamiento de contratos en los dos últimos ejercicios, tal y como advierte el interventor municipal y como ha denunciado Esquerra Unida ante la Fiscalía. Los populares apuntan que las facturas señaladas por el alto funcionario y la formación progresista se deben a la defensa jurídica de funcionarios y políticos denunciados en el ejercicio de su cargo y que, por tanto, tienen derecho a escoger su abogado.

"Preocupación ninguna. Con todo el respeto al señor interventor, en materia jurídica sus valoraciones no son siempre acertadas", ha apuntado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. El edil popular ha señalado también que "esto es muy sencillo" y ha vaticinado que "el fiscal lo va a tener tan claro o más" como el gobierno del PP.

Del mismo modo, Villar ha explicado que "cuando se produce una denuncia contra algún funcionario o algún representante público por el ejercicio de su cargo, la Administración puede abonarle los honorarios de abogado o procurador". Además, dado que según ha indicado el vicealcalde "pueden elegir entre un abogado del Consistorio u otro particular", el Ayuntamiento se ve forzado a sufragar dichas facturas, al margen de sus propios servicios jurídicos.

Villar ha añadido que "esas personas tenían derecho a elegir su abogado particular, y han elegido, han sido absueltos, el Ayuntamiento ha pagado y ha repercutido a la compañía de seguros para que abone esa cantidad".

Nuevo choque

La respuesta del PP llega tras el nuevo pulso judicial abierto entre el portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El edil progresista ha registrado este martes en Fiscalía una denuncia contra el dirigente popular por un posible fraccionamiento de contratos. En concreto, la formación de izquierdas cuestiona que el Ayuntamiento recurra a letrados externos cuando dispone de plazas sin cubrir dentro de los servicios jurídicos del propio Consistorio.

Un detalle del que ya ha advertido el interventor municipal en su informe anual, donde se muestra disconforme con la mitad (52,17 %) de los expedientes que tienen que ver con la asesoría jurídica para defensa en tribunales, debido al incumplimiento legal en relación con el fraccionamiento de los contratos. En este sentido, el escrito apunta igualmente que el Ayuntamiento no resolvió las discrepancias, lo que también generó perjuicios al propio Consistorio, según el alto funcionario.

En concreto, el responsable de fiscalizar las cuentas locales señala 12 expedientes de defensa jurídica ante los tribunales, que fueron tramitados mediante contratos menores (que se adjudican de forma directa, sin concurso público) pese a los reparos de carácter suspensivos manifestados por el propio interventor. Por ello, el empleado público considera que se incumple el artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Denuncia de Esquerra Unida

La denuncia se ha formalizado este mismo martes por parte del portavoz municipal de Esquerra Unida y la coordinadora de la formación a nivel local, Lucía Ibáñez. A su entrada a la sede de la Audiencia Provincial, Copé ha asegurado que las presuntas irregularidades "no son solo una sospecha política", ya que parten del informe del interventor municipal. Por ello, afirma que lo que se pide es "una investigación sobre los reparos" del alto funcionario "en lo referido a expedientes de asesoría jurídica".

"Lo que queremos saber es si estos expedientes siguieron adelante pese al reparo de Intervención, si se reconoció que había obligaciones, si se pagaron esas facturas, quién tomó esas decisiones y por qué se levantaron esos reparos sin que se hiciera de la manera en que determina la ley", ha señalado el portavoz de EU-Podemos.

Por su parte, Lucía Ibáñez ha añadido que "Barcala está gestionando el Ayuntamiento como si fuera su hogar y su cuenta corriente". En la misma línea, la coordinadora de la formación ha incidido en que EU busca "que se investiguen unos gastos que se cree que no se ajustan a lo que debería ser una cuenta municipal".

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