Siete años sin cobrar las ayudas concedidas para habilitar ascensores

Ayudas que no llegan pese al paso de los años. Juan y Ana, un matrimonio de Alicante, se implicó hace casi una década en la solicitud de unas subvenciones promovidas a través del Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez promocionó entre 2018 y 2021. En concreto, las aportaciones de fondos públicos se desplegaban para rehabilitar edificios, mejorar la seguridad y la accesibilidad. Las ayudas las tramitaba la Conselleria de Vivienda, entonces liderada por Héctor Illueca, de Podemos, en la etapa del Botànic.

Fue así como esta pareja pensó en habilitar, en uno de los bloques de la calle Arquitecto Vidal del barrio de El Pla, un ascensor para que los vecinos de este edificio, entonces todos mayores de setenta años y actualmente alrededor de los ochenta, pudieran acceder con facilidad a sus casas, sin tener que usar las escaleras.

En total se contemplaban 80.539,7 euros de ayuda para esta obra que los vecinos tuvieron que adelantar con 10.000 euros por hogar. 23.551,17 euros de esta cantidad aún no han sido cobrados. Las ayudas daban prioridad a personas vulnerables, como es el caso, y ante la ausencia de cobro, el presidente de la comunidad de vecinos presentó un recurso de reposición ante la conselleria para demandar, en enero de 2020, la cantidad que aún no se ha abonado. El recurso no fue respondido hasta marzo de 2021, cuando el Servicio Territorial de Alicante afirmaba que el pago no estaba autorizado desde la conselleria.

Los afectados, al menos dos hoy ya fallecidos, fueron instados a solicitar el cobro urgente a través de los canales telemáticos de la Generalitat, cosa que hicieron en abril y en diciembre de 2023. Sin respuesta y, por tanto, también sin éxito. En abril de 2024, los solicitantes acudieron al Síndic de Gregues, que en marzo de 2025, hace ahora un año, emitió unas conclusiones severas contra la Conselleria.

Argumentos

Desde el Síndic se hicieron eco de la queja ciudadana y recibió la respuesta de la Conselleria que actualmente lidera Susana Camarero, que justificaba que la concesión se encontraba “en fase de fiscalización por los servicios de gestión económica” y exigía, para el abono de la cantidad citada, que el beneficiario la solicitara aportando la documentación requerida, hecho que la parte afectada consideró “inadmisible e insuficiente”, recordando los trámites superados hasta la fecha y “que si no hubiera sido por un error imputable a la Administración autonómica” las ayudas “ya deberían haber sido percibidas por los afectados”, denunciando a su vez “falta de transparencia y lentitud”.

Ante esta situación, el Síndic se mostró sorprendido de que “la administración evite asumir un compromiso temporal concreto para proceder a la resolución y pago de la ayuda”, ya que en su respuesta anterior exponía que “no se puede concretar el horizonte temporal en que dichos actos se van a producir”, y concluyó que se trataba de “un evidente caso de mala administración”, ya que la Conselleria había tenido “tiempo más que suficiente para resolver los posibles contratiempos que hayan surgido en la tramitación del expediente para hacer efectivo el pago”.

Además, recordaba “la importancia que tiene el disfrute y conservación de una vivienda digna para la promoción y mantenimiento del disfrute de otros derechos básicos de la ciudadanía”, y tildaba la demora de “totalmente injustificable”, además de considerar que “se ha vulnerado el derecho de las personas titulares de la queja a que las administraciones públicas traten los asuntos que le afectan en un plazo razonable, en el marco del derecho a una buena administración”, tal como marca el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

El 7 de abril del año pasado, el Síndic de Greuges publicó la resolución de cierre del expediente tras recibir la respuesta solicitada de la Conselleria, que aseguró que se estaban “realizando las actuaciones administrativas oportunas para que tal pago se realice a la mayor brevedad posible”.

A su vez, el departamento liderado por Susana Camarero no consideró “procedente ni oportuno” la recomendación del Síndic de iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial de dicha administración dada la “excesiva e injustificable demora”, ya que la Conselleria “está en proceso de resolver a la mayor brevedad posible y de forma definitiva el pago al interesado”. Más de un año después, aún no se ha resuelto.

Respuestas

Los afectados, que recuerdan que dos de los beneficiarios ya han fallecido, creen que "es inaceptable que las personas mayores y vulnerables de las zonas más deprimidas a las que se les insta a hacer un esfuerzo y adelantar su dinero para sufragar unas obras de mantenimiento y accesibilidad se les tarde tanto en retornar la ayudas prometidas", y vinculan la ausencia de pago con "errores, apatía y mala praxis instalada en la Conselleria". Desde el departamento liderado por Susana Camarero no han respondido a las preguntas de INFORMACIÓN.

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