Profesores defienden la viabilidad de sus demandas con un informe y el Consell lo tacha de irreal

Cincuenta y cinco millones de euros. Es la suma de dinero o el coste económico que está teniendo para el profesorado de la Comunidad la huelga indefinida, ya en el ecuador de su cuarta semana. Así lo cifra un informe económico elaborado por el colectivo Docents en Lluita que prueba la viabilidad para atender las demandas de los docentes, en contra de los argumentos del Consell que se aferra a que son inasumibles. De hecho, la Conselleria de Educación ya ha tachado de irreal la propuesta de financiación de los docentes y ha advertido de que "mezcla recursos ya comprometidos, ingresos coyunturales, fondos finalistas y expectativas futuras no garantizadas".

Y es que según este documento, la Generalitat Valenciana podría disponer de recursos suficientes para acometer una profunda transformación del sistema educativo público, siempre que se combinen los incrementos presupuestarios previstos, la movilización de fondos europeos y, especialmente, una eventual reforma del sistema de financiación autonómica.

El análisis del colectivo de docentes estima que la Conselleria de Educación contará en 2026 con un aumento presupuestario de 450 millones de euros anuales. A esta cantidad se sumarían aproximadamente 55 millones de euros procedentes del ahorro derivado de los descuentos salariales por jornadas de huelga, elevando los recursos disponibles hasta los 505 millones. Además, la ejecución acelerada de fondos europeos del programa Next Generation, junto con los fondos FEDER y FSE+, podría aportar otros 400 millones de euros destinados principalmente a inversiones, digitalización y equipamiento educativo.

Frente a ello, el departamento de Carmen Ortí ha advertido de ese aumento de 450 millones anuales ya tiene destino: atender la subida salarial propuesta por el Gobierno de España, financiar los 75 euros mensuales para el profesordo acordados con CSIF y ANPE y cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento de los centros. "Detraer esos recursos para otras medidas supondría poner en riesgo el pago de servicios esenciales de los centros y la propia mejora retributiva del profesorado", ha advertido la Administración autonómica.

La conselleria sostiene que la propuesta de los docentes mezcla recursos ya comprometidos, ingresos coyunturales, fondos finalistas y expectativas futuras no garantizadas

Además, ante el planteamiento de emplear los supuestos 55 millones de euros derivados del ahorro salarial de la huelga indefinida, Educación asegura que la cantidad planteada no se corresponde con la realidad, ya que todavía no hay una estimación final. En cualquier caso, se ampara en que se trata de un ingreso coyuntural, no estructural. "Las reformas que se proponen requieren financiación estable y recurrente, y no existe ninguna garantía de que ese importe esté disponible el próximo ejercicio", justifican desde el Gobierno valenciano.

Educación también rechaza que pueda nutrirse de los 400 millones de euros de fondos europeos, como dice el colectivo, porque se escuda en que estos recursos son "finalistas y no pueden destinarse libremente a cualquier actuación".

Para los docentes, la clave para una transformación más ambiciosa del sistema reside en una posible reforma de la financiación autonómica a partir de 2027. De aprobarse, la Comunidad Valenciana, algo que por ahora se ha rechazado desde el Gobierno de Pérez Llorca, recibiría entre 3.600 y 3.700 millones de euros adicionales al año. Aplicando el peso habitual de la educación dentro del presupuesto autonómico, el sector educativo podría beneficiarse de entre 750 y 800 millones de euros anuales adicionales, según calculan los profesores. Una cantidad que, por el contrario, la conselleria niega que se pueda utilizar: "a día de hoy, esos recursos no existen en el presupuesto de la Generalitat y, por tanto, no pueden utilizarse como base real para financiar compromisos de gasto", advierte.

Entre las principales medidas que reclaman los trabajadores de la enseñanza pública figura un importante refuerzo de las plantillas docentes. El informe plantea la incorporación de 3.898 nuevos profesores para consolidar plantillas y reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, especialmente mediante especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. El coste anual de esta medida se sitúa en torno a los 234 millones de euros.

Asimismo, los docentes prevén para la contratación de educadoras para las Unidades Específicas de Comunicación y Conducta (UECO), con una estimación de 373 profesionales adicionales y un coste anual que oscilaría entre los 10 y los 12 millones de euros.

El precio de bajar las ratios

Otra de las actuaciones más destacadas es la reducción de las ratios de alumnado por aula. El modelo propuesto por la mayoría sindical y el colectivo docente fija un máximo de 15 alumnos por clase en Infantil y Primaria, y de 20 alumnos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Para alcanzar estos objetivos calculan que sería necesario incorporar entre 8.000 y 10.000 docentes adicionales, con un coste estimado de entre 480 y 600 millones de euros anuales. Además, con una población escolar aproximada de 800.000 alumnos, apuntan a que la reducción del número de alumnos por aula implica un incremento estimado de grupos entre el 20% y el 30%, especialmente concentrado en Infantil y Primaria. No obstante, estiman que el coste incremental respecto a las plantillas ya previstas se reduciría a una horquilla de entre 240 y 360 millones.

El informe también contempla la recuperación progresiva del poder adquisitivo del profesorado mediante incrementos salariales escalonados entre 2026 y 2029. La propuesta que hacen supone una subida acumulada de 400 euros mensuales, acompañada de una actualización automática de los salarios conforme al IPC a partir de 2027. El coste medio anual de esta medida se calcula en unos 500 millones de euros.

En materia de infraestructuras, se plantea la climatización integral de toda la red educativa pública valenciana. El plan afectaría a unos 1.200 centros y requeriría una inversión aproximada de 300 millones de euros entre 2026 y 2028. La actuación abarcaría colegios, institutos, centros de educación especial, escuelas oficiales de idiomas, conservatorios y otros centros de enseñanzas de régimen especial.

Dos escenarios

El documento compara dos posibles escenarios. Con reforma de la financiación autonómica, el sistema podría alcanzar una transformación estructural profunda, con ratios más reducidas, entre 8.000 y 10.000 nuevos docentes y la climatización del 100 % de los centros educativos públicos. Sin esa reforma, las mejoras serían más limitadas, aunque seguirían suponiendo avances significativos, con entre 4.000 y 5.500 nuevos docentes, reducciones parciales de ratios y la climatización de alrededor de 680 centros.

Las conclusiones del informe señalan que, tanto con reforma como sin ella, la educación pública valenciana experimentaría una mejora sustancial en términos de recursos humanos, atención al alumnado, calidad educativa e infraestructuras. Sin embargo, el colectivo deja claro que la disponibilidad de nuevos recursos derivados de una reforma del sistema de financiación autonómica marcaría la diferencia entre una mejora progresiva y una transformación integral del modelo educativo valenciano.

Suscríbete para seguir leyendo