Protesta ante el Ayuntamiento de Alicante para legalizar las viviendas improvisadas en suelos rústicos

Regularizar su situación. Es lo que pretenden los residentes en viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico, que se han concentrado este miércoles ante el Ayuntamiento de Alicante con unas setenta personas para exigir que sus hogares sean regularizados pese a que en su momento fueron construidos fuera de la legalidad, situación en la que se mantienen.

Los argumentos que aportan a sus protestas son básicamente tres. El primero, que son propietarios de los terrenos donde erigieron sus viviendas, la mayoría prefabricadas o introducidas en el interior de caravanas.

El segundo, que dichos terrenos fueron adquiridos a sabiendas de que no podían ser utilizados para habitar, pero que los vendedores les trasladaron que “mucha gente construyó en parcelas idénticas y acabaron legalizando la situación o incluso sin ser denunciados” y, por tanto, sin ser sancionados, expresa Carmelina Beviacqua, secretaria de la llamada Asociación de Vecinos Alicante, creada por estos vecinos que suelen habitar en núcleos alejados como la Cañada del Fenollar, El Verdegàs o El Moralet.

Y el tercero, que el precio de la vivienda les resulta “inaccesible”, incluso para optar a una vivienda protegida, “por las que piden como mínimo 200.000 euros”. Según expresan estos vecinos, los terrenos en los que habitan “estaban abandonados, están cogiendo formas y antes sufrían riesgo de incendio, de erosión y de desertificación”.

Incompatibilidad

En dichas parcelas, de titularidad rústica, se permiten usos ganadero, forestal o paisajístico, por lo que están excluidas del desarrollo urbano. Por ello, piden un cambio en la tipología del terreno al Ayuntamiento de Alicante, que en convenio con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), integrada en la Conselleria de Territorio que lidera Vicente Martínez Mus, protege su condición actual para impedir usos no previstos.

Desde esta agencia trasladan, sin embargo, que “si se ha abierto expediente contra muchos de estos terrenos es por denuncias del Ayuntamiento, de otras administraciones o de los vecinos” a la propia AVPT. De hecho, residentes en chalets adyacentes a estas parcelas han expresado su “temor” ante las “amenazas y peleas” procedentes de estos vecinos en terrenos rústicos, contra los que han presentado denuncias y lamentan que las autoridades no han intervenido para desalojar los terrenos.

El ruido generado también es una fuente de problemas, pero los residentes en terrenos rústicos se quejan por su parte de que les han “grabado en las casas, en los terrenos”, y aseguran que “nunca” han hecho “daño a nadie”.

Fuentes de la AVPT explican que los vecinos están obligados a “quitar o demoler” las casetas prefabricadas o cualquier tipo de habitáculo, y que incluso la Policía Local puede llegar a precintar los terrenos rústicos que acogen viviendas ilegales. Una de las razones para impedir este tipo de viviendas son “los riesgos de inundabilidad”, ya que las lluvias torrenciales pueden ocasionar situaciones “muy peligrosas”.

Además, “la ocupación descontrolada del suelo provoca otros prejuicios medioambientales derivados de filtraciones a acuíferos subterráneos”, y aclaran que “no existe el derecho a ocupar cualquier tipo de suelo para el uso de vivienda, no existe el derecho a conservar construcciones erigidas al margen de cualquier proceso de control administrativo sobre la adecuación de la propia construcción o de la ubicación en la que se encuentre”.

La manera de actuar de la administración ante casos como estos es la vía administrativa cuando se comprueba que la construcción no es legal y se impone la demolición y una multa, sin que una medida excluya la otra, e incluso llegando a la expropiación de la parcela.

También puede existir responsabilidad penal tanto contra los vendedores de parcelas que “promueven la división ilegal” de los terrenos para comercializarlos como para los compradores que instalan “cualquier tipo de construcción en ella” por delitos contra la ordenación del territorio que pueden suponer hasta cuatro años de cárcel.

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