La consellera presume de que la Comunidad es la tercera del país con más inversión en Educación

La consellera de Educación, Carmen Ortí, se aferró este jueves en la defensa del presupuesto de la Generalitat para la enseñanza y advirtió que la Comunidad es la tercera el país con mayor gasto por alumno: 7.600 euros, un 19% por encima de la media española. Lo hizo en la recta final de la cuarta semana de una huelga indefinida histórica del profesorado y tras anunciar una reunión para este viernes con los sindicatos para presentar una nueva oferta después de cuatro días en blanco y el diálogo completamente roto.

Frente a las protestas cada vez más contundentes en la calle de un profesorado que se ha visto obligado a regresar paulatinamente a las aulas ante la dificultad de sostener económicamente el paro docente, la responsable autonómica puso en valor las cuentas autonómicas de 2026 recién aprobadas y las medidas a las que se ha comprometido , muchas de las cuales rechazadas por los sindicatos mayoritarios al considerarlas insuficientes.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades contará con un presupuesto de 7.749 millones de euros, 450 millones más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 6,2 %. De ellos, 190,6 millones se los lleva Cultura. «Tres de cada diez euros que entran en las arcas valencianas se destinan a educación. No es un dato técnico, sino la expresión presupuestaria de una prioridad política: estar al lado de cada familia valenciana», destacó la responsable autonómica durante una comisión de las Cortes. Una defensa que chocó de lleno con la visión de la oposición, que tachó estos presupuestos de «engaño» y de «burla» a la escuela pública.

Ortí, sin embargo, entre otras mejoras, apuntó a los más de 22 millones de euros para iniciar la subida salarial al profesorado, pactada con CSIF y ANPE, que se traducirá en 50 euros brutos mensuales este año hasta llegar a los 200 euros de aumento en 2028. «Esta medida permitirá situar a los maestros valencianos con un salario anual de 37.556 euros y al profesorado de Secundaria con 41.750 euros, colocándolos entre los mejor retribuidos de España», reiteró.

Asimismo, aseguró que el sistema educativo valenciano contará con más de 78.500 docentes en activo, «la cifra más alta de su historia, tras incrementar en cerca de 1.000 plazas la plantilla estructural respecto al ejercicio anterior». Entre las principales novedades destacó una dotación de 32 millones de euros para el Plan de Confort Térmico, con tal de iniciar la climatización en los centros educativos, donde se ha tenido que recortar la jornada escolar dos horas este mes de junio para aplacar las quejas por el calor extremo.

«A esta inversión se sumarán cerca de 230 millones de euros para el Plan Edificant; 70 millones para nuevos centros educativos y 41 millones para ampliaciones y reparaciones», defendió. También puso el foco en la creación de al menos 36 aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios), con una dotación de personal especializado superior a 4,5 millones de euros, para fomentar la inclusión educativa en los colegios e institutos. Una de las mayores cuestiones que preocupa a la comunidad educativa, que insiste en la necesidad de contar no solo con más unidades para estos niños, sino con más especialistas para poder atenderlos.

El plan de climatización tiene 32 millones y el Banco de Libros, 72 para este año

Además, cifró 25 millones el aumento de los fondos para el Banco de Libros, que sube hasta los 71 millones de euros para que los alumnos puedan seguir teniendo ejemplares sin coste en las aulas tanto en castellano, como en valenciano.

Respecto a la Formación Profesional (FP), una de las parcelas donde más quejas se están produciendo por el recorte de las plantillas, horarios y ciclos formativos, Ortí anunció que se incrementa su presupuesto un 24,9 % respecto al ejercicio anterior. Del presupuesto, 14,85 millones serán para impulsar una FP «más innovadora e internacional»; 9,69 millones para reforzar la inclusión y la colaboración con las empresas y para sufragar las cotizaciones a la Seguridad Social de cerca de 100.000 alumnos que realizan formación en empresas.

Además, la dirigente autonómica, puso el acento en que las universidades públicas por primera vez en la historia superarán los 1.000 millones de euros de financiación ordinaria, tras aprobar el reivindicado Plan Plurianual. El presupuesto global destinado a universidades alcanza los 1.234 millones de euros, un 12 % más que el ejercicio anterior, según la conselleria. De ellos, 113 millones de euros irán destinados a ciencia e investigación, un 16 % más.

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Acercamiento a los docentes

Más allá de las cifras, la responsable educativa también quiso mostrar un acercamiento a los docentes, en primer lugar, desmarcándose del tuit que incendió al profesorado hace dos semanas publicado en las redes sociales del PP de la Comunidad Valenciana que decía textualmente «enfermos en invierno y sanos en verano», insinuando bajas falsas durante el curso. Admitió que ese mensaje «no representaba el sentir de la consellera». Sin embargo, también dijo que aquello no es comparable con el «señalamiento a una consellera o el ataque a una sede sindical», y condenó que haya salido su imagen en una guillotina con su cabeza cortada en las redes sociales.

Igualmente, reconoció que compartía sus reivindicaciones tras años de malestar acumulado y las vinculó con la pandemia, la dana, la matrícula sobrevenida o el exceso de la burocracia, así como a los 18 años sin mejora retributiva por parte del Consell.

La consellera admite el malestar de los docentes y lo achaca a la pandemia, la matrícula sobrevenida y la dana

Frente a la cronificación del conflicto educativo, ya fuera de la comisión de Hacienda, la consellera descartó renunciar al diálogo y volvió a exhibir su voluntad de «abrir las puertas y a tender la mano», además de apelar al «respeto de la integridad física y a la libertad de las personas que acudan presencialmente a la conselleria a participar en la negociación «lo que ayudará a desbloquear esta negociación».

En esta línea, volvió a condenar que CSIF y ANPE han recibido ataques «agresivos» por firmar un «acuerdo democrático», en referencia al pacto de la subida salarial a los docentes con el que rompieron la unidad sindical, así como el empujón a la docente jubilada por parte de un agente de la Policía Nacional, institución, que ha matizado que forma parte de la competencia del Gobierno de España.

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Críticas de la oposición

Frente a la férrea defensa de estas cuentas, desde el PSPV, su portavoz José Luis Lorenz, aseguró que los presupuestos son «la continuación de la falta de voluntad política y de capacidad de negociación que ha sido una burla con los sindicatos y con la comunidad educativa».

El socialista recriminó, entre otras cuestiones que ahora el Consell del PP proponga «incrementar partidas para apostar por el plan Edificant, porque no tienen ningún plan alternativo», y esto ha ocurrido porque «en tres años todos estos proyectos han estado en el cajón», dijo. Además, advirtió de que en la parte de infraestructuras, han incrementado el número de centros en los que van a actuar con 50.000 euros, lo cual «no da ni para la creación de un proyecto», y han bajado el presupuesto, lo que es «vergonzoso».

Posteriormente, Lorenz apuntó a la privatización de la FP, señalando que las becas de FP han bajado 5 millones desde 2023. Se destacó una línea de 400.000 euros para la FP privada y 1 millón de euros para pymes, cuando lo que deberían hacer es «no recortar formativos y recuperarlos». El diputado del PSPV volvió a recordar que en conservatorios, escuelas oficiales de idiomas y en las plantillas para el próximo año, «todos los centros educativos están manifestando que hay recortes».

Por su parte, el diputado de Compromís y portavoz de Educación en las Cortes, Gerard Fullana, cargó directamente contra la subida de los 69 millones de euros a la concertada y acusó a la consellera de «llegar a los mil millones de euros» de financiación a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

También acusó a la dirigente popular de consolidar la privatización de la FP; de negar la bajada de las ratios que demandan los docentes y de poner en marcha desde ya las que fija el Gobierno central en su proyecto de ley, así como de ser un engaño para reducir la burocracia. «Es posible volver a destinar como en el 2023 400 millones para hacer escuelas, hacer un acuerdo para el consorcio entre ayuntamientos, Diputación y Generalitat para mantener los centros educativos», enumeró Fullana entre otras medidas.

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