Adjudicatarios investigados por las viviendas de Les Naus de Alicante esgrimen su condición de separados para justificar su derecho a los pisos

Declaraciones exprés en el juzgado que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial de Les Naus de Alicante. Ante la magistrada Amparo Rubio estaban llamados ocho investigados en una jornada que se ha resuelto en apenas una hora y media. La mayoría únicamente ha querido responder a las preguntas de sus abogados y dos de ellos han optado por no contestar a ninguna de las partes, por lo que los interrogatorios han concluido en un tiempo inusualmente breve.

La lista de investigados citados para este viernes se había reducido previamente de diez a ocho. Entre los ausentes se encontraba el suegro de la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que ya había comparecido después de solicitar un cambio de fecha y acabó declarando el mismo día que su nuera. Tampoco ha acudido otro de los investigados, después de que su abogado alegara que padece una discapacidad que le impedía comparecer, circunstancia que ha sido acreditada por un informe forense. Por su parte, una tercera investigada ha prestado declaración por videoconferencia al residir actualmente en Alemania.

Entre los ocho adjudicatarios llamados a declarar se encuentran la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante Elsa Lloret, pareja del técnico de la Generalitat que visó las viviendas, Roberto Palencia, también investigado en la causa; así como la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, adjudicataria de otra de las viviendas del polémico residencial. Ambas han coincidido en sostener que no aportaron la documentación que les requirió la Generalitat tras destaparse el escándalo porque entendían que ellas eran las únicas personas que residían en las viviendas y que no procedía dar los datos de sus respectivas parejas.

Cada investigado ha tardado unos quince minutos en declarar, salvo quienes no han contestado preguntas que han permanecido un par de minutos en la sala

Al contrario que otros de los investigados, las dos funcionarias investigadas sí han accedido a responder a las preguntas de los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco, aunque han negado cualquier irregularidad. Según su versión, sus respectivas parejas no debían figurar en la unidad de convivencia. En el caso de Sira Pérez, ha sostenido que actualmente ya está separada formalmente, aunque disponía de un convenio regulador desde 2023. Elsa Lloret, por su parte, ha señalado que no está separada legalmente, aunque asegura que no convive con su marido.

Por lo general, cada investigado ha tardado alrededor de quince minutos en declarar, mientras que quienes se han acogido a su derecho a no responder preguntas apenas han permanecido un par de minutos en la sala para firmar el acta.

Las declaraciones de investigados de este viernes se suman a las ya practicadas en la causa, por la que también declararon en su día como imputados la exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez; el gestor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana; la ex directora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; el arquitecto municipal Francisco Nieto; y el funcionario de Vivienda que validó los visados, Roberto Palencia.

Tras las comparecencias de este viernes, las acusaciones personadas han coincidido en señalar la existencia de una estrategia de defensa uniforme y "bien aprendida" por parte de los investigados, quienes han cerrado filas para defender que eran "compradores cumplidores" de todos los requisitos legales, según ha destacado el abogado de la acusación popular que ejerce el PSOE, Fernando Cazorla. Según esta tesis, todos han sostenido que únicamente debían acreditar la situación económica de las personas que iban a residir en las viviendas, al entender que sus respectivas unidades de convivencia estaban integradas exclusivamente por ellos mismos. Los interrogatorios se han centrado precisamente en ese concepto de unidad de convivencia, el verdadero caballo de batalla de la jornada. Según han trasladado las acusaciones, la Generalitat detectó anomalías al revisar las adjudicaciones tras estallar el escándalo y requirió posteriormente a los beneficiarios para que aportaran documentación complementaria con la que aclarar las discrepancias detectadas. Sin embargo, dicha documentación nunca llegó a presentarse.

Situaciones rocambolescas

Ante la jueza, todos los comparecientes han mantenido una línea argumental similar. Han defendido que en el momento de la adjudicación vivían solos o que las personas con las que mantenían una relación matrimonial no formaban parte de la unidad de convivencia que debía computarse a efectos de acceso a la vivienda protegida. Los abogados de la acusación popular que ejerce Ciudadanos a través de los abogados Eduardo García-Ontiveros y Mamen Peris sostienen que algunos de los investigados han recurrido a explicaciones "un poco rocambolescas", apoyándose en posteriores separaciones o divorcios para justificar por qué no aportaron la documentación requerida por la administración autonómica.

La arquitecta sostuvo que solicitó la vivienda para residir ella sola, aunque ante la jueza reconoció que actualmente no está separada

Especial atención ha despertado la declaración de Elsa Lloret, que, según las acusaciones, trató de explicar de forma detallada su interpretación del concepto de unidad de convivencia. La arquitecta municipal, que ha comenzado su declaración recalcando que su nómina es" muy bajita", sostuvo que solicitó la vivienda para residir ella sola y que, por tanto, no consideraba necesario incluir la documentación de su marido. Durante su declaración reconoció, no obstante, que actualmente no está separada. También llamó la atención el tono empleado al referirse al promotor del residencial, Francisco Ordiñana, al que mencionó en varias ocasiones de forma coloquial por su nombre de pila, "Paco", señaló el letrado de Ciudadanos.

Para Vivienda

Según el informe que la Conselleria de Vivienda mandó al juzgado, y en el que se basan las imputaciones de los propietarios investigados en la causa, Elsa Lloret, propietaria única de su vivienda, declaró unos ingresos de 39.979,24 euros, aunque "sin justificación documental alguna presentada por la adjudicataria que acredite este importe de ingresos". El informe añadía que se aportó "certificado de no propiedades solo de la declarante", es decir, no constaba "en el expediente documentación respecto a los ingresos y al Índice Central del Colegio de Registradores de España acreditativa de todas las propiedades en España del cónyuge". "La adjudicataria única está casada en régimen de separación de bienes con Roberto Palencia, el técnico gestor de este expediente que no se inhibió del expediente debido a su relación de parentesco con la adjudicataria", apuntaba también el informe.

Lloret solicitó a la conselleria, por escrito, la renuncia a su vivienda ¡tras destaparse el escándalo de las adjudicaciones

El requerimiento de documentación extra desde Vivienda se realizó el pasado 9 de febrero. Días después, el 20 de febrero, Elsa Lloret solicitó "ampliación de plazo para contestar al requerimiento" y, a su vez, según consta en el expediente, "solicita la renuncia a la vivienda adjudicada, sin aportar documentación acreditativa de los datos económicos ni información de las propiedades del cónyuge". Posteriormente, el 26 de febrero, Vivienda realizó un segundo requerimiento, solicitando los datos económicos y de propiedades del resto de miembros de la unidad de convivencia. "A fecha del presente informe la adjudicataria no ha contestado a este segundo requerimiento", por lo que la conselleria concluyó en su informe que desconocían, a 2 de marzo, "si Elsa Lloret Soler cumple los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública" al no disponer "de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge".

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