Educación
La última oferta para acabar con la huelga: 3.338 millones hasta 2031 para aumentar docentes, bajar ratios y subir sueldos
La propuesta incluye 1.400 millones para la mejora de las infraestructuras escolares y los 200 euros de aumento salarial al mes hasta 2028 con una revisión del IPC que incluiría a todo el sueldo
La Conselleria de Educación presentó este viernes su nueva oferta para tratar de zanjar la huelga indefinida con mejoras para la enseñanza pública de aquí a al año 2031 y una inversión que ha cuantificado en 3.338 millones de euros. El documento llega al final de la cuarta semana de un paro sin precedentes y tras cinco días con las negociaciones rotas entre los sindicatos mayoritarios y la Administración autonómica.
Los representantes de los trabajadores lo elevarán a la consulta de los docentes antes de manifestar si lo aceptan o rechazan en su conjunto o de manera parcial. El lunes, a las 10 horas, será la siguiente reunión. Respecto a lo ofrecido hasta ahora, el departamento de Carmen Ortí ha mantenido intacta la subida salarial ofrecida de 200 euros mensuales a los docentes, pero con un cambio de versión importante, la revisión del IPC comprometida para 2028 afectaría a todo el sueldo y no solo a un complemento autonómico. Otra de las principales novedades que ha incorporado es bajar la ratio en Bachillerato a 28 alumnos en el curso 30-31, lo que implicaría dos alumnos menos por clase respecto a su última oferta, reduciéndola también en Formación Profesional (FP), como demandan los docentes.
La estrategia incorporó la retransmisión en directo por primera vez de la negociación, por parte de la Administración, lo que llegó a ser calificado como por el STEPV como el «primer acto de campaña electoral» del PP. Y además, la conselleria envió el «Acuerdo Global» a los correos corporativos de todo el profesorado al mismo tiempo que lo facilitó a las organizaciones sindicales. Fue al inicio de la reunión, cerca de las 15 horas, y no antes como habían reclamado para poder estudiarlo con unas horas de antelación, una maniobra que volvió a desatar las críticas de los sindicatos mayoritarios, al sentirse ninguneados.
La conselleria no facilitó el documento a los sindicatos hasta la reunión y lo envió a todos los docentes
El dossier presentado incluye actuaciones en infraestructuras, contratación de profesorado, reducción de ratios, inclusión educativa, Formación Profesional y mejoras salariales para el personal docente, con pocas cesiones respecto a lo ofrecido hasta el momento, según la primera lectura que hicieron STEPV, CC OO y UGT, pero sí con más concreción en cuanto a las cifras y plazos finales.
En el ámbito retributivo, la Generalitat destinará 802,3 millones de euros a mejorar las condiciones salariales del personal docente. Se trata de la misma propuesta que el Consell ya firmó hace diez días con CSIF y ANPE, en contra de STEPV, CC OO y UGT. El incremento previsto asciende a 200 euros mensuales en el complemento específico autonómico, con una aplicación progresiva entre septiembre de 2026 y enero de 2028 y vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), algo que afectaría a todo el sueldo y no solo a un complemento, tal y como matizó la conselleria, lo que también dependerá de la disponibilidad presupuestaria. El acuerdo incluye además seis días de libre disposición por curso y el reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital.

La propuesta de Educación para bajar las ratios de este viernes, 5 de junio / INFORMACIÓN
La conselleria puso el acento en que a esta cantidad se suma el incremento del complemento estatal abonado por la Generalitat, «lo que permitirá que un docente sin antigüedad vea incrementada su retribución mensual en 387 euros en Primaria y 410 euros en Secundaria en 2028, además de la actualización correspondiente del IPC».
La reducción progresiva de alumnos por aula, uno de los principales caballos de batalla en este conflicto docente, mejorará ligeramente frente a lo que se había ofrecido hasta ahora. Educación ha cedido a adelantar las fechas para llevar a cabo esa bajada.
En Infantil y Primaria, la ratio máxima pasará de 25 a 22 estudiantes por clase de manera integral en el curso 29-30, mientras que en la ESO se reducirá de 30 a 25 alumnos de manera progresiva hasta beneficiar a todos los niveles en el 30-31. En ambas etapas son las capacidades límites que contempla el proyecto de Ley del Gobierno, pero adelanta un año la disminución de alumnos. La principal novedad es que en Bachillerato las clases pasarán de tener 35 a 28 en el 30-31.
La medida también beneficiará a la Formación Profesional (hasta 25 alumnos por aula en grado medio y superior, frente a los 30 de ahora, y 15 para los básicos frente a los 18 actuales) y a las Escuelas Oficiales de Idiomas, donde se establecerán límites más bajos de alumnado por grupo de forma progresiva hasta el curso 2030-2031 (20 alumnos por aula en todos los idiomas y niveles). Todas las medidas entrarían en vigor a partir del 27-28, aunque STEPV, CC OO y UGT habían exigido como fecha tope el curso 29-30 para tener 15 alumnos en Infantil y 20 para Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Climatización y obras
Otro de los principales ejes del acuerdo es la inversión en infraestructuras educativas, que alcanzará los 1.409 millones de euros hasta el año 2029. Entre las medidas previstas figura la puesta en marcha del «Plan EduClima», dotado con 140 millones de euros para garantizar la climatización del 100 % de las aulas y centros educativos de la Comunidad, sin plazos concretos.
La primera entrega del plan director del confort térmico se entregará antes de que acabe el año. También se reforzará el Plan Edificant con 829,7 millones de euros (229,7 millones en 2026 y 200 millones anuales entre 2027 y 2029) y se impulsará un «Plan de Inversión Educativa Directa de la Generalitat» dotado con 400 millones (101 millones este año).

La negociación entre los sindicatos y la conselleria se ha reanudado este viernes / JM LOPEZ
El documento prevé un incremento de personal docente también en el plazo de tres años. La Administración contempla la contratación de 5.000 nuevos profesores, la incorporación progresiva de 2.742 docentes adicionales vinculados a la reducción de ratios y la estabilización de 10.000 plazas estructurales, con una reserva mínima del 50 % para inclusión educativa, pero sin concretar un calendario. En conjunto, el sistema educativo contaría con 7.742 docentes más durante el periodo de vigencia del plan.
El documento prevé un incremento de personal docente también en el plazo de cuatro años. La Administración contempla la contratación de 5.000 nuevos profesores, la incorporación progresiva de 2.742 docentes adicionales vinculados a la reducción de ratios y la estabilización de 10.000 plazas estructurales, con una reserva mínima del 50 % para inclusión educativa, pero sin concretar un calendario.
En conjunto, el sistema educativo contaría con 7.742 docentes más durante el periodo de vigencia del plan. La conselleria lo ha catalogado como «el mayor incremento docente del sistema educativo valenciano». Entre otros compromisos, el Consell de Pérez Llorca ha incluido la negociación de plantillas para recuperar las 30 horas de los ciclos semipresenciales de FP que fueron recortadas por la actual conselleria a 25 horas. Además, Educación ha ofrecido bajar a ocho los días lectivos para cubrir las bajas, frente a los diez días o más que se está tardando en hacer las sustituciones.
En materia de inclusión educativa, la oferta mantiene la creación de al menos 36 nuevas aulas UECO (que pasarán a tener ocho alumnos por clase, de 10 que hay ahora) durante el curso 2026-2027, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales especializados en atención a la inclusión. Asimismo, se incrementará un 30 % el número de profesionales de Educación Social y se crearán entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje.
FP, burocracia, salud mental y valenciano
La Formación Profesional también presenta novedades. La Conselleria se compromete a mantener con fondos propios los ciclos implantados anteriormente con financiación europea y a conservar una oferta formativa equivalente, como mínimo, a la del curso 2025-2026. Además, se reforzarán los programas de orientación profesional, la conexión con el tejido empresarial y las horas de tutoría destinadas a la Formación en Empresa.
Otro apartado destacado es la simplificación burocrática, el único que hasta ahora era compartido por el grueso de los docentes. El documento recoge una veintena de medidas destinadas a reducir trámites administrativos para los docentes, entre ellas la implantación del Expediente Digital del Docente, la automatización de procedimientos, la unificación de aplicaciones informáticas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para la generación de documentación y traducciones.
El plan de la conselleria también contempla actuaciones dirigidas a mejorar la salud mental y el bienestar de la comunidad educativa. Entre ellas figuran el refuerzo de las Unidades de Detección Precoz en Salud Mental y la elaboración de un plan específico para el bienestar del profesorado y de los profesionales que trabajan en el sistema educativo.
Respecto al valenciano, uno de los puntos que más discrepancias ha generado con la mayoría sindical, partidaria de la derogación de la Ley de Libertad Educativa, la conselleria se aferra a desarrollar un plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano. Plantea la regulación de la formación del profesorado, por parte de la conselleria y de entidades colaboradoras, para la expedición de los certificados de Capacitación en Valenciano y del Diploma de Maestro de Valenciano. Hasta ahora este tipo de medidas han sido calificadas por las organizaciones mayoritarias y el 85 % de los docentes encuestados en la última consulta, por insuficientes.
Al cierre de una reunión de más de seis horas, la consellera reconoció que el documento expuesto es fruto de las "aportaciones de todos", realizadas en las últimas semanas, que incluirá mesas de trabajo y sectoriales para seguir avanzando y concretando al detalle. Apeló a todas las partes a la capacidad de dejar al lado "perjuicios y muros" para llegar a acuerdos. Reconoció el cansancio acumulado de los docentes y lo vinculó al continuo cambio normativo, al decreto de inclusión "con cero financiación", a que la burocracia "se ha triplicado en los últimos diez años" y al agotamiento físico y mental desde la pandemia, así como a los problemas de disciplina y de salud mental en las aulas.
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