Educación acepta mejoras en las ratios a propuesta de los sindicatos para que los profesores dejen el paro indefinido

El profesorado de la provincia y del conjunto de la Comunidad está llamado a participar en las próximas horas en un nuevo «referéndum» para posicionarse sobre la última oferta de la Conselleria de Educación para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes con el objetivo de poder acabar con una huelga sin precedentes que ha alcanzado ya la quinta semana y que incluso amenaza con extenderse al inicio del próximo curso.

Tras hacer público el viernes medidas presupuestadas en 3.800 millones de euros que se materializarían de aquí a 2031, este lunes la administración autonómica cedió a incorporar algunas de las aportaciones que los representantes de los trabajadores siguieron haciendo tras dedicar todo el fin de semana a analizar las mejoras ofrecidas. Este martes está previsto que el Consell remita un documento definitivo para, que, a partir de ahí se pueda consultar de nuevo a los docentes. El jueves le darán una respuesta a las 9 horas en una nueva reunión.

Las cinco fuerzas, STEPV, ANPE, CC OO, CSIF y UGT, coincidieron en los avances conseguidos en esta lucha docente, pero también compartieron que siguen existiendo carencias sin resolver e imprecisiones en el documento para garantizar que se van a resolver las necesidades que a día de hoy presentan las aulas.

Más allá de las medidas para reducir la burocracia en los centros educativos, el bloque en el que mayor predisposición hay por parte de los sindicatos a firmar un preacuerdo, el debate, que se prolongó durante doce horas, volvió a encontrarse con la firme exigencia de los cinco sindicatos a ser más ambiciosos con la bajada de la ratio. La consellera Carmen Ortí incidió en la defensa de la nueva oferta autonómica al adelantar un año la reducción del número de alumnos por clase respecto a la que plantea el proyecto de Ley del Gobierno, el cual carece de garantías de aprobación, y al tener en cuenta la bajada de alumnos en Bachillerato, las Escuelas de Idiomas y la Formación Profesional (FP).

Las medidas para reducir la burocracia son las que más logran el consenso de las fuerzas sindicales

Finalmente, la administración autonómica cedió a clarificar en la propuesta que habrá un máximo de ocho alumnos (frente a los 10 de ahora) en las aulas para estudiantes con necesidades específicas de nueva creación a partir del curso 27-28, respetando los derechos del alumnado ya escolarizado, recuperando la ratio a ocho donde sea posible, además de una regulación exprés de los centros con características singulares de la Comunidad Valenciana, a lo largo del curso 26-27.

Respecto a la bajada de ratios en los ciclos semipresenciales que demandaron los sindicatos, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, apeló a hacer un estudio «sosegado» para evitar que con la reducción del alumnado en esta formación se acabe dando pie a fomentar cursos privados «por hacer un bien no forcemos la situación hasta conseguir el efecto contrario que deseamos». En ese listado de casos a estudiar una mayor bajada de ratio, Educación incluyó Infantil de 0 a 2 años, las escuelas de adultos y las enseñanzas artísticas.

Todos estos matices se sumarán a la propuesta hecha pública el viernes: para Infantil y Primaria, la ratio máxima pasará de 25 a 22 estudiantes por clase de manera integral en el curso 29-30, mientras que en la ESO se reducirá de 30 a 25 alumnos de manera progresiva hasta beneficiar a todos los niveles en el 30-31. En Bachillerato, la reducción progresiva permitirá pasar de tener las clases con 35 a 28 en el mismo curso.

La medida también beneficiará a la Formación Profesional (hasta 25 alumnos por aula en grado medio y superior, frente a los 30 de ahora, y 15 para los básicos frente a los 18 actuales) y a las Escuelas Oficiales de Idiomas, donde se establecerán límites más bajos de alumnado por grupo de forma progresiva hasta el curso 2030-2031 (20 alumnos por aula en todos los idiomas y niveles).

Respecto a la mejora de las infraestructuras educativas, el STEPV aseguró que el plan autonómico (con 1.409 millones de euros anunciados hasta el año 2029) tiene una dotación «claramente insuficiente» por las necesidades de los centros, tanto de construcción de nuevos edificios (con el Plan Edificant), como por la adecuación de los espacios para hacer frente a las condiciones meteorológicas extremas que estamos viviendo. El sindicato exigió datos concretos sobre las actuaciones iniciadas por este Gobierno y puso el foco en intervenir en los centros afectados por la dana, algo que compartieron todas las fuerzas sindicales. Por su parte, Comisiones Obreras reclamó un anexo anual de los centros con prioridad para intervenir y el compromiso de que el Consell no delegará a los ayuntamientos obras sin dotación presupuestaria. Además, incidió en dar solución a las carencias de los conservatorios, entre otras enseñanzas artísticas, como la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda), una demanda que la conselleria garantizó que estará contemplada. CSIF demandó, entre otras cosas, que el plan de inversiones educativas directas esté cuantificado y detallado, además de coincidir en que en el plan autonómico se contemplen todos los centros, desde escuelas de adultos a conservatorios. ANPE lamentó que el documento en general no concreta acciones ni plazos en las ejecuciones, así como tampoco criterios de priorización, como por ejemplo, en la eliminación de barracones o la climatización. Por su parte, UGT coincidió en muchas de estas reivindicaciones, apuntando a la necesidad de concretar los centros que serán prioritarios, en la transparencia y coordinación con los ayuntamientos para dar respuesta a los centros de esas localidades, en actuar en las instalaciones con mayores problemas por el calor extremo. Entre otros puntos, Educación cedió a incorporar en la redacción del documento «dar prioridad a la eliminación de los barracones».

El plan para las ratios, infraestructuras, inclusión y plantillas sigue siendo visto como insuficiente

Para mejorar la inclusión educativa en las aulas, CSIF y ANPE insistieron en la implementación de la enfermería escolar en todos los centros educativos, al considerar que no están teniendo presencia en los centros educativos actualmente, al igual que reclamaron más especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica en función de las necesidades y diagnósticos que presenten los alumnos. Esta cuestión también fue puesta de manifiesto por la mayoría sindical, que reclamaron más plazas también de orientadores, fisioterapeutas, así como la dotación económica para comprar material técnico de evaluación psicopedagógica.

En su oferta del viernes, Educación se comprometió a la creación de al menos 36 nuevas aulas UECO, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales especializados en atención a la inclusión. Asimismo, se incrementará un 30 % el número de profesionales de Educación Social y se crearán entre 130 y 140 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje. Además, este lunes especificó que la ratio de los orientadores ha bajado ya a 300 alumnos por profesional.

Respecto al valenciano, volvió a haber posturas irreconciliables, porque la mayoría sindical insistió en la derogación de la Ley de Libertad Educativa, lo que se encontró con el firme rechazo de Educación. Además, los sindicatos compartieron la necesidad de que Educación desglose a qué etapas va a destinar el refuerzo de 5.000 docentes anunciados, así como destinar más personal en las escuelas infantiles, escuelas de idiomas y enseñanzas artísticas. La reunión maratoniana acabó con la parte salarial donde la conselleria se mantuvo firme en la subida firmada con ANPE y CSIF de 200 euros mensuales de aquí a 2028, mientras que la mayoría sindical reiteró su rechazo y exigió reabrir la negociación, bajo la premisa de que se quedará corta cuando se lleve a término y de que no situará a los docentes valencianos entre los mejores de España como defiende el Consell.

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