Los cambios de Barcala en las viviendas protegidas de la calle Ceuta de Alicante duplicarán el beneficio del constructor

Desde que estallase el escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a principios de este año, las miradas se han centrado en la calle Ceuta de Alicante, donde se prevé desarrollar la próxima promoción de vivienda protegida de la ciudad. Después de que el Ayuntamiento desistiera de construir inmuebles públicos y apostara por ceder el suelo a un promotor privado, el PSOE advierte de que los cambios introducidos por Luis Barcala en el proyecto duplicarán las ganancias previstas para la empresa responsable.

Los retrasos en la tramitación del concurso público ocasionaron que ninguna empresa se presentara a la licitación para edificar 32 viviendas de titularidad municipal en una parcela de la calle Ceuta. El encarecimiento de los costes en el tiempo que el gobierno local tardó en poner en marcha el procedimiento (22 meses entre la aprobación del proyecto y la salida a concurso de la obra) hizo que el importe previsto de 3,5 millones de euros quedara desactualizado, influyendo en que ninguna promotora quisiera licitar. Tras ello, el Consistorio dio un golpe de volante y cambió por completo su hoja de ruta con el futuro edificio en el barrio de San Blas. El Patronato Municipal de Vivienda puso en marcha otra licitación, en este caso para la enajenación de la parcela municipal, con el objetivo de que un promotor privado realice la construcción pagando el precio del suelo (con presupuesto base de 457.549 euros) a cambio de la cesión de al menos 3 inmuebles al Consistorio.

A cambio, la entidad que resulte adjudicataria podrá comercializar bajo el régimen de protección pública el resto de las propiedades que se edifiquen sobre la parcela, de 1.082 metros cuadrados, donde el ejecutivo local estimaba el desarrollo de hasta 32 pisos. Los alojamientos que pasarán a engrosar el patrimonio municipal deberán ser un mínimo de tres viviendas (de un total de 191 metros cuadrados útiles) que está previsto destinar alquiler social. Además, al igual que ocurrió con el residencial Les Naus, será el promotor quién determine qué personas se convierten en vecinos del futuro edificio.

Más de 260.000 euros por pisos de 90 metros

Ahora, el PSOE advierte de que este cambio de modelo provocará que la adjudicataria duplique sus ganancias estimadas. Según el grupo socialista, el proyecto contemplado inicialmente para la construcción de viviendas de alquiler asequible conllevaba un beneficio para el promotor de un 6 %, mientras que la venta de inmuebles protegidos eleva los beneficios para el constructor hasta el 15 %, según se especifica en la documentación municipal que obra en el expediente.

"Barcala ha cambiado un proyecto pensado para facilitar el acceso a la vivienda y aumentar el parque público por otro que multiplica la rentabilidad del promotor privado", ha lamentado Silvia Castell. La concejala del PSOE sostiene que "el alcalde ha decidido que sea más rentable vender viviendas de promoción pública que garantizar alquiler asequible" y que esa decisión "beneficia al promotor privado y perjudica a quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda".

Al respecto, Castell ha señalado que "un piso de 60 metros cuadrados en esta promoción rozará los 200.000 euros, mientras que el de 90 metros superará los 260.000 euros, al margen de los pertinentes impuestos". Además, ha advertido de que el nuevo modelo supone también "una pérdida de control público sobre el acceso a las viviendas", que preocupa especialmente "después de todo lo ocurrido con Les Naus".

El procedimiento de adjudicación, actualmente en marcha, cuenta con un plazo de presentación de ofertas que concluye a finales de junio. Sobre estos trámites, Castell ha mostrado su preocupación por la presencia en el expediente de informes firmados por el arquitecto municipal Francisco Nieto, investigado judicialmente en el caso las viviendas protegidas de La Condomina. "Después de todo lo que estamos conociendo sobre Les Naus, el gobierno municipal debería extremar las garantías de transparencia en cualquier actuación relacionada con vivienda pública. Sin embargo, nos encontramos una vez más con decisiones difíciles de entender y con demasiadas preguntas sin respuesta", ha añadido la socialista.

Nuevas condiciones

Tras el estallido del escándalo de las viviendas protegidas, el equipo de gobierno de Luis Barcala anunció que interrumpía la licitación de la calle Ceuta para endurecer las condiciones recogidas en el pliego. En concreto, se incluyó que la forma de adjudicación de las viviendas de protección pública deberá ser mediante "sorteo, baremación o antigüedad de la inscripción", contemplando expresamente el modo de asignación de los pisos. En la misma línea, será necesario establecer una web para la inscripción de solicitantes, en la que también habrá de indicarse la fecha de apertura y finalización del plazo de inscripción, de al menos 30 días y anunciado con 10 de antelación.

Además, entre las medidas se incluyó también la obligatoriedad de firmar una declaración de ausencia de conflictos de interés tanto para los integrantes de la Mesa de Contratación y los intervinientes en la tramitación del expediente como para la futura adjudicataria, posibles subcontratas y comercializadores de las viviendas. En estos documentos, será necesario suscribir que no se mantienen "vínculos económicos, profesionales, familiares o personales que puedan comprometer su imparcialidad". Además, se prohíbe iniciar la comercialización de los inmuebles hasta la obtención de la calificación provisional, para evitar que ocurra lo mismo que en Sant Joan, donde el Ayuntamiento revisa el proceso de compraventa de una promoción del Plan Vive en el barrio de Nou Nazareth.

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