El gobierno de Barcala devuelve otros 34.000 euros por no contratar personal de Servicios Sociales en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante vuelve a devolver a la Generalitat Valenciana financiación destinada a los Servicios Sociales de la ciudad. El ejecutivo local no contrató al 100 % de los trabajadores sociales sufragados por la conselleria, por lo que tendrá que reintegrar más de 34.000 euros al departamento autonómico.

Según se recoge en el expediente aprobado este martes por la Junta de Gobierno Local, el Consistorio incorporó a trabajadores sociales por una jornada total acumulada de 95 meses y 24 días. Sin embargo, la financiación concedida por el Consell contemplaba que la plantilla dispusiera de personal por 108 meses, lo que ha dejado sin justificar poco más de un año: 12 meses y seis días.

Por este motivo, el Consistorio ha aprobado que el departamento autonómico recupere 34.210,82 euros, que deberían haberse destinado al salario de un técnico de Servicios Sociales.

Más devoluciones

En diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Alicante ya tuvo que reintegrar, con intereses, otros 250.000 euros de ayudas sin justificar. En este caso, el ejecutivo municipal tampoco acreditó la contratación de profesionales como psicólogos, educadores sociales o promotores de igualdad dentro del Contrato Programa, por lo que se vio obligado a devolver parte de los fondos para Servicios Sociales a la Generalitat Valenciana.

La Junta de Gobierno Local aprobó en ese momento el reintegro parcial de la subvención recibida por el Consistorio dentro del acuerdo con la administración autonómica para la colaboración financiera en materia de atención social entre 2021 y 2024. Un contrato, ahora renovado, con el que la Generalitat financia la contratación de personal de Servicios Sociales por parte de los ayuntamientos y que, en el caso de Alicante, se tradujo en una transferencia de 9,35 millones de euros para el periodo completo.

En 2025, una vez concluida la etapa de vigencia de dicho contrato, la conselleria constató que el gobierno municipal no había sido capaz de justificar la contratación de psicólogos durante un total de 9 meses y 19 días; de educadores sociales durante 26 meses y 23 días; de asesores jurídicos durante 3 meses y 28 días; de agentes de igualdad durante 5 meses y 2 días; y de promotores de igualdad durante 27 meses y 6 días.

Todo ello, con un gasto total estimado de 172.600 euros, a los que se sumaron 77.000 euros más del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con dependencia y otros 745 euros en concepto de igualdad de trato y no discriminación. En total, las arcas municipales tuvieron que reintegrar a la Generalitat 250.596 euros que, con los intereses previstos, se elevaron en 7.000 euros más, hasta los 257.755.

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