Rechazo unánime de los sindicatos a firmar un acuerdo sobre inclusión, FP, infraestructuras, plantillas y ratios

La Conselleria de Educación ha llegado al final de la huelga histórica del profesorado con el portazo de todos los sindicatos a firmar su oferta para mejorar la inclusión, bajar las ratios, acondicionar las infraestructuras, potenciar la Formación Profesional (FP) y reforzar las plantillas. Tras cinco semanas de paro en las aulas, solo ha conseguido sacar adelante tres acuerdos parciales, pero ninguno con el consenso de todos, los dos de ayer fueron para simplificar la burocracia (con todas las fuerzas, salvo ANPE) y para «promocionar» el valenciano (solo con CSIF).

Pese al rechazo frontal que se ha encontrado por parte de las fuerzas sindicales a los cinco de los ocho bloques, bajo el argumento de que las medidas siguen sin solucionar los problemas en las aulas, la consellera Carmen Ortí se aferra a que se trata de la «mejor propuesta para transformar la educación pública que jamás se ha realizado en la Comunidad, con una inversión prevista para los próximos años que supera los 3.338 millones de euros».

Después de haber cambiado de estrategia para buscar sellar acuerdos parciales, como el que logró el pasado 25 de mayo con sus dos sindicatos afines (CSIF y ANPE) para subir el sueldo a los docentes 200 euros mensuales de aquí a 2028, el departamento autonómico optó por seguir el mismo modelo ayer. Sin embargo, las mejoras introducidas en las últimas semanas ante el aumento de la presión sindical, en especial, de las organizaciones mayoritarias, no le sirvieron para arrancar el respaldo que pretendía.

Para empezar, partía de que en la noche anterior una encuesta en la que participaron 30.200 docentes, de más de 70.000 que trabajan en la Comunidad, arrojó que el 90 % del profesorado, consultado por la mayoría sindical y la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano, rechazaba suscribir una alianza global con el Consell. Con base a esos resultados, STEPV, CC OO y UGT reclamaron reabrir las negociaciones y avisaron de que los docentes «no se rinden» por mucho que hayan votado mayoritariamente en favor de suspender temporalmente la huelga.

Sin embargo, Educación acabó encontrándose con un muro generalizado para conseguir lo que tanto ansiaba, firmar acuerdos que le permitieran rebajar la tensión con los docentes, pese a que casi todos le reconocieron los avances conseguidos respecto al inicio de la movilización.

En la primera votación, ANPE fue el único que empezó, como lo haría con el resto de propuestas, desmarcándose de apoyar el plan para la simplificación burocracia, bajo el argumento de que hay que garantizar personal administrativo y de servicios suficientes en todos los centros educativos, así como un calendario de implantación y un presupuesto. El resto, STEPV, CC OO, UGT y CSIF dieron su visto bueno a respaldar el plan autonómico, aunque insistieron en la necesidad de seguir mejorándolo. En concreto, este plan recoge, entre otras, la aprobación de un decreto de simplificación administrativa en seis meses, el expediente digital del docente para el próximo curso, el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar documentos, el derecho a la desconexión digital y la regulación del trabajo fuera del centro.

Llegó el turno de pronunciarse sobre las medidas para mejorar la inclusión educativa ofrecidas por el Consell y ningún sindicato quiso estampar su rúbrica. STEPV, CC OO y UGT volvieron a tachar de «insuficientes» los recursos ofrecidos, y más después de que el 70 % profesorado que ha participado en la encuesta rechazara este punto y después de que solo el 22 % de los centros de educación especial que participó en las votaciones lo haya apoyado. CSIF también se negó, bajo la premisa de que la propuesta autonómica no garantiza la autoridad del profesorado, la asistencia jurídica de los docentes, reconocimiento de agresiones como accidente laboral, o la enfermería escolar. ANPE tampoco se sumó por falta de concreción en algunas medidas, sin calendarización o con un horizonte a largo plazo, los mismos argumentos que alegó en todas las votaciones.

A la hora de firmar un acuerdo parcial para la Formación Profesional (FP), la mayoría sindical se opuso tras la negativa del 71 % del profesorado encuestado. La recuperación de las horas para los ciclos semipresenciales, que finalizaría en el curso 30-31, fue el principal argumento de todos los sindicatos para bloquear esta alianza, incluido CSIF y ANPE, los dos sindicatos de corte conservador.

El plan para proteger el valenciano ofrecido por el departamento de Carmen Ortí contó solo con el beneplácito del CSIF para la formación del profesorado, con especial atención a las comarcas de predominio castellano y para la regulación de la formación para los certificados de Capacitación en Valenciano y Diploma de Mestre en Valencià. STEPV, CC OO y UGT se enrocaron en derogar la Ley de Libertad Educativa, aprobada en las Cortes, y se apoyaron en el 84 % del rechazo del profesorado encuestado. Se negaron a que el valenciano sea tratado como «una opción residual» y exigieron que se garantice a todo el alumnado que pueda adquirir una competencia real al margen del territorio de la Comunidad donde viva y al margen de la opinión de lo que vote su familia. Por su parte, ANPE defendió un modelo plurilingüe de castellano, valenciano y de una lengua extranjera y negó que esto esté garantizado, entre otras cuestiones.

Rifirrafe con la encuesta

Con las medidas propuestas para mejorar las infraestructuras educativas, el Consell de Pérez Llorca se llevó otro varapalo. En primer lugar, los sindicatos mayoritarios escudaron, para negarse de nuevo a firmar, en que han obtenido 14.216 respuestas en contra la oferta autonómica (54 %), frente a 12.001 contestaciones a favor. Unas cifras que la consellera puso en entredicho, porque defendió que a los que han dicho que sí se deberían de sumar los 4.021 votos que se han pronunciado en favor de un acuerdo global. Entre otros argumentos, las organizaciones sindicales aseguraron que la propuesta (con una inversión conjunta de 1.410 millones de euros hasta 2029) no da respuesta urgente a los problemas estructurales que sufren los centros en su día a día, criticaron la falta concreción en el presupuesto anunciado y pidieron reducir los plazos para actuar desde ya. CSIF insistió en que había que concretar el plan director de obras y el de climatización.

El refuerzo de plantillas que implicará 5.000 nuevas contrataciones en los próximos años tampoco convenció a ninguno. La mayoría sindical insistió en que falta recuperar el personal recortado, demandó más orientadores, así como acortar los plazos para sustituir las bajas, porque sostiene que esperar ocho días lectivos es insostenible. También pidió que los interinos puedan cobrar durante el verano, además de garantizar el profesorado experto y especialista de FP. Asimismo, reclamó adelantar la contratación de docentes prevista. CSIF también tachó de insuficiente este acuerdo parcial, al no recoger sus reivindicaciones, muchas compartidas por el resto de fuerzas.

También hubo una unanimidad para tumbar el acuerdo de bajada de ratios, pese a las últimas cesiones de la conselleria, consciente de que era uno de sus principales caballos de batalla. Los sindicatos se negaron a aceptar la propuesta de tener que esperar al curso 29-30 para contar con 22 alumnos en Infantil y Primaria; 25 en Secundaria y 28 en Bachillerato, «los niveles más bajos de la historia de la Comunidad», según la consellera. Demandaron menos alumnos, especialmente, en la primera etapa educativa, así como tener en cuenta las enseñanzas artísticas.

El debate sobre la subida salarial se dejó para el final, al estar firmada desde el pasado 25 de mayo con CSIF y ANPE. El primero de los sindicatos se volvió a felicitar por el acuerdo, mientras que el segundo dijo que es un logro objetivo y a muy corto plazo. De hecho, pese a sellar un pacto económico en su día, admitió que «es insuficiente para recuperar el poder adquisitivo» y avisó de que continuarán reclamando la negociación de los salarios. Desde STEPV, UGT y CC OOO se volvieron negar a adherirse a este acuerdo y se ampararon en que la mejora salarial «no recupera el poder adquisitivo perdido, no vincula el sueldo al IPC, ni el cobro del verano para el profesorado interino, ni las pagas extras completas».

«Abiertos» a negociar

Tras los resultados obtenidos, la Conselleria de Educación volvió a emplazar a las organizaciones sindicales a mesas sectoriales a partir de la próxima semana para seguir abordando el resto de puntos de la propuesta con el objetivo de «continuar dialogando y encontrar el máximo consenso» . Carmen Ortí subrayó que «las posiciones se están acercando en materias como las infraestructuras gracias al plan que hemos presentado y que recoge las reivindicaciones de los representantes sindicales, Nuestra voluntad de diálogo sigue abierta como el primer día para ir avanzando», concluyó.

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