El terreno incendiado en el camino de Alcoraya de Alicante, foco de actividad ilegal en suelo rústico

El pasado domingo, un incendio con apariencia de haber sido provocado obligó a intervenir a los bomberos en el camino de La Alcoraya, en las proximidades del barrio del Cementerio en dirección hacia el PAU 1. El fuego se produjo en un terreno aislado en el que se practicaban actividades económicas que los propios bomberos identificaron como “ilegales”.

En concreto, según fuentes del cuerpo, la propiedad del terreno cuenta con un decreto para “limpiar la zona”, en la que se ha constatado el “alquiler de contenedores marítimos”, una práctica “ilegal” en un terreno catalogado como rústico, es decir, en el que las actividades deben limitarse al ámbito agropecuario o forestal.

Sin embargo, el espacio incendiado ha acogido diversas actividades en un contexto de conflicto que se alarga desde hace años. Lo que en su día fue una antigua finca familiar, construida en un terreno aislado antes de la entrada en vigor de leyes restrictivas, es hoy un bloque de seis viviendas, con cinco inquilinos denunciados por la propietaria por razones diferentes; y situado junto a otro espacio diferenciado, pero que forma parte de la misma propiedad, en el que se acumulan contenedores marítimos con diferentes usos, decenas de coches siniestrados y ahora, también, la huella de un incendio cuyas causas están siendo investigadas.

Fuentes conocedoras del operativo desplegado el domingo afirman que la localización de “varios focos” hace pensar que el fuego fue intencionado. Las partes afectadas también creen en esta teoría, y se acusan mutuamente de una situación que se alarga, afirman, desde hace al menos dos años.

Actividades ilícitas

El fuego se produjo en la zona donde se acumulan diversos contenedores marítimos con finalidades diferentes. En unos se acumulaban enseres, en otros herramientas, en otros utensilios de pintura y reformas y otros permanecían vacíos. Los vecinos incluso afirman que uno de estos espacios acogía un taller improvisado, tal como han documentado con fotografías a través de una instancia presentada ante el Ayuntamiento el pasado mes de mayo, en el que se podría haber desarrollado actividad económica y que llegó a provocar, aseguran los residentes, cortes de luz por sobrecarga. “Hemos tenido problemas con personas que venían a trabajar sin formar parte de esta propiedad y que hacían ruido e incluso descansaban alrededor de nuestras casas o arrojaban basura”, explican.

En otros contenedores, según afirman algunos vecinos y sospechan personas conocedoras del operativo, incluso se habría detectado la pernoctación de personas. Todos estos depósitos, que se fueron introduciendo de manera gradual, han ido siendo alquilados a diferentes interesados.

Todo esto junto a la acumulación de una veintena de vehículos que dan al terreno una apariencia de desguace y en el que parte de él se establece sobre una rambla, hecho que prohíbe los almacenajes o las construcciones ante el peligro por inundaciones en caso de lluvias torrenciales.

La situación derivó, el mismo mes de mayo, en un decreto municipal para la “suspensión de la actividad de alquiler de contenedores, almacenaje de residuos y desguace de vehículos” que emitió la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Antonio Peral.

Los agentes que se personaron en el terreno constataron que no había licencia de apertura o declaración responsable que permitiera la actividad realizada y se contabilizaron un total de 25 contenedores marítimos y una veintena de vehículos “al final de su vida útil en situación de desguace”. Además, se levantaron actas por dos obras sin licencia en zona de rambla y otra por actividad sin licencia.

También se afirma, en el mismo informe, que hubo personas que afirmaron tener contenedores alquilados por 140 euros al mes, “siendo cada uno de ellos utilizados a discreción del inquilino”. La propietaria fue apercibida a cesar la actividad que ella misma asegura haber finalizado, hecho que niegan los vecinos consultados.

Acusaciones mutuas

Muchos de estos vecinos aseguran vivir en condiciones “que no son de recibo” en el terreno accidentado en tanto que los bloques de viviendas “acumulan desperfectos, humedades y suciedad en el exterior”. Según afirman, accedieron a estos hogares “tras firmar un contrato engañoso” por el que pretenden llevar a juicio a la propietaria por un presunto delito de “estafa”.

La propietaria, sin embargo, niega estas acusaciones y afirma tener “inquilinos que son muy malas personas”. Dice haber denunciado “a cinco de seis” porque “no pagan nunca, otros rompen el interior de la casa después de arreglarla y hay uno que les insta a portarse mal”. Hay incluso dos causas pendientes de desahucio en los juzgados, uno de ellos previsto para ejecutar el 3 de julio, según la propietaria, que también afirma haber acumulado contenedores por “no saber que no se podía hacer nada de eso”.

Los depósitos, dice, los está “quitando poco a poco”, y niega que nadie haya llegado a pernoctar. En uno de ellos “un señor guarda los muebles porque se fue a vivir a otra casa”, dice sin referirse a la acumulación de otro tipo de objetos como herramientas.

En cuanto a los coches, explica que “otro señor” le pidió “aparcarlos a cambio de arreglar el terreno”, y “se trajo coches afectados por la dana” de Valencia, en octubre de 2024, pero “está avisado de que los tiene que retirar”, aunque “lleva ya un año sin hacerlo”. Respecto al taller detectado por vecinos e incluso por los agentes enviados por el Ayuntamiento, la propietaria niega su existencia. “Lo que pasa es que un inquilino es mecánico y se arregla sus camiones”.

Respecto al origen del fuego del domingo pasado, la propietaria sospecha de los residentes con los que está enfrentado, aunque no tiene “ninguna prueba”. Los vecinos que denuncian la situación del terreno también dicen no tener ningún tipo de constancia, aunque calculan que podría proceder de algún enfrentamiento entre la propietaria y alguno de sus inquilinos “por razones económicas”.

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