La izquierda pide a Barcala que aparte a María Pérez-Hickman de Contratación por su implicación en el escándalo de Les Naus en Alicante

La izquierda pide al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que aparte a la todavía jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, por su vinculación con el escándalo de Les Naus. La funcionaria ya dimitió de sus responsabilidades como directora general justo después de que INFORMACIÓN desvelase que contaba con dos hijos y un sobrino en el polémico residencial. Sin embargo, su nombre ha vuelto a ponerse en entredicho después de que este diario haya publicado que urgió al jefe de Disciplina Urbanística a conceder la licencia de obras a la cooperativa, cuando sus familiares ya estaban inscritos en la misma.

Desde el PSOE, entienden que "cada vez es más evidente que el foco del escándalo de Les Naus tiene su epicentro en el Ayuntamiento de Alicante". Para la portavoz del grupo, Ana Barceló, "estas informaciones trasladan la imagen de que Pérez-Hickman trató de influir en el procedimiento a sabiendas de que varios familiares tenían intereses personales en esta promoción de viviendas". La concejala progresista considera que "es necesario aclarar si la actuación de los altos funcionarios del Consistorio, así como del gobierno del PP, veló por los intereses generales de los alicantinos o si, por el contrario, trató de favorecer a la promotora". Así, desde el PSOE insiste en que Pérez-Hickman debe ser apartada de sus competencias como jefa de Contratación, un puesto de libre designación.

Compromís pide su comparecencia

Rafa Mas, portavoz del grupo municipal de Compromís, también ha vuelto a exigir al alcalde Luis Barcala que aparte a la funcionaria María Pérez-Hickman de las competencias en materia de Contratación. "Necesitamos que los alicantinos vuelvan a recuperar la confianza en su Administración local tras este escándalo. Y eso pasa por apartar y expedientar a todos los funcionarios implicados mientras se esclarecen los hechos y se depuran las responsabilidades que correspondan", ha apuntado.

"Exigimos que Pérez-Hickman deje de decidir sobre el dinero de los alicantinos hoy mismo. Además, pedimos su comparecencia ante la comisión municipal", ha aseverado el portavoz. En la misma línea, el concejal valencianista considera que "Barcala debe asumir sus responsabilidades políticas como máximo responsable del Ayuntamiento" ha señalado Mas.

"Barcala no puede esconderse"

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida, Manolo Copé, argumenta que "cuando una alta funcionaria municipal apremia a Urbanismo para acelerar una licencia de una promoción en la que ya participaban sus familiares, es legítimo preguntarse qué intereses se estaban protegiendo desde dentro del Ayuntamiento".

"Barcala no puede seguir escondiéndose detrás de los técnicos ni actuar como si esto no fuera con su gobierno, hay que recordar que fue Barcala quien puso a Pérez-Hickman como directora general", ha añadido Copé, quien también ha insistido en reclamar que la funcionaria sea apartada de sus competencias en materia de Contratación.

Vox y las responsabilidades políticas

Por su parte, Vox vuelve a cuestionar el papel del PP de Barcala en la polémica de las viviendas protegidas, aunque no exige ninguna medida concreta al ejecutivo local tras los últimos acontecimientos. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha manifestado que "cada nueva información que se conoce sobre el caso agrava todavía más un escándalo que ha sacudido la credibilidad de las instituciones municipales".

Según Robledillo, "lo más preocupante es que cada día aparecen nuevos datos que desmontan el relato del Partido Popular y demuestran que este asunto va mucho más allá de simples coincidencias o casualidades”, por lo que exige “transparencia total, acceso a toda la documentación y máxima colaboración con la investigación judicial”. La portavoz de ultraderecha, que pasó de pedir la dimisión de Barcala a ampararle para evitar su reprobación, ha vuelto ahora a exigir “responsabilidades políticas” porque “el gobierno de Barcala no puede seguir escondiéndose detrás de los tribunales”, aunque no ha aclarado qué medidas concretas espera del ejecutivo popular.

"Prisas" a Urbanismo

"Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros. No hay que olvidar que es el propio Ayuntamiento el interesado en construir dichas viviendas de protección oficial desde hace más de tres años", defendió Pérez-Hickman a través de un correo electrónico dirigido al jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar, y a la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, fechado el 14 de diciembre de 2022.

Ese escrito es uno de los incorporados a la causa judicial, en la que se investigan las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas y que cuenta, por ahora, con quince imputados, entre ellos, la propia Pérez-Hickman, quien fue la primera en dimitir tras desvelar este diario las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas. La funcionaria dejó el cargo de directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, aunque el alcalde todavía la mantiene al frente de Contratación como jefa de servicio.

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