Los promotores que optaron a Les Naus de Alicante declaran ante la jueza que era "un clamor" la cláusula que primaba la rapidez en presentar el proyecto

Nueva jornada de declaraciones judiciales por el caso de Les Naus. El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha albergado una ronda de testificales centradas en dos aspectos: las sombras sobre la limpieza del concurso para enajenar el suelo municipal y las contradicciones entre las declaraciones del técnico de la Generalitat, Roberto Palencia, imputado en esta causa a raíz de los visados de los adjudicatarios y las que efectuaron sus jefes en la Dirección Territorial de Alicante.

La magistrada Amparo Rubio, que investiga la causa de las polémicas adjudicaciones, había citado este miércoles a instancias de Anticorrupción a los responsables de las promotoras que compitieron y perdieron en 2018 contra Fraorgi (la mercantil de Francisco Ordiñana, gestor de la cooperativa de Les Naus): Livanto Mediterránea SL, Edificio Teulada SL, Inurban SAU y Quatre Carreres Plaza. También compareció el representante de Block Arquitectura, firma que recurrió las bases junto a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provia).

Los cinco promotores citados, quienes concurrieron también a este concurso, además del secretario general de Provia, Jesualdo Ros, que lo recurrió, han coincidido en declarar ante la instructora que existía" un clamor" en el sector por las condiciones del concurso para enajenar la parcela municipal sobre la que se edificó el residencial de La Condomina con 140 viviendas protegidas. La cláusula de la polémica era la que establecía que, en caso de empate, la empresa que hubiera presentado su oferta en primer lugar obtendría puntos adicionales en la valoración final. La cooperativa de Les Naus registró su propuesta apenas 24 horas después de abrirse el plazo de licitación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados y valorada en 6,67 millones, muy por debajo del precio de mercado al estar destina a construir vivienda protegida.

Los promotores habían sido llamados para responder principalmente sobre dos cuestiones: si es posible que una promotora logre en 24 horas presentar el proyecto de una urbanización y si es habitual que, en caso de empate, se acuda a valorar qué empresa presenta su oferta primero. En ambos casos, los testigos que ha comparecido en sede judicial lo han negativamente.

"Un concurso, no una carrera"

"Esto era un concurso, no una carrera", ha dicho el secretario general de los promotores para valorar el motivo por el que Provía llevó a los tribunales esta disposición. Sin embargo, matizó que posteriormente el Tribunal Superior de Justicia acabó avalando todo el proceso y que, si en este caso, había habido filtraciones de información privilegiada a alguna de las empresas que concurrían a la adjudicación, era algo que no podía saber. Los promotores que recurrieron resaltaron que al iniciar el pleito contra las bases del concurso su pretensión era dejar claro que "había otra manera de hacer las cosas".

Nueva tanda de declaraciones por el escándalo de Les Naus

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Ros había comparecido ya en la comisión de investigación del Ayuntamiento, uno de los pocos que lo ha hecho, donde aseguró que esa polémica cláusula, la de valorar la rapidez en caso de desempate, "olía mal". Ese comentario no pasó desapercibido en el interrogatorio y tanto las acusaciones como las defensas le preguntaron a qué se refería con ello. Según las fuentes consultadas por este diario, Ros ha dicho que ese requisito "no respetaba principio de proporcionalidad, libre concurrencia y que por ese motivo se impugnó". De todas maneras, matizó que "en el momento de hacerse público el pliego se daba por hecho de que el empate era más que una posibilidad, ya que las bases no eran demasiado complicadas y todos podían cumplir".

Los promotores coincidieron en señalar que es «imposible» realizar un estudio técnico de viabilidad, amarrar la financiación bancaria y redactar un proyecto básico medio serio en un plazo de un solo día. Calificaron la velocidad de la oferta ganadora como "algo inaudito" en sus carreras profesionales. ¿Que si era normal? Alguno quiso matizar que, desde luego, ellos no podían hacerlo. Uno de los promotores citados era el que presentó oferta en último lugar precisamente porque no podía disponer en poco tiempo de los avales bancarios.

El proceso terminó inclinándose a favor de Les Naus en 2021 por un estrecho margen de 50 enchufes de recarga eléctrica, sin utilizarse la polémica cláusula del desempate.

Unidad de convivencia o familiar

La primera parte de los interrogatorios de esta mañana y también la más extensa ha sido la de los responsables de la dirección territorial del Conselleria de Vivienda en Alicante ante las contradicciones existentes entre lo que ambos dijeron en su día ante la jueza y lo que manifestó el imputado Roberto Palencia.

Los testigos son la jefa del Servicio Territorial de Vivienda en Alicante, Concepción Morillas, y el secretario territorial adjunto, Vicente Caturla, quienes comparecieron durante cerca de una hora cada uno para ratificar punto por punto la declaración que ya prestaron en abril. En ella, han sostenido que Palencia admitió sus errores con un expresivo "la he cagado" y que nunca hubo dudas en la interpretación de lo que era la unidad familiar o la unidad de convivencia.

"Los dos han negado que no se permitiera a Palencia dar explicaciones. Se las pidieron y este no supo darlas", ha manifestado que dijo el letrado que ejerce la acción popular en nombre de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros.

Ambos altos cargos sostuvieron con firmeza que el concepto de «unidad de convivencia» jamás fue objeto de duda o discrepancia en la conselleria, en contra del argumento de Palencia de que al ser declaraciones responsables se daba por bueno lo que reflejaban los ciudadanos en sus inscripciones sobre quiénes formaban la unidad de convivencia. El abogado de la acusación particular que ejerce el PSOE, Fernando Cazorla, desveló que en dicha reunión Palencia comenzó admitiendo que tenía un piso en Les Naus, "aunque en todo momento habló en primera persona, insinuando que la casa era para sus suegros".

Morillas y Caturla aportaron además un detalle inédito sobre la trastienda del caso: la tensa reunión que mantuvieron el lunes posterior a que INFORMACIÓN desvelara este escándalo. Según relataron, Palencia, en la reunión con sus superiores, intentó lanzar un "globo de sonda" para buscar cobertura administrativa: «Es que yo pienso que...», arrancó el técnico intentando justificar su polémico criterio, pero nadie le respaldó. Al contrario, sus superiores se le quedaron mirando fijamente en silencio. Al ver que nadie le respaldaba, Palencia se amilanó, calló. Los testigos confirmaron que el técnico les pidió explícitamente que el asunto se resolviera como «una cosa interna» de la conselleria por la vía disciplinaria de personal; una maniobra a la que sus jefes se negaron en redondo antes de tramitar su suspensión y poner los hechos en manos de la Fiscalía.

El técnico alegó que asumió los 140 visados de forma obligada porque la funcionaria a la que le correspondía el expediente había sido trasladada. Sin embargo, Morillas y Caturla reiteraron que fue el propio Palencia quien se ofreció voluntario para controlar las adjudicaciones.

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