Ordiñana comunicó al Ayuntamiento de Alicante en 2024 que Les Naus era una promoción privada que se adjudicaría por orden de ingreso en la cooperativa

La nueva tanda de correos del Ayuntamiento de Alicante que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de Les Naus revelan gestiones de la jefe de Patrimonio, Paloma Romero, interesándose por los criterios para el reparto de las viviendas protegidas en la urbanización de La Condomina. El motivo es preparar una respuesta para el entonces concejal de Hacienda, Antonio Gallego, ante una pregunta presentada por Compromís en el pleno que se iba a celebrar el 25 de julio de 2024, cuando aún no se habían entregado los pisos.

Los correos aportados ahora recogen la respuesta que el promotor del residencial, Francisco Ordiñana, dio a la funcionaria y la comunicación de esta al edil. La documentación remitida a la magistrada que investiga el escándalo destapado por INFORMACIÓN aporta también tanto la pregunta presentada por el edil Rafa Más, como el acta del citado pleno.

El primero de los correos es de Ordiñana a la funcionaria el mismo 25 de julio remitiendo explicaciones sobre los criterios de adjudicación. El informe, que ocupa menos de un folio, comienza aclarando las diferencias entre los proyectos de promoción pública y privada. “Para la promoción pública se suele seguir un criterio de sorteo entre los interesados, para la promoción privada no”, explica, a lo que añade que en el caso de la cooperativa de Les Naus, se trata de “una promoción privada y el criterio de adjudicación de las viviendas es estrictamente por orden de ingreso de sus socios”.

Como recordará, el residencial se construyó sobre un suelo municipal vendido por debajo del precio de mercado precisamente porque era para levantar viviendas protegidas o de promoción pública (VPP).

El promotor, sin embargo, señala que “la cooperativa adquiere un solar para procurar viviendas a sus socios en una autopromoción y a precio de coste, y de esta manera, entre otras cosas, obtener un precio final muy por debajo del precio del mercado y del máximo que fija la ley para la vivienda protegida”.

Según las explicaciones de Ordiñana, a aquellos interesados que se encuentren con la promoción completa, se les inscribe en una lista de espera. En este sentido, puntualiza que se estaba trabajando para desarrollar nuevas promociones y atender al máximo de familias inscritas.

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Sobre la publicidad, Ordiñana apunta en ese correo remitido a la jefa de Patrimonio que “las viviendas adaptadas de que dispone esta promoción han sido anunciadas en la página web de la Conselleria y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Al igual que el resto de las viviendas, estas han sido adjudicadas por orden ingreso en la cooperativa”. Y añade que “si el adjudicatario no cumple con los requisitos para los adquirentes de vivienda protegida, está obligado a causar baja en la cooperativa y su piso se adjudica al siguiente de la lista”.

El gestor de la cooperativa, uno de los quince imputados por estos hechos (la exedil de Urbanismo, la jefa de Contratación del Ayuntamiento y dos arquitectos municipales, entre otros) se pone a disposición del Consistorio para ir al pleno a aclarar las dudas que pueda tener cualquier partido. Unas aclaraciones que la técnica traslada al concejal, junto a un informe sobre los marcos normativos de viviendas de protección pública. Documentos que Gallego usó para dar su respuesta en el pleno.

Sin rastro de otros correos

En la documentación remitida al juzgado que dirige la magistrada Amparo Rubio no hay rastro de correos sobre este asunto entre el 15 y el 26 de enero de este año que se reclamaban al Ayuntamiento. Al respecto, el Consistorio comunica que en ese periodo no existen otras comunicaciones diferentes a las ya aportadas, que se sitúan entre el 26 y el 31 de ese mismo mes. Un hecho que ha sido comunicado a la jueza por el jefe del Servicio de Gestión Patrimonial y que ya avanzó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en una comparecencia ante los medios de comunicación la semana pasada, sin aludir en ese acto a los correos que sí se han aportado.

A instancia de los socialistas, la instructora reclamaba todas las comunicaciones registradas durante la segunda quincena de enero entre Patrimonio (el departamento que alertó de posibles irregularidades) y el vicesecretario (a cargo de la investigación interna, por orden del alcalde). Sin embargo, el equipo de gobierno había trasladado únicamente las de los últimos cinco días del mes, del 26 al 31 de enero. Faltaban los mensajes intercambiados entre el 15 y el 26, pese a haber sido solicitados. Es decir, los vinculados al origen del escándalo.

Con estos correos, se trataba de indagar tanto el modo en que se comunicó lo detectado por Patrimonio, peroo, sobre todo, los cambios entre los dos primeros escritos, que el Ayuntamiento considera borradores, y el definitivo, donde se eliminaron los nombres de personas del Ayuntamiento vinculadas a Les Naus así como la posible responsabilidad del Consistorio en este asunto. La magistrada había dado un plazo de cinco días para entregar la documentación requerida. Sin embargo, desde el Consistorio han respondido que las comunicaciones interesadas comenzaron el día 26, sin encontrar nada antes. Con esta nueva tanda, el Ayuntamiento avisa que da por cumplido este último requerimiento judicial.

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