María Pérez-Hickman admite ante la jueza de Les Naus que intervino hasta en siete ocasiones en el expediente

“Una simple correa de transmisión, sin voz ni voto en el proceso administrativo para tramitar la adjudicación del proyecto de las viviendas protegidas de Les Naus”. Así se definió la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, durante su declaración judicial como investigada en el escándalo. Sus dos hijos y un sobrino resultaron agraciados con pisos en el residencial de La Condomina. Un expediente en el que realizó hasta siete intervenciones como técnico municipal, entre ellas el informe que proponía adjudicar el proyecto a la cooperativa de Francisco Ordiñana. El interrogatorio se produjo antes de que la instructora y las partes conocieran los correos electrónicos de Pérez-Hickman en los que urgía conceder la licencia de obras a la promotora del proyecto.

"Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros. No hay que olvidar que es el propio Ayuntamiento el interesado en construir dichas viviendas de protección oficial desde hace más de tres años", defendió la también directora general, cargo del que dimitió nada más destapar INFORMACIÓN este escándalo, a través de un correo electrónico dirigido al jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, Manuel Baltar, y a la jefa de Gestión Patrimonial, Paloma Romero, fechado el 14 de diciembre de 2022.

A lo largo de la declaración, en la que hace un recorrido cronológico de todo el proceso, Pérez-Hickman recalcó que ella se limitó a tramitar los informes que otros redactaban y que nunca tuvo una participación decisiva en el expediente. El primero de los dictámenes de la jefa de Contratación se remonta a 2016, hace diez años, cuando el tripartito inició el proceso para enajenar una parcela de suelo municipal en La Condomina para construir viviendas protegidas. Un informe con el que comenzaba a tramitarse la licitación, con dos peculiaridades: los pliegos venían redactados por Patrimonio y el contrato no se iba a regir por la Ley de Contratos del Estado, sino que iba a ser de naturaleza estrictamente privada. El proceso se paralizó porque surgieron dudas entre los miembros de la Corporación. “Los motivos exactos no los recuerdo”, señaló a preguntas del fiscal.

Inicio del proceso

Sin embargo, en abril de 2018 y después de que el PP accediera a la Alcaldía, el proyecto se retomó, por lo que tuvo que hacer un nuevo informe para poner todo en marcha desde cero. En este punto recordó que no era un expediente idéntico, sino que se introducían algunos cambios, como concretar a qué se iba a destinar la parcela. “Me limité a hacer el informe preceptivo, comprobar que todo estaba completo y solicitar un dictamen de la Asesoría Jurídica y de la Intervención”, dijo. “Yo no cuestiono lo que ellos proponen, a mí me corresponde valorar el cumplimiento de la Ley de Contratos”, recalcó, algo para lo que no tenía que entrar a valorar los criterios de adjudicación, concretó.

Entre ellos, había uno que fue especialmente polémico al establecer que, en caso de empate, se resolvería a favor de la empresa que hubiera presentado la oferta primero. Una cláusula que provocó que el concurso acabara en los tribunales.

En este contexto es cuando se presenta el tercer informe firmado por Pérez-Hickman proponiendo desistir del proyecto. Nuevamente, la técnico sostiene que se limitó a exponer lo que decían tanto la Asesoría Jurídica como el servicio de Gestión Patrimonial.

Con el concurso paralizado, llegó el momento de un cuarto dictamen en el que tuvo informar a favor de devolver el dinero de las garantías a todos los licitadores. Otro proceso que tildó de mero trámite y que se adoptó porque el proceso judicial “se esperaba largo y para no perjudicarles”, precisó.

La situación dio un vuelco el 13 de julio de 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) validaba la polémica cláusula del desempate. En este contexto, el 23 de noviembre de ese año se produjo el quinto informe, en el que se mostraba favorable a continuar con el procedimiento de licitación, y con el que, según declaró, actuaba en cumplimiento de la resolución dictada por el TSJ.

Apertura de sobres

El tramo definitivo del listado de informes coincide en el tiempo con el momento más sospechoso para los investigadores. Tras la reactivación ordenada por los tribunales, Pérez-Hickman intervino en la mesa en la que se produce la apertura de ofertas y se oficializa que solo han quedado dos empresas de las cinco que inicialmente optaban al proyecto. Allí se validó técnicamente el cumplimiento de los criterios de solvencia económica de la cooperativa y se plasmaron las puntuaciones fijadas por la Mesa de Contratación, donde Les Naus figuraba en primer lugar.

Solo unas semanas después, el 17 de marzo de 2022, la funcionaria estampaba su firma en el séptimo y último informe: la propuesta formal para elevar a la Junta de Gobierno Local la adjudicación del suelo a la mercantil de Ordiñana. En este ínterin, tanto sus dos hijos como su sobrino (que tiene alquilada su vivienda protegida sin permiso para hacerlo) resultaron agraciados con pisos en el residencial investigado.

Pérez-Hickman explicó en sede judicial que no supo hasta mucho más tarde que sus tres familiares se habían apuntado a la lista de espera de la cooperativa el 28 de diciembre de 2021, el mismo día que la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, agraciada con otro piso en la urbanización al igual que su suegro y su excuñada. “Que yo sepa, ni se conocían”, dijo para explicar la coincidencia de fechas.

El 17 de febrero de 2022, tanto sus hijos como su sobrino recibían el aviso de que había viviendas protegidas para ellos. A lo largo del interrogatorio, Pérez-Hickman tuvo respuestas cortas para hablar de las casas de sus familiares, para realizar negaciones categóricas y recalcar que ni ha facilitado información privilegiada, ni comentó nada sobre el expediente a su familia. “No comento mis temas de trabajo en casa”, dijo.

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