Una entidad de inclusión laboral lleva los impagos municipales a la puerta del Ayuntamiento de Alicante

Los impagos municipales a una entidad de inclusión laboral llegarán el próximo martes, 7 de julio, a la puerta del Ayuntamiento de Alicante. Anilia ha convocado una concentración de 9 a 13 horas frente al Consistorio para reclamar las cantidades pendientes de pago al Centro Especial de Empleo Alicantino Poda por los trabajos de mantenimiento de zonas verdes. La protesta busca dar visibilidad a una situación que la asociación considera grave y que, según advierte, pone en riesgo el trabajo y los 30 años de trayectoria de la entidad y del centro especial de empleo.

La convocatoria se ha trasladado a las familias vinculadas a Anilia, a las que la asociación ha pedido apoyo para “dar voz” al conflicto. La entidad acumula más de 193.000 euros sin cobrar del Ayuntamiento por un servicio municipal que siguió prestando pese a que el contrato finalizó el 30 de junio del año pasado. Desde entonces, según explica la asociación, los trabajos se han mantenido mientras el pago de las facturas quedaba bloqueado por discrepancias administrativas.

El trabajo que hace Anilia, asociación de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual a la que el Ayuntamiento de Alicante le debe 160.000 euros

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Anilia trabaja desde hace más de tres décadas con personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual. A través de Alicantino Poda, su centro especial de empleo, ofrece trabajo a personas con discapacidad para que puedan contar con un salario, una rutina y una red de estabilidad. La entidad suma 45 trabajadores entre la asociación y el centro de empleo, 30 de ellos con discapacidad. La falta de pago ya había comprometido el abono completo de las nóminas y había encendido las alarmas sobre la continuidad de programas de formación, acompañamiento psicosocial e inserción laboral.

El origen del problema está en el contrato de mantenimiento de zonas verdes. Alicantino Poda era adjudicataria de un lote reservado a centros especiales de empleo, pero el contrato terminó el 30 de junio de 2025. Según la entidad, desde el área de Parques y Jardines se le indicó que continuara prestando el servicio para garantizar el mantenimiento hasta la nueva adjudicación. La asociación sostiene que siguió trabajando, pero sin recibir los pagos correspondientes.

Más presión

La protesta del martes supone un paso más en la presión pública de la entidad. El conflicto ya había saltado a la calle con varias pancartas colocadas en la Vía Parque, en zonas donde Alicantino Poda presta servicio. “Trabajar sin cobrar = injusticia social”, podía leerse en una de ellas. La frase resumía el malestar de una asociación que insiste en que la deuda no afecta a una empresa cualquiera, sino a un proyecto de inclusión laboral para personas especialmente vulnerables.

El caso también llegó al pleno municipal a través de una pregunta del PSOE. El concejal socialista Emilio Ruiz pidió al equipo de gobierno de Luis Barcala que aclarara cuándo pensaba abonar las cantidades pendientes. Ruiz acusó al PP de “asfixiar” a una entidad social mientras “hace postureo político” y reprochó al gobierno municipal su “mala gestión” de los contratos públicos. “Detrás de su gestión hay trabajadores que salen a mantener las zonas verdes de Alicante sin saber cuándo van a cobrar”, señaló.

El concejal de Limpieza, Rafa Alemany, reconoció entonces el retraso en los pagos y aseguró que el Ayuntamiento estaba buscando fórmulas legales para desbloquear la situación. El edil afirmó que el gobierno municipal trabajaba para resolver el problema “a la mayor brevedad posible” y en contacto permanente con la entidad afectada.

Solución inmediata

Anilia reclama ahora una solución inmediata para cobrar lo pendiente y garantizar continuidad en los pagos mientras se resuelve la situación administrativa. La directora de la asociación, Lola Ramírez, ya había advertido de que la entidad no tiene margen para soportar una deuda de esta dimensión. “Las nóminas de abril están sin cobrar enteras y las de mayo no las vamos a poder pagar. Es una situación caótica”, explicó en su momento.

El psicólogo Pablo García también alertó del impacto social del bloqueo. “Lo más sangrante es que son trabajadores con discapacidad intelectual, un colectivo vulnerable”, afirmó. La asociación insiste en que el empleo funciona para muchas de estas personas como una barrera frente al aislamiento y la exclusión y que la falta de pago compromete no solo las nóminas, sino también la atención a usuarios y familias.

Con la concentración del martes, Anilia quiere trasladar esa situación a la puerta del Ayuntamiento y reclamar una respuesta que permita sostener la actividad de Alicantino Poda. La entidad apela a las familias y a la ciudadanía para acompañar una protesta que busca desbloquear una deuda que, según la asociación, amenaza tanto el trabajo diario de sus empleados como la continuidad de un proyecto social con tres décadas de recorrido en Alicante.

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