La izquierda exige la dimisión de Barcala tras conocerse que se sabía desde 2024 que Rocío Gómez tenía un piso en Les Naus de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, señalado de nuevo por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus. Toni Gallego, el que fuera edil del ejecutivo popular entre 2023 y 2025, ha señalado este jueves en las Cortes que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez le avisó, ya en 2024, de que tenía una vivienda protegida en la polémica urbanización. Para la izquierda, resulta inverosímil que el dirigente popular no estuviese al tanto, por lo que el PSOE, Compromís y Esquerra Unida exigen la dimisión del regidor. Vox, que en su momento llegó a pedir la dimisión de Barcala por partida doble, ha reaccionado seis horas después, limitándose a pedir explicaciones.

La de Toni Gallego, concejal de Hacienda del gobierno de Luis Barcala entre 2023 y 2025, ha sido la comparecencia más reveladora de este jueves en la comisión de investigación de las Cortes por el escándalo de Les Naus. El exedil popular ha asegurado que, en julio de 2024, su entonces compañera Rocío Gómez ya le reconoció que contaba con una vivienda en el polémico residencial. Además, según el testimonio de Gallego, la que fuera responsable de Urbanismo le habría pedido durante un pleno que respondiera en su lugar a una pregunta de Compromís relacionada con la urbanización para no mezclar asuntos.

La revelación de Gallego ha vuelto a girar el foco hacia el alcalde, Luis Barcala, quien aseguró que no había sido conocedor de la situación de Rocío Gómez hasta que fue advertido por un informe de la jefa de Patrimonio en enero de 2026: "Yo no he sabido que ella pertenecía a ninguna cooperativa hasta que salta la información que me facilita Patrimonio y viene con el listado de los que han adquirido. Es en ese informe en el que advierte la jefa de Servicio de que es una de las adquirientes, pero no sé dónde vivía", manifestó el regidor tras estallar el escándalo.

Este mismo jueves, INFORMACIÓN se ha puesto en contacto con el gabinete de Prensa del alcalde, Luis Barcala, para conocer qué valoración hace el dirigente popular de lo afirmado por Toni Gallego, el que fuera uno de sus grandes fichajes para la campaña electoral del 2023. Sin embargo, desde el entorno del regidor, no han contestado a la solicitud de este diario.

Comparecencia y dimisión

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha anunciado que este viernes a primera hora registrará un escrito para exigir que el alcalde comparezca en una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina lo ocurrido en Les Naus "para dar todas las explicaciones necesarias". Según Barceló "todo hace pensar que Barcala sabía que Rocio Gómez era propietaria y era cooperativista", por tanto, la concejala del PSOE opina que "la hoja de ruta del alcalde para retirar a Gómez las competencias de Patrimonio y poner al frente a Gallego era porque sabía lo que había ocurrido".

"Lo que estamos sabiendo confirma que el cambio en las competencias de Patrimonio se debió a que Barcala ya tenía conocimiento de que Gómez era cooperativista. Barcala ha estado mintiendo en el pleno y sigue sin dar explicaciones", ha añadido Barceló. Para la líder socialista, una vez que se produzca esa declaración del alcalde, "no tendrá otra salida que dimitir por el supuesto encubrimiento del escándalo de la adjudicación de pisos a cargos y familiares del PP".

Desde Compromís, Rafa Mas ha manifestado que "las informaciones conocidas durante el transcurso de la comisión de investigación en las Cortes sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Les Naus, corroboran que el equipo de gobierno sabía que Rocío Gómez era cooperativista" de la polémica urbanización.

El portavoz valencianista ha recordado que "esta circunstancia ha salido a la luz a raíz de una pregunta planteada por Compromís en el pleno de julio de 2024, en la que se solicitaba transparencia sobre el proceso de adjudicación". Por ello, ha incidido en que "si Barcala no presenta mañana mismo su dimisión", la formación trasladará al próximo pleno una petición de renuncia.

En la misma línea, la coordinadora de Esquerra Unida en Alicante, Lucía Ibáñez, ha reclamado "que se asuman responsabilidades políticas" tras la comparecencia de Gallego. "Las comparecencias de este miércoles refuerzan nuestra tesis de una mala praxis habitual del equipo de gobierno y contradicen la versión mantenida hasta ahora por el alcalde, Luis Barcala".

La formación progresista sostiene que "los hechos conocidos durante la comisión son lo suficientemente graves como para exigir explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades por parte de quienes tenían capacidad de decisión". Además, Ibáñez afirma que "si se confirma que el gobierno municipal disponía de información relevante sobre este proceso, Barcala debe asumir su responsabilidad política y dimitir".

Vox: tarde y ambiguo

Más tarde, seis horas después de que Gallego comprometiese al alcalde con sus declaraciones, ha reaccionado el grupo Vox. La formación, que ha pasado de exigir la dimisión de Barcala a convertirse de nuevo en su principal apoyo impidiendo su reprobación, ha enviado un comunicado en el que se limita a pedir explicaciones.

El escrito, que no aparece firmado por la portavoz, Carmen Robledillo, ni por ninguno de los otros tres concejales (Mario Ortolá, Juan Utrera y Óscar Castillo), señala que el testimonio de Toni Gallego conduce a una pregunta "de enorme relevancia" política: "¿Quién más lo sabía?".

La formación de ultraderecha ve "curioso" que, unos días antes del pleno de julio de 2024, en el que teóricamente Rocío Gómez pidió a su compañero que respondiera por ella, Barcala firmase un traspaso de competencias precisamente entre los mismos concejales: retirando Patrimonio a la edil de Urbanismo para entregárselo al de Hacienda.

"Si la versión dada por el señor Gallego es cierta", prosigue el comunicado de Vox, "resulta evidente que Rocío Gómez era plenamente consciente de que su condición de adjudicataria comprometía, al menos desde el punto de vista político y ético, su intervención pública sobre ese expediente". Como consecuencia de ello, afirman los ultras, "el alcalde tiene que dar las oportunas explicaciones".

Además, el comunicado de los de Abascal concluye defendiendo que "la depuración de responsabilidades penales corresponde exclusivamente a los tribunales" y añadiendo una ambigua afirmación: "Las responsabilidades políticas, en cambio, deben exigirse en el ámbito institucional". Eso sí, consultados sobre cuáles son dichas responsabilidades, qué medidas concretas exigen al gobierno de Barcala o si creen, como el resto de la oposición, que el alcalde estaba al tanto, los ediles de Vox callan: "Hasta el momento es lo que podemos decir".

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