La Policía da tres días a los okupas de las harineras de Alicante para abandonar el edificio municipal: "Necesitamos un techo"

La Policía Local de Alicante ha constatado este jueves la presencia de dos okupas en el interior de la antigua fábrica de Harinas Cloquell, en Benalúa Sur. Un edificio para el que el alcalde, Luis Barcala, había prometido en la campaña electoral de 2023 un uso cultural, pero que permanece clausurado a la espera de rehabilitación. Después de que los vecinos del entorno advirtieran de la presencia de moradores irregulares, el cuerpo municipal ha actuado en el inmueble, concediendo un plazo de 72 horas a los moradores para abandonar el inmueble. La pareja implicada, por su parte, alega situación de vulnerabilidad, problemas de salud y la ausencia de una alternativa habitacional.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, dos patrullas de la Policía Local se han personado en torno a las 10:00 horas en el bloque de la avenida de Elche. Una vez allí, cerca de las 11:00 horas, han accedido a las instalaciones municipales para realizar un registro, comprobar la presencia de okupas advertida por los vecinos y tratar de expulsar a las personas asentadas ilegalmente en la antigua fábrica.

Pese a la intervención, no ha sido posible desalojar a las dos personas halladas en el interior del edificio, que han alegado encontrarse en situación de vulnerabilidad e indefensión. Por ello, los agentes han concedido un plazo máximo de 72 horas para su salida de las instalaciones y esperan poner fin a la situación en los próximos días. Una vez se haya procedido al desalojo, la Concejalía de Infraestructuras actuará en el edificio para sellar todas las entradas y tratar de impedir que se repita la situación, según ha informado este jueves el edil de Seguridad, Julio Calero.

"No puedo estar en la calle"

Por su parte, uno de los miembros de la pareja que se ha establecido en la antigua fábrica sostiene que no se trata de un acto ilegal, sino de un derecho: "Todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, esta no es digna, pero es vivienda y no podemos estar en la calle", ha indicado a INFORMACIÓN.

"Hemos tenido una intervención de la Policía Local, les he explicado que dispongo de papeles que acreditan que no tengo ingresos y que reflejo TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) con tendencia agresiva, por lo que en la calle no puedo estar", ha lamentado.

Además, el hombre ha asegurado que estuvo viviendo en la calle "en una tienda de campaña a la que le pegaron fuego" y que su pareja "ha salido de situaciones muy problemáticas" y ha sufrido diferentes situaciones de maltrato. "Necesitamos un techo, ¿cómo vamos a vivir si estamos en la calle en una situación muy mala en la que no cobramos nada ni tenemos auxilio social?", se preguntan.

Aviso vecinal

Un riesgo del que ya se había advertido. La Asociación de Vecinos Parque del Mar alertó al Ayuntamiento de Alicante, a través de una instancia, de la okupación de la antigua fábrica de Harinas Cloquell, ubicada en la avenida de Elche, en Benalúa Sur. Se trata de un inmueble de titularidad municipal en el que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió, en el contexto de la campaña electoral de 2023, a impulsar la “Ciudad de la Música”, con la habilitación de conservatorios.

Sin embargo, tres años después, el proyecto está muy lejos de ser una realidad y la entidad vecinal se ha dirigido al alcalde de Alicante y a los concejales de Urbanismo, Antonio Peral; de Seguridad Ciudadana, Julio Calero; de Patrimonio, Nayma Beldjilali; y de Infraestructuras y Mantenimiento, Cristina García. En el escrito, los residentes remarcan que “ya advirtieron con anterioridad” sobre el “elevado riesgo de okupación que presentaba el edificio debido a su estado de abandono y falta de cerramiento eficaz”.

"Es inadmisible"

Los vecinos también recuerdan que el Ayuntamiento tiene “la potestad y obligación directa de velar por su conservación, seguridad y correcto uso”, en ser el edificio de titularidad municipal. Y matizan que la situación actual “no solo genera problemas de seguridad y convivencia” en el entorno, sino que además “supone un riesgo crítico para la salud pública y la integridad física” de quienes han accedido a habitar en el espacio, así como de los “operarios o vecinos colindantes”.

Por otra parte, critican que el tejado del inmueble, “compuesto por placas de fibrocemento”, tiene una vida útil que “ya ha rebasado ampliamente los límites legales y técnicos establecidos”, y que “al encontrarse el material sanitario en estado de degradación y envejecimiento, existe un riesgo real de desprendimiento de fibras de amianto friable, contraviniendo la normativa estatal y europea en materia sanitaria y de residuos”. Por ello, consideran “inadmisible” que un edificio municipal “incumpla de esta forma la legislación”.

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