Una acusación pide a la jueza de Les Naus que cite a declarar al exedil de Alicante Toni Gallego

Ciudadanos, que ejerce la acción popular en la investigación por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, ha pedido a la magistrada la declaración como testigo del que fuera concejal de Hacienda y Patrimonio en el Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego. La petición se produce después de la comparecencia de Gallego en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, en la que aseguró que la ahora exedil de Urbanismo Rocío Gómez le comunicó antes del pleno de julio de 2024 que tenía un piso en la urbanización de La Condomina. Una revelación que pone en cuestión la versión que hasta ahora ha mantenido el alcalde, Luis Barcala, que en todo momento ha venido afirmando que no supo que Gómez pertenecía a la cooperativa hasta enero de este año.

A juicio de los letrados de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros y Carmen Peris, estas declaraciones contradicen directamente el relato oficial sostenido hasta la fecha por la corporación municipal. “El objeto de la presente instrucción es delimitar la línea temporal de los hechos y el grado de conocimiento de las distintas autoridades públicas respecto al presunto uso fraudulento o irregular de fondos o patrimonio público”, señalan.

En este sentido recuerdan que Barcala ha mantenido reiteradamente que no tuvo conocimiento de las irregularidades hasta enero de 2026, cuando el vicesecretario le informó del informe de Patrimonio, pero Gallego afirmó ante la Comisión de las Cortes que se puede intuir que la Alcaldía ya conocía la situación al menos en 2024. “Esta manifestación altera sustancialmente el escenario de la instrucción, abriendo la necesidad de investigar tal vez presuntas conductas omisivas, de encubrimiento o de prevaricación por parte de otros miembros del consistorio", añaden.

Actas de la comisión

Por este motivo, además de la declaración del exedil como testigo también se ha solicitado que se pida a las Cortes las actas de la citada sesión para que puedan ser incorporadas al procedimiento.

Ciudadanos recuerda que en su comparecencia Gallego no solo incorporó datos sobre la concejal investigada, sino que denunció expresamente ante el parlamento autonómico "la existencia de graves fallos en los controles municipales" de la construcción de estas 140 viviendas. “Su testimonio como responsable en su día del área de Hacienda y Patrimonio es clave para auxiliar los mecanismos internos de control que resultaron vulnerados o conscientemente desactivados”, dice Ciudadanos en el escrito remitido a la magistrada Amparo Rubio.

La formación naranja considera la declaración de Gallego en sede judicial como “indispensable” para el correcto y completo esclarecimiento de los hechos “a la mayor brevedad” ante el juzgado, así como la incorporación formal a la causa de las actas de la citada comisión.

Gallego ha situado el episodio en el pleno municipal a finales de julio de 2024, cuando Compromís formuló una pregunta sobre la calificación de Les Naus, entonces ajena a la polémica que ahora rodea al residencial. Según su relato, Gómez tenía preparada la respuesta, pero minutos antes de la sesión le pidió que la contestara él, a quien el alcalde acababa de transferir las competencias de Patrimonio que había tenido delegadas ella desde el principio del mandato. El exconcejal ha explicado que la entonces edil le entregó un papel con la contestación y le dijo, sin que él se lo preguntara, que tenía una casa allí, que era legal, anterior a su entrada en política y que no quería mezclar ambas cuestiones.

Ante la comisión celebrada el pasado jueves, tras desvelar que él tuvo conocimiento de la propiedad de Rocío Gómez hace ahora dos años, Toni Gallego también admitió que “se puede intuir” que el alcalde sabía en julio de 2024 por qué él respondió en un pleno a una pregunta sobre Les Naus en lugar de la entonces edil de Urbanismo, que acababa de ser apartada de las competencias de Patrimonio. 

De todos modos, las fuentes judiciales consultadas por este diario apuntaron a que la declaración de Gallego no iba a ser posible hasta después del verano. En este órgano judicial, ya están señaladas para la próxima semana las declaraciones en calidad de testigos del vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual, así como el jefe del servicio de disciplina urbanística Manuel Baltar.

El exedil Gallego, además, está citado ya ante la comisión municipal para la sesión prevista el próximo 20 de julio, junto a la exedil Rocío Gómez, entre otros. Por su parte, la hipotética comparecencia del alcalde se ha programado para el viernes 24 de julio, sin que el gobierno popular haya aclarado si el regidor tiene intención de acudir (como anunció en un primer momento) o si, al igual que Villar y el resto de sus concejales, terminará declinando la invitación pese a votar en su día a favor de la constitución de la comisión.

Por ahora, por el órgano municipal son los menos los que han aceptado comparecer: José Luis Ortuño, el que fuera jefe de departamento de Gestión Patrimonial; Antonio Santana, el jefe policial encargado de la inspección de Les Naus que realizó el Ayuntamiento a petición de la Conselleria de Vivienda, y Jesualdo Ros, secretario general de Provia.

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