Trabajadores con discapacidad protestan ante el Ayuntamiento de Alicante por los impagos de las zonas verdes

La protesta de Anilia ha llegado este martes a la puerta del Ayuntamiento de Alicante por los impagos a Alicantino Poda, el centro especial de empleo vinculado a la entidad. En paralelo, el equipo de gobierno ha aprobado la continuidad excepcional del servicio de mantenimiento de zonas verdes en la Vía Parque y Benisaudet hasta que se adjudique el nuevo contrato, con un límite máximo hasta diciembre. La decisión llega después de meses de bloqueo y con una deuda que la asociación eleva ya a 193.000 euros por trabajos realizados.

La concentración se ha convocado coincidiendo con la Junta de Gobierno Local para aumentar la presión sobre el ejecutivo de Luis Barcala. Unas cincuenta personas se han reunido frente al Ayuntamiento con silbatos, percusión y carteles dirigidos al alcalde. “Barcala, baja ya”, han coreado durante la protesta. Las pancartas resumían el malestar de trabajadores, familiares y responsables de la entidad: “Con la discapacidad no se juega. ¿Esta es vuestra inclusión social?”, “Vuestro impago rompe nuestra economía, irresponsables”, “Poda centro especial de empleo no debería mendigar lo que ya trabajó” o “Venimos a apoyar a nuestros hijos, quieren cobrar sus trabajos”.

Esto es un parche si no se licita el nuevo contrato antes de diciembre

Lola Ramírez

— Director de Anilia

El caso afecta al lote de mantenimiento de zonas verdes de la Vía Parque y Benisaudet, reservado a centros especiales de empleo. El contrato original entre el Ayuntamiento y Alicantino Poda se firmó en 2020 y finalizó el 30 de junio de 2025, una vez agotadas las dos prórrogas previstas. Desde entonces, el nuevo contrato sigue en tramitación y pendiente de adjudicación, lo que ha generado una situación de vacío contractual pese a que el servicio ha continuado prestándose.

La Junta de Gobierno ha aprobado este martes autorizar la continuidad del servicio con efectos desde el 1 de julio de 2025 hasta la formalización del nuevo contrato, como máximo hasta el próximo diciembre. El acuerdo fija una retribución global de 316.257, IVA incluido, y autoriza el gasto correspondiente. La memoria municipal justifica la medida por razones de interés público y para evitar la interrupción de un servicio que considera esencial para la seguridad, la salubridad urbana y la conservación del patrimonio verde municipal.

Trabajaremos contra la inacción del interventor cuando bloquee la buena acción del Ayuntamiento

Cristina Cutanda

— Portavoz del equipo de gobierno (PP)

La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, ha vinculado la aprobación de la continuidad del servicio con el desbloqueo de los pagos pendientes a Alicantino Poda. “Entendemos la protesta por parte de Anilia, entendemos su malestar y por eso hoy mismo se ha aprobado la continuidad del servicio, que supone una garantía para que el adjudicatario pueda cobrar lo antes posible”, ha afirmado tras la Junta de Gobierno. Cutanda ha atribuido la demora a los reparos de Intervención y ha defendido la decisión de levantar ese obstáculo administrativo. “Salvaremos aquellos reparos que sean necesarios y trabajaremos contra la inacción del interventor cuando bloquee la buena acción del Ayuntamiento”, ha añadido.

Desde Anilia, Lola Ramírez ha recibido el acuerdo con cautela. “Parece que han desbloqueado el contrato de las zonas verdes hasta diciembre, pero es preocupante que no esté licitado el nuevo contrato, porque en diciembre tendremos el mismo problema”, ha advertido. Ramírez ha resaltado que los centros especiales de empleo trabajan con personas con discapacidad y no pueden verse llevados a “situaciones límite”. “Esto es un parche, a ver si conseguimos que nos paguen la deuda de 193.000 euros. Llevamos meses de promesas y parece que lo único que les presiona es que hagamos ruido en la calle”, ha lamentado.

Barcala dejó sin cobrar a trabajadores vulnerables y ahora culpa al interventor

Emilio Ruiz

— Concejal del PSOE en Alicante

La oposición también se ha acercado a la protesta. El concejal socialista Emilio Ruiz ha exigido a Barcala que licite de inmediato el contrato caducado y ha rechazado que el gobierno municipal cargue ahora contra el interventor. “Es inhumano que Barcala haya dejado diez meses sin cobrar a más de cuarenta trabajadores con discapacidad intelectual y que hoy pretenda culpar al interventor por haber puesto reparos”, ha afirmado. Ruiz considera que lo aprobado es “un parche” si no se ordena la contratación municipal y se planifica la renovación de los contratos con antelación.

El PSOE sostiene que el equipo de gobierno conocía desde marzo de 2024 que el contrato finalizaba en junio de 2025 y, pese a ello, no impulsó a tiempo la nueva licitación. Ruiz ha acusado al alcalde de actuar solo cuando los trabajadores han salido a la calle y ha reclamado previsión para que una situación similar no vuelva a repetirse.

El gobierno de Barcala deja sin cobrar a familias vulnerables por sus chapuzas

Rafa Mas

— Portavoz municipal de Compromís en Alicante

El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha elevado el tono contra el gobierno local y ha acusado al ejecutivo de Barcala de haberse convertido en una “empresa explotadora” por sacar pliegos “por debajo del coste por trabajador” y encadenar “chapuzas administrativas”. Mas ha recordado que Alicantino Poda lleva más de 20 años trabajando con el Ayuntamiento y ha denunciado la falta de planificación del área que dirige Rafael Alemañ. “Los pliegos no pueden explotar a los trabajadores. Siempre miran por las contratas y nunca por los trabajadores”, ha afirmado.

Compromís ha reclamado además municipalizar el servicio para que estas personas sean absorbidas por la Administración y no dependan de contratos y licitaciones. Mientras tanto, Anilia espera que el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno se traduzca en el cobro de la deuda pendiente. La protesta de este martes deja otra imagen difícil para el gobierno de Barcala, con una entidad de inclusión laboral obligada a reclamar en la calle el pago de trabajos ya prestados para el propio consistorio.

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