Escándalo de la vivienda protegida
Pérez-Hickman se niega a responder en las Cortes a todas las preguntas sobre Les Naus
Un exfuncionario de Patrimonio sitúa el origen de la cláusula de desempate en una técnica fallecida y varios comparecientes ponen el foco en Vivienda por el control final de los requisitos

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María Pérez-Hickman ha acudido a las Cortes, ha expresado su respeto a la comisión de investigación de Les Naus, pero no ha respondido a una sola pregunta. Tras la declaración de Toni Gallego que marcó la primera jornada al comprometer la versión de Barcala, el silencio de la jefa de Contratación y ex directora general ha sido la noticia de la segunda sesión de comparecencias sobre la promoción de VPP de Alicante, aunque la jornada ha dejado más elementos de fondo. El exfuncionario de Patrimonio José Luis Ortuño ha situado el origen de la polémica cláusula de desempate en las indicaciones de una técnica de Contratación ya fallecida. Esa cláusula no decidió finalmente la adjudicación de la parcela, aunque sí fue el detonante de un largo proceso judicial que retrasó la construcción del residencial.
Pérez-Hickman, investigada en la causa judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar. Antes, Vox, Compromís, el PSPV y el PP le habían preguntado por sus dos hijos y su sobrino adjudicatarios en Les Naus, por su intervención en el expediente, por la relación con la ahora exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, el arquitecto Francisco Nieto o el alcalde de Alicante, Luis Barcala, por la cláusula de desempate o por su dimisión como directora general. La compareciente no ha contestado a nada. Al final, ha señalado que cualquier manifestación podía afectar a su derecho de defensa.
El contraste tiene peso político. Pérez-Hickman fue nombrada directora general por Barcala y dimitió poco después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, aunque se mantiene como jefa de Contratación del Ayuntamiento. En la comisión, sin embargo, no ha aclarado cuándo supo que sus familiares formaban parte de la cooperativa, si lo comentó con responsables municipales o por qué dejó el cargo directivo y no su plaza como jefa de servicio, de la que también podría ser apartada por el gobierno municipal.
Cualquier manifestación que pudiera realizar podría afectar a mi derecho de defensa
La sesión ha avanzado después hacia un terreno más técnico, aunque no menos sensible. Elpidio Vázquez, técnico jubilado que participó en el pliego de condiciones para la enajenación de la parcela, ha limitado su papel a cuestiones técnicas y ha asegurado que la cláusula de desempate llegó desde Contratación. También ha afirmado que la decisión de vender el suelo a un promotor privado fue política y no técnica. Sobre la adjudicación final de las viviendas, ha sostenido que Barcala “no tiene nada que ver” y ha apuntado a la Conselleria de Vivienda como administración competente en esa fase.
Barcala no tiene nada que ver con la adjudicación de la vivienda, es la conselleria
El técnico de Patrimonio Pablo Torregrosa, que ya declaró ante el juzgado en calidad de testigo, ha aportado una de las declaraciones más relevantes, aunque sin novedades sobre lo ya sabido. Ha explicado que abrió el correo de Fraorgi con el listado de adjudicatarios, detectó la presencia de Rocío Gómez, Francisco Nieto y familiares de Pérez-Hickman y trasladó la información a su jefa, Paloma Romero, y a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali. Según su versión, la edil les pidió elaborar un informe. También afirmó que el vicesecretario municipal, Germán Pascual, informó después a Barcala.
Si ha habido un problema ha sido a nivel autonómico, con los visados y requisitos
Torregrosa ha sido además quien ha señalado con más claridad hacia el ámbito autonómico. A preguntas de Compromís, ha afirmado que, si había un problema, lo veía “a nivel autonómico”, por los visados y los requisitos de acceso a las viviendas, porque el Ayuntamiento no disponía de esa documentación. No obstante, en un primer informe de su área se señaló al Ayuntamiento por no velar por principios como la igualdad, publicidad y concurrencia en el proceso, aunque ese señalamiento fue finalmente retirado del documento. Al mismo tiempo, ha admitido que Francisco Nieto, técnico municipal y adjudicatario de una vivienda, debía haberse apartado del procedimiento. También ha confirmado reuniones en 2024 con Paloma Romero, Nieto, Antonio Faura y Francisco Ordiñana.
Ortuño, también técnico jubilado y participante en la elaboración del pliego, ha centrado parte de su intervención en la cláusula de desempate. Ha admitido que la oferta de Les Naus le pareció “rápida”, “extraña” y con una “celeridad muy grande”, aunque ha recalcado que no tenía pruebas para afirmar que hubiera conocimiento previo del pliego. Según ha relatado, Vázquez y él recurrieron de manera oficiosa a María José Martínez, jefa del departamento de Contratación ya fallecida, porque tenía más experiencia. Ortuño, que ha sido de los pocos en aceptar también declarar ante la comisión municipal, ha relatado que fue ella quien les indicó que no valían las características de una empresa concreta como criterio de desempate y que le sonaba que podía utilizarse la prioridad temporal de presentación de la oferta.
La oferta de Les Naus fue rápida y extraña, aunque no tengo pruebas de información previa
La cláusula, sin embargo, no fue determinante en el resultado final. Les Naus obtuvo 100 puntos y Edificio Teulada, 90. La diferencia, según ha recordado Vázquez, se debió a la electrificación de plazas y a un error en el número de viviendas de una de las ofertas. Aun así, la rapidez de la propuesta de Les Naus ha vuelto a recorrer la sesión. Ortuño ha llegado a señalar que el gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, “andaba” por el Ayuntamiento antes de la licitación, aunque lo ha vinculado a la repercusión pública que tuvo la futura venta de una parcela cerca de la playa de San Juan.
La adjudicación la hace Vivienda, Urbanismo no controla a los socios ni a la cooperativa
Por la tarde han comparecido Manuel Baltar, jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental, y Braulio Gambín, adjunto jubilado a la Jefatura del Servicio de Urbanismo. Baltar ha explicado que su papel se limitó a la licencia de obra mayor y a la primera ocupación, ha negado presiones internas para acelerar trámites, pese a correos de Pérez-Hickman apremiando al permiso, y ha asegurado que supo por la prensa que había cargos o sus familiares en la cooperativa. También ha afirmado que la adjudicación de los inmuebles correspondía a Vivienda.
Me siento indignado como ciudadano, si ha ocurrido es porque el sistema lo permite
Baltar ha admitido, a preguntas de Compromís, que “no se cumple todo” el contrato, aunque después ha matizado que desde su departamento no hubo nada que comprometiera la legalidad urbanística. También ha defendido a Pérez-Hickman como una persona “recta” y “estricta” y ha señalado que no recibió en su expediente correos de la cooperativa para trabajar con el nuevo decreto autonómico de 2024.
La última comparecencia, la de Gambín, ha cerrado la jornada con una reflexión más general. El técnico jubilado ha explicado que intervino en dos ocasiones, una de ellas para trasladar que se había acordado una tramitación prioritaria del expediente. Ha asegurado que conoció el caso por la prensa, que no habló con Pérez-Hickman ni con Nieto y que no le constan problemas en Disciplina Urbanística. Sí ha afirmado, sin señalar responsables concretos, que está “indignado” con el sistema: “Si esto se ha podido hacer es porque el sistema lo permite”.
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