Barcala, del relato político a la estrategia judicial

Una rara avis. Un dirigente que renuncia a construir su relato político, a que su mensaje sea el que se imponga en la batalla mediática, el que llegue con más eco a los ciudadanos, el que más influya en la opinión pública. Y más en estos tiempos. Un político que da por perdido ese relato o, lo que es peor, que prefiere asumir la sensación de que tiene algo que esconder con un silencio totalmente injustificado desde la perspectiva política a defender su mensaje ante los ciudadanos frente a las numerosas dudas que todavía rodean al caso de Les Naus, esa primera promoción en años de viviendas protegidas en la capital alicantina investigada por la Justicia ante las polémicas adjudicaciones que ha dejado sentenciado este mandato municipal, lo que obliga a un tortuoso camino hacia las urnas de mayo de 2027.

En eso, en un dirigente que renuncia a defender su discurso, se ha convertido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, un político que ya no ejerce como tal, que parece contar con temor los días que quedan para esa próxima cita electoral con tal de evitar que cualquier derivada de esa investigación judicial pueda apartarle de su intento de seguir en la Alcaldía, aunque solo sea para que Les Naus no sea el motivo que le obligue a dar un paso atrás.

Escondido, enterrando sin pudor todos esos principios que aireó (sin antes haberlos puesto en práctica, también es cierto) cuando estalló el escándalo tras los hechos desvelados por este diario. Ya nada queda, por eso es bueno recordarlo, de la máxima transparencia que prometió, del "caiga quien caiga" que defendió en público, de ese juramento de "no parar hasta aclararlo todo", de ese compromiso de "llegar hasta el fondo". Un día, ese 5 de febrero, ante ese mismo Pleno, en el que también aseguró que supo que Rocío Gómez, un fichaje en lo político y una persona cercana en lo familiar, tenía piso en Les Naus al ser informado por un informe de Patrimonio a finales de enero, una versión comprometida tras la declaración de Toni Gallego en las Cortes. Allí, el ahora exconcejal ha asegurado que él, siendo edil raso, se enteró mucho antes, en julio de 2024, al tener que asumir una respuesta plenaria que le delegó la propia Rocío Gómez y para la que le dio paso el propio Barcala.

Más motivos

Esta semana ha llegado una nueva confirmación, por si hacía falta alguna más, de que Barcala y su gobierno ya han renunciado a defender su relato de los hechos. Ya no quieren hacer política. Están en otra fase, en la judicial, donde cada palabra, cada gesto cuenta.

Cuatro de sus concejales, entre ellos tres pesos pesados en la causa (Nayma Beldjilali, la responsable de Patrimonio, el área que dio aviso a nivel interno de las posibles irregularidades en las adjudicaciones; Manuel Villar, vicealcalde y una persona a la que Barcala nunca le podrá estar lo suficientemente agradecido por la ingrata tarea que está ejerciendo, como mejor sabe y le permiten, a modo de cortafuegos, y Antonio Peral, nuevo responsable de Urbanismo tras la dimisión de Rocío Gómez por el escándalo de Les Naus), se negaron este pasado lunes a dar explicaciones ante la comisión municipal que investiga el caso de Les Naus.

Pérez-Hickman renunció a dar explicaciones ante las Cortes, pero le tocó escuchar durante treinta largos minutos las preguntas de todos los grupos políticos, salvo las del PP, cuyo portavoz juega a intentar extender la mancha de aceite lo más posible

No es un plantón más, de los muchos acumulados, al órgano que trata de arrojar luz desde el Ayuntamiento sobre el escándalo con el objetivo de que no se vuelva a repetir en Alicante. No. Se trata de cuatro personas, las primeras de entre las citadas a comparecer, que votaron a favor de la creación de la comisión en aquel pleno de febrero, de redención política, y que finalmente no han acudido a dar la cara. Previamente habían tomado el mismo camino otras personas, entre ellas funcionarios y expolíticos, pero ninguna había alzado la mano para impulsar la creación de un órgano al que ahora plantan. Papelón. Otro más.

"Estamos muy tranquilos, pero los tiempos los manejamos nosotros", aseguran desde el ejecutivo de Barcala. Es evidente que con esa estrategia, siendo cargos públicos elegidos en las urnas, han renunciado ya al relato político, dan por perdido que su mensaje cale en la ciudadanía, y ya están en la batalla judicial, donde cada declaración puede tener consecuencias irreversibles. Sus motivos tendrán.

Ese mismo día, el pasado lunes, Barcala volvió a elegir el silencio como respuesta. "Ninguna declaración", señaló tras ser preguntado en un acto público por las últimas novedades respecto a Les Naus, una actitud repetida por sus concejales durante toda la semana, incluida la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del martes.

Tampoco quiso contestar, en este caso en la comisión de las Cortes, María Pérez-Hickman, la todavía jefa de Contratación y ex directora general del gobierno de Barcala imputada en la causa de Les Naus, un residencial donde tienen piso sus dos hijos y un sobrino. Eso sí, le tocó escuchar durante treinta largos minutos las preguntas, que dejó sin respuesta por una supuesta estrategia de defensa, de todos los grupos políticos, salvo las del PP, cuyo portavoz juega a intentar extender la mancha de aceite lo más posible a ver si así le salpica menos a su partido.

Más citas

En los próximos días de un julio que para ser verano está siendo activo será el turno de escuchar a otros protagonistas. Entre ellos, el vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, que deberá dar luz a las sombras que envuelven al caso. Él sabe mucho de cómo se gestó todo desde que el 15 de enero entró en Patrimonio el listado de adjudicatarios hasta que la denuncia del Ayuntamiento llegó a Fiscalía, sumándose a otras ya existentes, a través de un informe reducido a su mínima expresión.

Los populares han pasado de apoyar la creación de la comisión municipal a que cuatro de sus ediles rechacen acudir sin mediar más explicaciones, y con el alcalde ya como nuevo citado

También acudirá al juzgado el técnico de Urbanismo responsable de la concesión de la licencia de obras, con quien Pérez-Hickman intercambió correos antes de que se firmara el permiso, en los que la jefa de Contratación no ocultó, a su juicio, todo lo que estaba "soportando" la cooperativa. Mucho por aclarar ante la jueza, los fiscales y las acusaciones.

A nivel autonómico, en los próximos días podríamos conocer versiones hasta ahora inéditas: las de los tres principales dirigentes de la cooperativa, además de la del gestor, que ya fue llamado por el juzgado en el inicio de la instrucción. Cuesta creer, eso sí, que quieran dar explicaciones si están negando, por el simple hecho de negar, documentación sobre la cooperativa, y por tanto a sus socios, que ya ha escapado a su control hace tiempo.

En el ámbito municipal, están citadas en los próximos días voces que podrían ayudar a esclarecer un asunto aún muy sombrío por la falta de colaboración desde demasiadas partes. Una de ellas, Rocío Gómez, no se espera que asista, sumándose a la larga lista de desplantes. Otro, Toni Gallego, sí que debería mantener su ejercicio de transparencia acudiendo a la comisión del Ayuntamiento a dar esas explicaciones que con tanto detalle ofreció ante las Cortes. Y más él que fue concejal en Alicante.

Esa sucesión de citas ya previstas se cerrará el 24 de julio con la sesión convocada en el Ayuntamiento para la comparecencia del alcalde de Alicante, aún sin llamar a declarar por las Cortes, donde sí o sí tendrá que acudir. Mientras llega esa convocatoria, Barcala sabrá qué hace: si quiere ejercer de alcalde en su casa, y dar las explicaciones que la ciudadanía exige desde hace meses, o si por temor a las consecuencias prefiere seguir pertrechado para evitar derivadas judiciales que marquen aún más su mandato. No vaya a ser que tras renunciar al relato político también pierda otras batallas.

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