EU amplía su denuncia contra el gobierno de Barcala por un posible fraccionamiento de contratos al recurrir a letrados externos

Denuncia ampliada. El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha anunciado este jueves, antes del inicio del pleno municipal, que incorpora a su denuncia ante Fiscalía el informe de Intervención que confirma el fraccionamiento de contratos, por parte del gobierno local de Luis Barcala, para la contratación de abogados externos.

El grupo municipal ya anunció una primera denuncia por esta cuestión el pasado 1 de junio, cuando cuestionó la legalidad de recurrir a letrados externos cuando el propio Ayuntamiento dispone de plazas sin cubrir dentro de sus servicios jurídicos. El interventor municipal había advertido, en su informe anual, de esta práctica, mostrándose disconforme con la mitad (52,17 %) de los expedientes que tienen que ver con la asesoría jurídica para defensa en tribunales, debido al incumplimiento legal en relación con el fraccionamiento de contratos.

Ahora, EU-Podemos ha incorporado a su denuncia el “informe de control interno” de Intervención, firmado el pasado 13 de julio, en el que se aporta nueva documentación que confirman estos hechos y que la práctica señalada es “habitual” en el Ayuntamiento de Alicante, así como “no levantar reparo”, es decir, mantener la práctica sin hacer caso de las advertencias sobre posibles irregularidades y así “esperar al recurso que condena al Ayuntamiento o a la tramitación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, lo que genera perjuicio al interesado por los retrasos que ha de soportar y a la administración por los intereses que ha de pagar”.

Una conclusión que para los denunciantes resulta “especialmente grave”. Desde el grupo municipal de izquierdas aluden a las 24 facturas de defensa jurídica en tribunales que aparecen en el informe y que corresponden a la Asesoría Jurídica municipal, por un importe acumulado de 5.7302,03 euros, “todas reparadas por la intervención” por “incumplir el artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público", según indica el propio informe.

Desde el grupo liderado por Manolo Copé recuerdan también que “el interventor señala expresamente que el centro gestor no realizó el procedimiento para resolver las discrepancias previsto en el Reglamento de Control”, hecho que lleva a concluir al concejal y portavoz que no se trata de “una sospecha política, sino de hechos puestos negro sobre blanco por el propio órgano de control del Ayuntamiento”. Y reprocha que “cuando la Intervención formula un reparo, el gobierno municipal no puede mirar hacia otro lado y esperar a que llegue una condena judicial o llevar después las facturas a un reconocimiento extrajudicial”, porque “esa forma de actuar perjudica a quienes tienen derecho a cobrar y también a las arcas públicas, que terminan pagando retrasos e intereses”.

Por este motivo, el grupo municipal ha solicitado a Fiscalía que incorpore el nuevo informe a la denuncia inicial y que reclamen al Ayuntamiento los expedientes completos. En la atención a medios, Manolo Copé ha lamentado que "es recurrente que el Ayuntamiento no realice el procedimiento habitual de resolución de discrepancias y es normal que Intervención siga poniendo objeciones a esta situación".

Cabe recordar que ante la denuncia inicial del 1 de junio, el gobierno municipal negó haber cometido fraccionamiento de contratos pese a la advertencia del interventor municipal, argumentando que las facturas señaladas se debían a la defensa jurídica de funcionarios y políticos denunciados en el ejercicio de su cargo y que, por tanto, tenían derecho a escoger abogado. “Preocupación ninguna”, expresó el vicealcalde, Manuel Villar, que también declaró que “con todo el respeto al señor interventor, en materia jurídica sus valoraciones no son siempre acertadas”.

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