Solo dos técnicos municipales para controlar todos los locales de ocio de Alicante

“Trabajar bajo licencia es esperar a que te den un papel que nunca te va a llegar”. Es lo que declaró Mario Puche, CEO del Grupo Magma, al que pertenece la discoteca Tambora, que el pasado fin de semana no pudo abrir sus puertas tras el precinto del Ayuntamiento por falta de licencia.

El retraso en la concesión de licencias, que en el caso del local de ocio de la Albufereta se alarga desde hace “más de dos años”, es un fenómeno generalizado en el caso de este tipo de establecimientos entre los que se encuentran pubs, discotecas, banquetes o karaokes.

Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Hosteleros y Restauración de Alicante (Alroa), señala que este tipo de demoras son “un mal endémico que va in crescendo y a peor”. Asegura que “siempre” se han dado estos casos, “pero nunca como ahora”, ya que “los plazos cada vez se alargan más". Sin embargo, “no ocurre lo mismo con los decretos de suspensión de actividad, que se tramitan con celeridad”.

El retraso en las licencias supone pérdidas sin ni siquiera haber puesto en marcha el negocio

Javier Galdeano

— Alroa

Según esta misma voz, “para abrir un local de ocio, con muchísima suerte, la autorización puede llegar en seis meses, pero lo normal es que no baje del año y medio y que incluso se tarde más de dos años”. Una situación que afecta a estos locales, ya que “el retraso en las licencias supone pérdidas sin ni siquiera haber puesto en marcha el negocio” de ocio, a los que se les “exigen una condición ambiental que no puede ser suplida con una declaración responsable” con la finalidad de no generar perjuicio al entorno a nivel de ruido. Los otros locales pueden abrir con declaración responsable y quedan a la espera de una supervisión técnica que se realiza posteriormente a la apertura, por lo que no tienen que esperar permisos para iniciar su actividad.

Ante esta situación, los empresarios del sector han solicitado soluciones al Ayuntamiento para que aumente la celeridad en los trámites, ante lo que desde la máxima institución municipal responden remitiéndose a la “falta de personal”. Desde la Concejalía de Urbanismo admiten que actualmente cuentan con dos técnicos de Aperturas para todos los locales comerciales después de que uno de ellos se trasladara a la Diputación en el mes de mayo. Esta plaza esperan tenerla cubierta, indican, a mediados de agosto. Preguntados sobre un posible refuerzo del personal para solucionar estos trámites, desde el departamento que dirige Antonio Peral no han emitido respuesta.

Para dar un paso hay que mover mil papeles, hay mucha presión y la normativa estatal es la que fija los parámetros

Jesualdo Ros

— Provia

Sobre este problema, Galdeano señala que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, “se comprometió hace meses a buscar soluciones”, pero sin embargo “no han llegado”, y apunta que en ciudades como Elche este tipo de licencias tardan “mucho menos” en llegar. Según Francisco Linares, presidente de la Asociación Hostelería Elche, sitúa en “cinco o seis meses” el plazo habitual en las licencias de apertura, mientras que en Torrevieja “son bastante efectivos” siempre y cuando “esté todo en regla”, dice José Ignacio Pastor, presidente de la Asociación de Hostelería en la tercera ciudad más poblada de la provincia.

Otros ámbitos

En otras áreas de la Concejalía como la construcción de viviendas los trámites también se retrasan hasta un periodo aproximado el de dos años. Así lo afirma Jesualdo Ros, presidente de Provia, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante, que asegura también hay licencias que llegan “en seis u ocho meses” y que “últimamente el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo en este sentido”.

El Ayuntamiento de Alicante no hace planificación a largo plazo y no crear plazas con anticipación

Mariano Postigo

— SEP-CV

Este fenómeno en la lentitud de licencias, afirma, “está bastante extendido”, aunque sitúa ayuntamientos como el de Torrevieja como lugares en los que estos trámites “pueden tardar tres meses”. En cuanto a Alicante, “se están haciendo esfuerzos y se avanza lentamente”, y sitúa el problema en “la complejidad burocrática”, ya que “para dar un paso hay que mover mil papeles, hay mucha presión y la normativa estatal es la que fija los parámetros”. Entre los efectos de esta situación está la “dificultad de planificación de las empresas, que puede comportar pérdidas”, y la “incertidumbre”, que “es un riesgo añadido”.

Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP-CV), mayoritario entre los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, sitúan la “falta de personal abismal” como “el origen del problema”, exceptuando áreas como Bomberos o Policía Local, donde las plazas han ido aumentando. Mariano Postigo, secretario general del sindicato en el Consistorio, admite que “la Ley estatal impide cubrir todas las plazas vacantes en muchos casos” y “el Ayuntamiento sufre esta situación”, pero responsabiliza a la máxima institución municipal por “no hacer planificación a largo plazo y no crear plazas con anticipación” para poder cubrirlas en el momento en el que la ley lo permita.

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