La espera para una plaza en un geriátrico supera los tres años en Alicante y los privados llegan a 3.000€ al mes

La falta de plazas residenciales para personas mayores, especialmente de carácter público, está dejando a muchas familias de la provincia de Alicante ante una doble dificultad: encontrar un centro disponible y poder asumir su coste. Alicante cuenta con 8.815 plazas residenciales y una ocupación superior al 95%, según los datos aportados por José María Toro, responsable de la Asociación Empresarial y Servicios Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte). Del conjunto de centros, que son 95, solo cinco son públicos de gestión directa de la Administración, a los que se suman seis de titularidad municipal y doce centros sin ánimo de lucro que cuentan con plazas concertadas. El resto corresponde a diferentes fórmulas de gestión privada: totalmente privada, de gestión privada con plazas concertadas con la Generalitat y públicas de gestión privada.

Los datos de lista de espera para residencias con plazas públicas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales en la provincia de Alicante muestran que en algunos geriátricos la demora para conseguir una plaza supera los 1.000 días para casos considerados no urgentes: dos años y siete meses. Ocurre en geriátricos de Alicante, Dénia, Cocentaina, Elda, Ibi, Ondara y Pego, según el listado del Consell. Incluso en varios se rebasan los 1.200 días (3 años y cuatro meses). .

Las listas de espera del Consell sitúan en más de 1.000 días la demora en residencias de Alicante, Dénia, Cocentaina, Elda, Ibi, Ondara y Pego

Solos y vulnerables

En la práctica, las plazas públicas disponibles tienen como prioridad los casos de mayor urgencia y vulnerabilidad, como mayores que viven solos o que carecen de una red familiar capaz de asumir sus cuidados. La situación deja a las familias ante una difícil disyuntiva: esperar una plaza pública durante años, buscar una alternativa concertada o privada o mantener los cuidados en el domicilio mientras llega una respuesta.

La Plataforma de la Dependencia recuerda que en la Comunidad se potenció durante años el modelo de atención domiciliaria para evitar el desarraigo y favorecer los cuidados de proximidad. Una medida que fue objeto de críticas pero que terminó beneficiando el modelo de cuidado de cercanía. Sin embargo, cuando una familia da el paso de ingresar a su familiar en una residencia, el coste económico puede hacer que esa decisión sea difícil de sostener.

La escasez de plazas se produce además en un sistema que acumula una importante lista de espera. Según datos de la Generalitat, en la provincia, a fecha de junio de 2026, es de 14.687 personas; la mitad de las 28.800 pendientes de una prestación de dependencia en la Comunidad, de acuerdo al observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales correspondientes al mismo mes. La Comunidad es la tercera con mayor número de personas en lista de espera de plaza residencial, centro de día, atención domiciliaria o prestaciones económicas.

42.000 euros al año

Con una ocupación que supera el 95%, el margen de plazas libres en los geriátricos es muy reducido. Y acceder a una plaza privada tampoco es sencillo para muchas economías domésticas: la patronal Aerte sitúa actualmente los precios entre 2.200 y 3.000 euros mensuales en la provincia, aunque la Asociación Estatal de Directores eleva la horquilla hasta los 3.500 euros para una habitación individual.

Esto significa que una familia puede llegar a desembolsar hasta 42.000 euros al año por una plaza. «Es inasumible para la inmensa mayoría de las familias», advierte José Luis García Cantó, vicepresidente de ReCoVa, Asociación de Residencias Dignas de la Comunidad, que pone el foco en la dificultad de dedicar 3.000 euros mensuales exclusivamente al cuidado residencial de un familiar y, al mismo tiempo, hacer frente al resto de gastos de una economía doméstica.

«¿Quién tiene un salario superior a 3.000 euros como para poder dedicar ese dinero a la atención en residencia y vivir?», plantea. La entidad, que reclama un aumento de las plazas públicas, recuerda que el Plan Convivint contemplaba la construcción de un centenar de centros con unas 4.400 plazas. Ante la falta de respuesta a los escritos remitidos a las administraciones, el colectivo trasladará la situación al Síndic para que reclame soluciones que también urge la Plataforma de Dependencia: esta ve necesario aumentar la oferta pública para evitar que el acceso a la atención residencial quede condicionado por la capacidad económica de las familias.

Patronal

La patronal del sector atribuye parte del incremento de costes al aumento de las exigencias normativas que deben cumplir las residencias. Entre los cambios que repercuten en las cuentas de los centros, Toro destaca el aumento de las necesidades de personal. Según Aerte, desde marzo se han incrementado los requisitos de plantilla, lo que supone mayor coste para las residencias. La patronal defiende así que la subida de las tarifas no responde solo a una decisión empresarial, también al incremento de los costes derivados de las nuevas obligaciones y servicios que se prestan a los residentes.

Los sindicatos rebaten que haya más personal y, por el contrario, denuncian que las plantillas son cada vez más escasas. Carmen Ortega, técnica en enfermería y delegada de UGT en el sector de residencias de la Conselleria de Servicios Sociales -trabaja en el centro Pintor Emilio Sala de Alcoy-, asegura que el problema afecta a toda la Comunidad.

En la provincia hay cinco centros públicos de gestión directa. En conjunto no llegarían a las 500 plazas. Todos están ocupadas y las vacantes se producen cuando fallece un residente.

El problema no es únicamente cuántas plazas tiene cada centro, sino el grado de dependencia de las personas que las ocupan, cada vez mayor. En el Pintor Emilio Sala de Alcoy, por ejemplo, hay 63 plazas de asistidos y 70 de válidos (autónomos), pero Ortega señala que actualmente atienden «más cerca de los 90 asistidos que de los 60». En el centro Mariola, también en Alcoy, hay 60 plazas para mayores dependientes. Juan XXIII, en Alicante, cuenta con alrededor de 120 plazas, 60 de asistidos y otras 60 de válidos, mientras que La Florida, también en la capital, dispone de unas 90 plazas, de las que 60 corresponden a asistidos. La residencia de Torrevieja dispone de alrededor de un centenar de usuarios.

«El personal está por debajo siempre de la ratio y de lo que sería necesario para atender a este tipo de persona mayor o dependiente», añade la técnica, sobre todo porque los residentes presentan cada vez más multipatologías: demencias y alzhéimer, problemas traumatológicos, de medicina interna, oncológicos o diabetes.

Asistidos

Las residencias, de hecho, generan sus propios asistidos: personas que ingresaron con un determinado grado de autonomía y que con el tiempo desarrollan nuevas patologías y necesitan una atención mucho más intensa, sin que la plantilla se incremente en la misma proporción. Ortega relata que en una plantilla de alrededor de 30 trabajadores llegó a contabilizar 13 personas de baja, a las que se sumaban las vacaciones que tampoco podían cubrirse por falta de auxiliares. «¿A quién no le doy de comer? ¿A quién no limpio? ¿A quién no le asisto?», plantea la trabajadora para resumir la situación por la falta de efectivos.

Otro problema es que las pocas personas que se incorporan carecen de la formación específica de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería para atender a residentes con una elevada fragilidad y múltiples patologías. Esto, asegura, añade presión a las profesionales cualificadas, que tienen que asumir su carga asistencial y supervisar a compañeros que no conocen determinadas técnicas de movilización, alimentación o cuidados.

Esta diferencia tiene una consecuencia salarial: la categoría que correspondería supondría entre 300 y 500 euros más al mes, un coste que, según denuncia, empresas y administraciones no siempre asumen. De ahí que se contrate a graduados en ESO. Una espiral que dificulta la incorporación de empleo joven al sector-

Esta sobrecarga está teniendo también un impacto psicológico en las trabajadoras, con bajas por agotamiento. «Mucho el nuevo modelo de residencia centrado en la persona, pero ¿y quién cuida a los cuidadores? ¿Quién nos cuida a nosotros? Nadie».

También CSIF alerta de que las residencias públicas afrontan una situación precaria de sus plantillas, con vacantes todo el año y sustituciones de verano sin cubrir. El sindicato destaca que entre el 50% y el 80% de los residentes presenta algún grado de dependencia, a lo que se suman enfermedades crónicas, deterioros cognitivos y otras afecciones que requieren una atención más compleja, por lo que advierten de un posible «efecto dominó» sobre centros de salud y hospitales por la imposibilidad de atender a determinados usuarios.

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