El Programa de Recuperación Europeo ha sido uno de los protagonistas del foro. ¿Cómo se está abordando en la Comunidad Valenciana todo lo relacionado con su gestión, trámites e información?

Estamos trabajando para que los ayuntamientos sean actores y puedan desarrollar y llevar a cabo sus proyectos con éxito. Tenemos una comisión constituida entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Generalitat, las tres diputaciones y la delegación del Gobierno para poner en común y analizar las ayudas que salen del Gobierno de España hacia los ayuntamientos. Ahora mismo estamos haciendo un seguimiento de todas ellas para que lleguen lo más rápido posible y en la cantidad que los ayuntamientos demandan.

¿Cuáles son las temáticas comunes de estos proyectos municipales?

Las manifestaciones de interés que se han producido, que ahora se tienen que plasmar en las convocatorias y en proyectos detallados, van en varios sentidos. La rehabilitación de edificios públicos es uno de los más comunes y sobre el que el ministerio va a sacar la convocatoria para potenciar los espacios públicos medioambientalmente sostenibles, poniendo en valor edificios públicos que ahora son ineficientes energéticamente. Esa es una de las grandes convocatorias que saldrá de forma inmediata durante el primer trimestre de 2022.

La segunda es la digitalización de la administración, que ya está para los municipios mayores de 50.000 habitantes, y se espera en el primer trimestre de 2022 para los de menos. También hay muchos proyectos relacionados con movilidad sostenible, vías verdes, utilización de bicicleta y patinete eléctrico. Los ayuntamientos se están moviendo para presentar proyectos con garantías para que sean financiables por parte de Next Generation EU

¿Se están formando los funcionarios para poder tramitar todos estos proyectos?

Sí. Están en marcha diferentes iniciativas para formar al personal de los ayuntamientos y que estén al corriente de este tipo de ayudas, y que puedan proceder a la elaboración y redacción de los proyectos de una forma adecuada. Ya hemos hecho tres cursos de formación para funcionarios a través del Instituto Valenciano de la Administración Pública y estamos trabajando para que llegue al mayor número de funcionarios posibles. Independientemente de esto, estamos valorando también la posibilidad de incorporar en las mancomunidades a técnicos especializados en materia de fondos europeos para que ayuden a los pequeños municipios. 

La relación entre las diputaciones y los municipios es histórica y jurídica. ¿Cumplen las diputaciones hoy en día las su función de forma adecuada? ¿Deben cambiar o evolucionar?

Creo que las diputaciones deben ajustarse a sus efectivas competencias. Las diputaciones, cuando no existía la Generalitat Valenciana, optaron por hacer la totalidad de las competencias en el marco de la época. Tras la creación de la Generalitat y el autogobierno chocaban algunas de ellas porque se repetían funciones. Y esa repetición de funciones aún no ha finalizado. Las competencias se han perfilado de una forma más o menos clara en el ordenamiento jurídico, pero aún hay diputaciones que se creen gobiernos autonómicos y eso no es posible. Lo que hay que hacer es reconducir la tarea de las diputaciones a las labores que la ley les da. Hay que reajustar las competencias y las funciones, y trabajar para y por los municipios más pequeños, dotándolos de asistencia técnica, jurídica, urbanística y aquello que la ley les marca. Además, no es posible que las diputaciones hagan más competencias que las que tienen y luego se quejen de que son competencias impropias. 

Hablando de diputaciones, ¿qué espera de la de Alicante con respecto al Fondo de Cooperación Municipal?

La Diputación de Alicante ha dejado de abonar 70 millones a los municipios, cosa que sí han hecho las otras diputaciones de la Comunidad Valenciana. No hay nada que reprocharles jurídicamente porque era de carácter voluntario y la Diputación de Alicante decidió voluntariamente no pagar. Ahora bien, a partir de la aprobación del texto de nueva ley las diputaciones provinciales estarán obligadas a pagar y abonar a los presupuestos del fondo las mismas cantidades que abonará la Generalitat. Uno de los objetivos de la ley es hacer que todos los ayuntamientos sean iguales y que no sean discriminados en función de quién dirija la diputación. La ley está ya en vigor, pero la operativa de la ley será para el presupuesto de 2023.

¿Existe en la Comunidad Valenciana una auténtica vertebración?

La vertebración se hace de muchas formas. Una es a través de la descentralización de la administración central que tenía Valencia y que se está desarrollando. Tenemos la Oficina del Plan Vega Renhace en Orihuela, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) en Elche, el Síndic de Greuges y la Conselleria de Innovación en Alicante... Se está produciendo una descentralización y eso es tremendamente importante. Pero también la vertebración se hace de otras formas como, en el caso de la administración local, con la descentralización de competencias de la Generalitat para desarrollar programas y acciones como se está haciendo ahora. Estamos en la buena línea y tenemos que seguir avanzando para que todo el territorio, desde Vinarós a Pilar de la Horadada, sientan que la Generalitat Valenciana es de todos.

Los ayuntamientos han jugado un papel esencial en la crisis del covid-19. El Gobierno permitió aumentar su gasto y no cumplir con los objetivos de déficit. ¿Debe mantenerse esta «libertad» o es partidario de establecer límites?

La mayor libertad ha supuesto que los remanentes de tesorería puedan ser gastados para lo que se considere oportuno. Anteriormente estaba limitado a obras financieramente sostenibles. Que los ayuntamientos utilicen sus remanentes es algo lógico con lo que habría que continuar. No tiene sentido que un ayuntamiento con superávit no lo pueda utilizar para prestar servicios públicos. Desde mi punto de vista esto habría que rehacerlo, y, en la situación de pandemia actual, continuar con la mano abierta. Con el tema del endeudamiento hay que tener claro que la deuda pública hay que tenerla controlada y estar limitada a las inversiones que produzcan valor añadido a la actividad del propio municipio. 

¿Es partidario de la creación de un fondo de compensación? 

Sí. Siempre y cuando se demuestre que con la nueva ley se produce un perjuicio importante con respecto al anterior. Hay que analizarlo. Hay que tener los datos y después hacer la propuesta del fondo de compensación.