La titular del juzgado de Instrucción 2 de Elche, Gemma Somavilla, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que admita una petición de inhibición de la causa que sigue desde 2016 contra el exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, entre otros, por el denominado «caso de la clínica», una instalación privada ubicada en Gran Alacant y abierta sobre suelo y edificio público. En este procedimiento judicial está siendo investigado el exregidor por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Junto a él hay otros encausados, como el que fuera concejal de Personal del Ayuntamiento de Santa Pola, Jorge Perelló; los responsables de la mercantil Clínica Gran Alacant SL, Fernando Gómez y y Manuel Rodríguez; la hermana del exalcalde, Pilar Zaragoza, y Antonio Jesús Martínez, estos dos últimos como contratados por la clínica.
El motivo de esta decisión obedece a que la jueza considera en su auto que llegados a este punto de la investigación es imprescindible la declaración de la diputada del Partido Popular, Loreto Cascales, quien fuera edil de Santa Pola en esos años sujetos a indagación judicial. La magistrada recuerda en su auto que Loreto Cascales está aforada, «por lo que a fin de no causar a la misma indefensión y no pudiendo avanzar más en la instrucción de la causa» procede elevarla al alto tribunal. Éste ahora decidirá si acepta o no la inhibición. En el auto también se explica que la investigación «está agotada» y que se «estima que resulta necesario la declaración de doña Loreto Cascales, quien actualmente ostenta la condición de Diputada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados (...) y por tanto aforada».
Fuentes judiciales aseguraron que el auto está suficientemente motivado y deberá ser admitido, a tenor de las investigaciones de la UDEF (Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica) y que permitieron abrir la causa, y de las declaraciones aportadas a las actuaciones.
Implicación
El auto no supone implicación directa para Loreto Cascales, o al menos el auto no lo aclara. La diputada era delegada del área en el momento en el que se produjeron los hechos objeto de la investigación por lo se precisa que aclarealgunas cuestiones. De hecho, su nombre aparecía en la investigación de la UDEF, tal y como ya reflejó este diario, por lo cual tendría que hacerlo acompañada de un abogado para garantizar sus derechos. Una cuestión que está por aclarar son los motivos por los cuales aún no se había pronunciado la magistrada sobre este asunto de competencias siendo clave en la tramitación de cualquier procedimiento judicial.
Si, finalmente, Loreto Cascales acaba declarando en el Supremo como investigada, la causa podría entrar en otra «rueda» compleja porque una buena parte de la investigación abierta hace más de dos años, en los que han declarado otros investigados y testigos, se habría hecho sin presencia de su representación legal por lo cual es probable que la causa tendría que alargarse y repetirse numerosas pruebas testificales para evitar que alegara su indefensión.
En cualquier caso esto es una hipótesis hasta que el TS resuelva qué hace con el procedimiento que en cuestión de días llegara a su mesa. Según la investigación, la UDEF sostiene que el exalcalde perdonó dinero a la clínica, cerca de cien mil euros, que esta debería haber abonado al Ayuntamiento de Santa Pola en concepto de alquiler en unas instalaciones municipales y de obras de adecuación entre 2006 y 2016. A cambio, la empresa habría contratado a la hermana del regidor y a dos miembros de la candidatura del PP. Miguel Zaragoza abandonó la política hace pocos meses, donde seguía como concejal en la oposición y como diputado provincial, después de que el partido resolviera que su sustituto en la institución que preside César Sánchez fuera un afín al partido pues quien tenía que sustituirle, el alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, había sido expulsado de la formación popular por una condena que aparejaba inhabilitación.
