Los focos de ocupación ilegal de viviendas persisten en Crevillent, y para poner freno al «efecto llamada», desde el equipo de gobierno han ideado un protocolo para conocer de primera mano cuál es la problemática real en el municipio alfombrero. Así las cosas, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y Vivienda aseguran que trabajarán conjuntamente para peinar cada quince días, junto con agentes de la Policía Local,cada barrio para alcanzar las calles más degradadas con la idea de registrar el grado de vulnerabilidad de cada familia. Es decir, averiguar qué les ha llevado a ocupar una vivienda ajena de manera irregular y si cuentan con otras alternativas habitacionales en sus municipios de origen. Si no, el caso se derivaría a través de Servicios Sociales y se les podría buscar opciones para realojarlos, aunque la mayoría de estas familias tienen hijos en edad escolar y no están censados en Crevillent, sino en otras localidades próximas como Orihuela o Callosa de Segura, señala el edil de Seguridad Ciudadana, Josep Candela.

La idea es hacer un plano del municipio con el total de viviendas vacías para estudiar individualmente en qué condiciones se encuentran, ya que algunas están tapiadas porque están en manos de bancos y toman esta determinación para evitar que entren a ocuparlas, y por otro lado hay otras que se encuentran en claro estado de deterioro por el paso de los años. La idea a medio plazo es ofrecer pisos a aquellos usuarios del municipio que acrediten situación de vulnerabilidad, ya que apenas hay plazas en el parque público de viviendas, por lo que el Consistorio se pretende llegar a acuerdos con propietarios de casas vacías para crear una bolsa privada de vivienda cedida al Ayuntamiento que se gestione a través de un alquiler social, ya que con ello creen que podrían mejorar la convivencia de ciertas familias.

Aseguran desde el tripartito que por ahora hay cinco partes recientes de «okupación», aunque los datos no reflejan el alcance real de la problemática, ya que se dan casos en que los mismos miembros de una familia intercambian las viviendas, la mayoría en propiedad de entidades bancarias, y continuamente se trasladan para no dejar mucho rastro. El plan es localizar a los ocupantes y hacerles un cuestionario para conocer sus perfiles, además de informarles de las consecuencias legales que puede tener para ellos si permanecen y además generan disturbios. La situación, además, se complica cuando habitan menores, que no suelen acudir a la escuela, por lo que con estos estudios pretenden que haya un contacto más fluido con el juzgado de guardia para resolver los conflictos.

Evitar el «efecto llamada»

Así las cosas, el principal objetivo es evitar los polos de atracción, es decir, que no continúe el efecto llamada por el cuál varios clanes de otras poblaciones se han estado instalando en Crevillent sin tener vinculación con el municipio. Desde el tripartito parte, por tanto, una supervisión continuada que se traduzca en una bajada de los niveles de ocupación, que se han incrementado en el último año en puntos como la calle San Rafael, Barco o Sierra, a escasos metros del Ayuntamiento, incluso en los últimos días se han dado intentos de usurpación en el entorno del Mercado de Abastos.

Varios residentes ya denunciaron en este diario que se trata de personas que, lejos de integrarse en el barrio, generan conflicto, molestos ruidos a altas horas de la madrugada, depositan muebles en la vía pública e incluso han amenazado a vecinos a pie de calle, pero el Consistorio los anima a que cuenten de forma anónima qué situación atraviesan sus barrios.