Un nuevo abogado contratado por el Ayuntamiento de Santa Pola en los últimos días tendrá que dictaminar si el Consistorio se mantiene como acusación particular y perjudicado por varias causas penales como las del contrato de la uniformidad de la Policía Local o la del convenio urbanístico CJ-5.

El equipo de gobierno ha decidido contratar a este abogado especializado en derecho Penal, Administrativo y Urbanístico al efecto de que determine si existe, o no, motivo para mantenerse como acusación particular o bien que el Consistorio continúe sólo por la vía civil como perjudicado ya que «el Ayuntamiento ha detectado que en algunos procedimientos penales se ha utilizado la denuncia penal de forma política , cuando se trata de temas de Derecho Administrativo y Urbanístico, que, desde el punto de vista técnico, aconsejarían en todo caso mantener al Ayuntamiento como perjudicado civil, a efectos de reclamar algún perjuicio», según indica el letrado Fernando Coves Botella en una nota municipal.

Recursos

El experto apunta que se realizará un estudio para determinar si hay causa penal y el Consistorio continua empleando recursos públicos ejerciendo la acusación, algo que decidió llevar a cabo el anterior gobierno municipal encabezado por el PSOE.