Las casas cueva surgieron en Crevillent hace tres siglos cuando azotó una fuerte sequía al municipio alfombrero que dejó temblando la economía local y a sus habitantes, más en medio de una explosión demográfica por la que la población optó por vivir en casas baratas de este tipo. A pesar de que Crevillent es uno de las pocas localidades de la Comunidad Valenciana que sigue manteniendo esta antigua forma de vida, no hay una regulación concreta a nivel municipal para incentivar que sigan habitándose. Incluso el Plan General de ordenación urbana aboga por que vayan desapareciendo de forma progresiva.

Sin embargo, desde el ejecutivo local (Compromís, PSOE y l'Esquerra) han encargado en los últimos días un estudio para analizar qué tipo de regulación puede hacerse de las casas cueva con el fin de hacer atractivo este recurso habitacional y explorar la vía, por ejemplo, de que puedan emplearse con fines turísticos como ocurre en otras partes de España. La investigación la ha iniciado el propio alcalde, José Manuel Penalva, junto al arquitecto municipal, el técnico jurista y la edil de Servicios Públicos, Noemí Candela. Por el momento están estudiando cómo contemplan otros ayuntamientos como el de Canarias o Granada esta regulación, que va mediante decreto de legalidad urbanística o por el Plan General, respectivamente.

Desde el equipo de gobierno indican que esta última sería una vía lenta porque las normas urbanísticas necesitan un largo tiempo para ejecutar cambios. Aún y así, otras opciones pasan por emitir un decreto o redactar una ordenanza exclusiva sobre el tratamiento de estas viviendas, que hoy por hoy no existe. Todavía están explorando los caminos que pueden tomarse para revalorizar estas viviendas, ya que se estudiaría si podrían incluso declararse Bien de Relevancia Local. Una posición distante a la que ha mantenido el PP durante su gestión por más de 20 años, que aunque han lanzado planes de reforma, entendían que es inviable proteger estas «infraviviendas» porque las normas urbanísticas apuntan a que se irá regenerando la trama urbana, e incluso durante todo este tiempo se han concedido bonificaciones de hasta el 90% para aquellos que las reconvierten.

Sin embargo, el actual alcalde plantea atajar varios problemas. El principal es que los propietarios no pueden realizar cambios de titularidad del agua ya que las normas de edificación técnica no contemplan que las cuevas sean para vivir, aún y así, el primer edil señala que «la realidad social es otra y por eso tenemos que repensar estratégicamente qué hacemos con ellas porque si no les damos viabilidad para que puedan ser utilizadas están condenadas». Por ello, el trabajo deberá girar en desbloquear la situación y que puedan expedirse certificados técnicos con garantías para obtener ciertas licencias como la de ocupación. La problemática parte de que es difícil que un técnico se arriesgue a asegurar la habitabilidad y seguridad en ciertas viviendas cuando se da el caso de que hay cuevas que atraviesan el subsuelo por debajo de las carreteras.

En la actualidad no ha trascendido cuántas cuevas siguen en pie, aunque en las últimas décadas se han cifrado en más de 780 las construcciones de este tipo, concentradas sobre todo a lo largo de más de 30 calles en la zona norte y oeste del municipio, según se desprende de un estudio demográfico del experto Vicente Gozálvez Pérez, en el que habla de que viven unas 3.000 personas en este tipo de vivienda, en base a datos del siglo pasado.

Ahora, a finales de 2019, sigue manteniéndose este tipo de casas trogloditas, aunque una buena parte se han venido abajo para construir nuevas casas familiares y algunas han tranformado su estética hasta pasar desapercibidas.