El Ayuntamiento de Santa Pola calcula que la tranformación del entorno de Vatasa en campus de deportes marítimos y zona de ocio y restauración costará unos 3,5 millones de euros. Ese es el importe que ha calculado la Administración local en la primera fase, que serviría para reformar las dos naves, que se emplearían como centro de alto rendimiento y almacenes, además de otros usos. También se adecentaría el solar anexo con zonas verdes y de ocio que complementarían a la parte más docente que tendrá el enclave con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Este proyecto podría dar sus pasos en caso de que la Dirección General de la Costa y el Mar apruebe la solicitud de concesión por 50 años que pide el Consistorio para explotar esta zona con el apoyo público-privado, ya que hasta la fecha Costas no ha dado luz verde a este trámite, e incluso en los últimos días le ha solicitado al Ayuntamiento más información y que subsanasen partes del anteproyecto que remitió el Consistorio, que fue apoyada en pleno por unanimidad el pasado mes de diciembre.

Costas señalaba en un escrito que debían subsanarse errores y presentarse un estudio económico sobre el impacto que tendrá la inversión privada en el enclave. Según el equipo de gobierno, en los últimos días han remitido la documentación requerida y aseguran que las rectificaciones no tienen que ver con el grueso del proyecto, por lo que no afectarían al tipo de diseño que se piensa para las naves o a la inversión inicial. En cuanto al estudio económico, desde la concejalía de Hacienda reseñan que han hecho un «planteamiento básico» donde acreditan que sí podría ser posible una actividad dedicada a la hostelería con chiringuitos en este espacio e incluso otro tipo de actividades económicas dedicadas a servicios turísticos y que tengan una vinculación con el mar como empresas de buceo, por ejemplo.

Desde el Consistorio temían no llegar a tiempo para presentar esta memoria económica pero finalmente la han remitido con el resto del expediente en los plazos que marca el ente dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que planteaba reanudar la licitación para derribar las naves si no se hacían las modificaciones, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo está paralizado por el momento a la espera de que se tenga en cuenta, o no, la petición del Ayuntamiento. En este sentido, hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna propuesta de adjudicación para demoler las naves, aunque doce empresas presentaron su mejor oferta y en octubre se hizo una primera valoración en la que se señalaba a la mercantil más ventajosa a nivel económico.

Desde el ejecutivo local, sin embargo, ya anticipan que se trata de trámites lentos y que podrían pasar semanas hasta que Costas estudie estas subsanaciones y que incluso podrían requerirles más cambios. A pesar de esta receptividad, Costas sigue paralelamente con un estudio ambiental que determine si es viable derribar el astillero y devolver el espacio al dominio público marítimo terrestre. En cuanto a la inversión inicial que plantea el Consistorio, hasta la fecha no había trascendido la cifra, que ha sido confirmada a este diario por miembros del ejecutivo local, que apuntan, además, a recurrir a ayudas europeas para asumir el proyecto si obtuvieran el permiso.

Sostenible

Desde el equipo de gobierno, del PP, tienen claro que la transformación del sector tendrá que hacerse de forma sostenible con actuaciones «bastante ecológicas» y donde la playa quede bien integrada, señalan. El entorno estaría conectado con pasarelas de madera y se optaría por suelo de tierra compactada en lugar de hormigón.