El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana insta al Ayuntamiento de Santa Pola Santa Pola a indemnizar con cerca de 1,9 millones a la concesionaria que construyó la piscina cubierta de la calle Albacete. Las obras de esta infraestructura llevan años paralizadas y se encuentran en estado ruinoso después de que una de las sociedades se declarase en concurso de acreedores y se quedasen a medias los trabajos. Ahí comenzó un litigio que todavía sigue. Esta cuantía que el juzgado insta a pagar al Ayuntamiento es la liquidación del contrato y, por lo tanto, lo que se deduce de la ejecución de la obra, que se quedó a un 82%, restándole todos lo gastos derivados de los incumplimientos de la mercantil y los gastos derivados del abandono y vandalismo al que ha estado sujeta esta infraestructura desde que hace más de una década se quedó sin terminar.
Esta nueva resolución no es firme y sobre ella cabe recurso. El ejecutivo local precisamente aprobó ayer en junta de gobierno presentar un recurso de casación contra la sentencia. Entienden que una de las sociedades que conformaban la unión de empresas hizo un «enriquecimiento injusto». Por ello, desde la Administración local plantean reducir al máximo la liquidación, y ya adelantan que de ese montante se restarían unos 600.000 euros en favor del Ayuntamiento en concepto de garantías de avales, según explica José Pedro Martínez, edil de Hacienda.
Lo cierto es que en los últimos años se han interpuesto varios recursos entre la concesionaria y el Ayuntamiento. El primero fue en 2013 cuando el Consistorio pedía una indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento por los gastos que se tuvieron que asumir por el deterioro de la obra paralizada desde 2009, así como para asumir los honorarios de técnicos para certificar las obras. En total el Ayuntamiento aseguraba que la cifra ascendía a 2,4 millones y la concesionaria recurrió. En 2015 está unión de empresas se opuso, además, al requerimiento del Ayuntamiento de acreditar con facturas, transferencias y declaraciones fiscales las inversiones que habían realizado y formuló alegaciones.
Meses después los técnicos propusieron liquidar el contrato y la concesionaria se opuso también a pagar un crédito de más de 540.000 euros.
