Los que fueron concejales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola durante el pasado mandato, Ignacio Soler y María Dolores Tomás, prestaron ayer declaración en calidad de querellados ante el juzgado de Instrucción 4 de Elche por el cobro de una tasa al Club de Atletismo de Santa Pola para la celebración de la Media Maratón. Soler abandonó la política en 2019 mientras que Tomás forma parte de la oposición este mandato. Su supuesta responsabilidad en estos hechos obedece a la gestión que realizaron al frente de las áreas de Hacienda y Deportes.
La apertura de una investigación nace de una querella por un supuesto delito de prevaricación administrativa presentada por la entidad deportiva en julio y en la que responsabiliza a los que eran cargos políticos en 2016 de la decisión adoptada en una junta de gobierno, presidida por la entonces alcaldesa Yolanda Seva, que acabó obligando a la entidad deportiva a abonar una tasa de más de 5.500 euros para hacer frente a las horas extra de la Policía Local para la organización de la Media Maratón Villa de Santa Pola. Dicha tasa quedó anulada el pasado mes de noviembre por el juzgado de lo Contencioso, que ha ordenado reintegrar este dinero al club. El consistorio no ha recurrido dicho fallo, que ha sido acatado. El contenido de la declaración no ha trascendido.
Además de la citación de los dos investigados está previsto que declaren por este asunto uno de los miembros de la junta directiva de la entidad y un técnico municipal como testigos. Igualmente se solicitó la incorporación al procedimiento de diversa documentación administrativa en relación a aquel acuerdo de la junta de gobierno. Los querellantes sostienen que aquella decisión adoptada por la junta de gobierno, y de la que responsabiliza a los dos querellados, se realizó sin informe jurídico que lo sostuviera y fuera del orden del día.
La sentencia dictada por la magistrada Raquel Catalá, adscrita al juzgado de lo Contencioso de Elche, declaró que aquella tasa que se le impuso a la entidad deportiva es nula de pleno derecho -«se incumplía toda la normativa legal», dice el fallo-, lo que ha sido fundamental para que ahora el Club de Atletismo busque culpables de una decisión que tuvo una enorme repercusión en la organización, el prestigio y la imagen de la prueba señera en el municipio y que era fija en el calendario nacional de larga distancia. Cuando el Ayuntamiento de Santa Pola, a finales de 2016 acordó cobrar 5.500 euros por lo que consideraba era el 50% del coste de las horas extra de la Policía, abrió un crisis en la relación entre ambas instituciones que acabó con la salida del club de su organización, aunque en enero de 2017 se pagó y se celebró la prueba atlética.
