Más de una decena de supuestos propietarios del Residencial Santara Life Resort de Gran Alacant, en Santa Pola, pidió ayer en la vista oral celebrada en el Juzgado de Primera Instancia 5 la nulidad de los contratos de compraventa de viviendas al considerar que hubo fraude de ley. Los afectados denunciaron que fueron engañados por la empresa que en su momento gestionó estas ventas, pues mientras que ellos creyeron que estaban adquiriendo una vivienda, en realidad «adquirimos una servidumbre, digamos que el derecho a usar esas instalaciones», señaló ayer uno de los denunciantes a este diario. Según los denunciantes, el complejo, que «en su día lo vendieron como el paraíso» y como una especia de residencial de lujo para la tercera edad, con multitud de servicios sanitarios, está construido en un suelo que el PGOU recoge como suelo dotacional, destinado a la prestación de servicios sanitarios. 

Ese uso, «impedía realizar división horizontal, y por lo tanto vender viviendas, pero lo hicieron, y así consta en la escrituras, pero en el catastro no aparece por ningún sitio. Cuando adquirimos la vivienda y empezamos a ver que los servicios que prometían no estaban, fuimos tirando del hilo y vivos que lo que creíamos que era nuestra casa, no lo era», señala este afectado. Las viviendas se «vendieron» por precios que oscilan entre los 200.000 y los 240.000 euros. La crisis económica hizo que no se ejecutara la segunda fase del residencial, por lo que hay una treintena de viviendas construidas, además de espacios comunes como piscina o gimnasio. El caso lleva cerca de diez años judicializado. En un primer momento, los demandantes denunciaron a la empresa por la vía penal, al entender que habían sido víctimas de fraude y estafa. Sin embargo, el tribunal archivó la demanda, al entender que se trataba de un caso civil. 

Actualmente el residencial se anuncia en internet en varios portales como un hotel con servicios sanitarios

Fue entonces cuando denunciaron por esta vía y ayer, muchos años después, se celebró el juicio. Este diario, al igual que muchos de los afectados, no pudo acceder a la sala debido a las restricciones de aforo. La sesión se celebró en la sala 8 de la Ciudad de la Justicia de Elche, cuyo aforo está limitado a tan solo siete personas debido a la crisis sanitaria. Una capacidad que se redujo aún más al estar presente personas de riesgo, ya que la mayoría de afectados son personas mayores que pretendían pasar sus últimos días en esta especie de residencia de lujo. De hecho, según señalaron los denunciantes, hay «víctimas de este engaño que ya se han ido sin que se haga justicia». 

Internacionales

Entre los afectados, también hay «residentes internacionales que adquirieron las viviendas pensando en retirarse en un complejo único y que se han vuelto a su país al ver que no eran atendidos y que esos servicios sanitarios no se prestaban», señala un denunciante. La empresa, según las mismas fuentes, alegó en el juicio que sí se prestan los servicios sanitarios que ofertan. 

Actualmente, según pudo comprobar ayer este diario, las casas que no están ocupadas se ofertan como plazas hoteleras a través de internet. Eso piden precisamente los propietarios, que se les devuelva el dinero, las casas pasen a ser gestionadas por la empresa y que esta las explote como considere. 

El caso lleva años en los tribunales por diferentes denuncias, algunas de ellas precisamente por ese uso hotelero en suelo dotacional, que no tiene licencia, sin que hasta ahora haya cesado la actividad o se haya dado una solución a los propietarios.