La Fiscalía pidió este miércoles tres años de prisión para el exconcejal de Obras de Crevillent, Manuel Moya (PP), por un presunto delito de falsedad documental y prevaricación al adjudicar un nicho a una familia «saltándose el orden establecido en la ordenanza municipal». El Ministerio Público considera que para realizar esa adjudicación plasmó «en la firma de solicitud de ocupación de nichos disponibles su firma en el lugar destinado a la del conserje» que era la que tenía que dar validez al uso de un nicho.

El juicio tuvo lugar ayer en la Sección Séptima de la Audiencia de Elche. Este diario trató de ponerse en contacto con el exedil popular, sin éxito. Fuentes judiciales señalaron que el edil atribuyó a un error esa adjudicación. El acusado estaba sustituyendo esos días en sus funciones al concejal delegado de Cementerios, tal y como plasma el escrito de acusación del Ministerio Público, y se remonta al 12 de mayo de 2016, cuando el PP ostentaba la Alcaldía.

El caso desató la polémica en su momento en la corporación crevillentina, hasta el punto de que el PSOE, Unitat de l'Esquerra y Compromís solicitaron la reprobación del edil en una sesión plenaria. Cuando ocurrieron los hechos Moya explicó que «en su día cometí un error. Yo solo, de manera involuntaria, confundí el nivel de enterramiento dos por el tres, en ausencia del edil de Cementerios, por lo que desmiento que haya sido de forma arbitraria, y ya pedí disculpas a los familiares, pero no tengo inconveniente en volver a hacerlo».Precios

Los precios de los nichos en los cementerios municipales dependen precisamente de nivel en el que se encuentren, siendo los más altos, los más económicos. De ahí que la Fiscalía considere que se ha cometido una prevaricación al adjudicar a una familia un nicho en un nivel distinto al que le corresponde, al haber un perjuicio económico para el Ayuntamiento. El caso quedó ayer visto para sentencia tras la declaración del implicado y de los testigos propuestos tanto por la acusación pública como por la defensa, que negó haber cometido ninguno de los delitos de los que le acusa el Ministerio Fiscal.