El Gobierno ha trasladado recientemente al etarra Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, a la cárcel de Logroño, comunidad limítrofe con el País Vasco, desde Almería -según Europa Press-, prisión en la que cumplía condena por el asesinato de la niña Silvia Martínez, de 6 años, y del jubilado Cecilio Gallego, de 57. Además, el juez lo condenaba, junto al terrorista Óscar Zelarain Ortiz, alias Peio, a otros 51 delitos de asesinato en grado de tentativa -por los heridos- y otro de estragos terroristas. En total les cayeron a ambos 843 años de cárcel por el atentado del 4 de agosto de 2002 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola.

La nueva política ejercida por el Gobierno de Pedro Sánchez ha facilitado que, según la agencia EP, tres de cada diez presos (más de 30 en total) trasladados a centros penitenciarios del País Vasco o cercanos sean terroristas con delitos de sangre, como el asesino de Silvia y Cecilio, que ahora cumple su condena en una cárcel, la de Logroño, que se encuentra a una hora de camino en coche de Vitoria capital, cuando antes el trayecto era de más de nueve horas hasta Almería.

«Iosu» cumplía pena en Almería y es uno de los más de 30 reos de sangre de ETA que Sánchez ha aproximado a Euskadi

Iosu gozará por tanto del beneficio de la proximidad a su tierra cuando se cumplen 18 años del atentado que conmocionó a toda España. Este etarra también había sido ya condenado a 110 años y 6 meses de cárcel por poner un coche-bomba frente a un hotel de Fuengirola el mismo verano que en Santa Pola, cuando también hizo lo propio en Marbella y Mijas, denttro de una campaña de terror que ETA decidió poner en marcha ese verano.

Andoni Otegi Eraso no reconoció al tribunal durante el transcurso del juicio sobre su participación en la masacre de Santa Pola. Dijo que «este tribunal no tiene legitimidad para juzgar la lucha del País Vasco y no voy a formar parte de él». La madre de Silvia prestó el testimonio más emotivo durante el proceso, celebrado en la Audiencia Nacional diez años después de los crímenes. Toñi Santiago llamó «asesinos» y «cobardes» a los autores del atentado, de los que no recibió ni una palabra de arrepentimiento. Entre sollozos, reclamó «que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo asesinado por esa gente, por favor».

Después, la madre recalcó que «lo asesinos jamás pagarán lo que han hecho a mi hija y a mi familia» y el entonces alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, exigía «que la condena se cumpla al máximo nivel».

18 años después de la barbarie, Iosu es beneficiado por una política gubernamental que está levantando ampollas entre los ciudadanos. Según Europa Press, ya son 108 los presos que han sido trasladados a cárceles del País Vasco o Navarra (23) o cercanas. El pasado viernes se produjeron los seis últimos movimientos.