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La adjudicación de una plaza de inspector en Santa Pola salpica a la exalcaldesa

Un juzgado acuerda citar como investigadas a seis personas y que se comunique a Yolanda Seva la existencia de la causa al ser aforada

La adjudicación de una plaza de inspector en Santa Pola salpica a la exalcaldesa | ANTONIO AMORÓS

La legalidad de la adjudicación de una plaza de inspector de la Policía Local de Santa Pola a un funcionario policial que en su día denunció presuntas corruptelas en el Cuerpo y fue declarado «testigo protegido» por la Agencia Antifraude está bajo sospecha. Un juzgado de Elche mantiene abiertas diligencias por el proceso de selección y acaba de dictar un auto en el que cita a declarar a seis personas en calidad de investigadas y acuerda que además se dé traslado de la causa a la exalcaldesa socialista Yolanda Seva, ya que considera que puede verse afectada y es aforada por ser diputada en el Congreso.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Elche señala en un auto, fechado el pasado 25 de mayo, que los hechos investigados por la Policía Judicial de la Guardia Civil podrían ser constitutivos de «presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, revelación de secretos y contra la Administración pública».

La juez estima que hay indicios para continuar las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por un letrado asesor jurídico del Ayuntamiento de Santa Pola y cita para que declaren como investigados seis personas, entre ellas el presidente y el secretario del tribunal del concurso convocado para una plaza en propiedad de inspector de la Policía Local, así como el exconcejal de Policía y el propio policía al que se adjudicó el puesto.

Los denunciados ya comparecieron recientemente ante la Guardia Civil también como investigados por las presuntas irregularidades y en los próximos meses lo harán ante la juez que investiga el caso, quien en su auto acuerda también que se dé traslado de las actuaciones a los investigados para que puedan personarse en la causa y ejercer su derecho de defensa.

El Ayuntamiento de Santa Pola emitió ayer un comunicado en el que, sin facilitar datos ni cargos de los investigados por respeto a la presunción de inocencia, explica que se ha abierto un procedimiento judicial «en el que se pone al descubierto la existencia de hasta 7 personas investigadas, entre las que existen políticos, ex concejales, funcionarios, etc… en la posible comisión de gravísimos delitos».

Añade el comunicado que la denuncia fue interpuesta por el letrado asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Santa Pola «tras detectar una serie de irregularidades que le llevaron a describir y denunciar un presunto fraude cometido en la realización del proceso selectivo de una plaza de inspector de la Policía Local».

La investigación de la Guardia Civil se ha prolongado durante ocho meses y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante pidió que se investigara «hasta 7 personas involucradas en la trama».

El Ayuntamiento afirma que se comunicará la apertura de este procedimiento judicial a otros juzgados afectados, tanto administrativos como la propia Audiencia, que hace unos días acordó como medida cautelar provisional la inscripción de «Iñaki Cantonnet Vicuña en el curso selectivo del Instituto Valenciano de Seguridad Pública, lo cual supondría un grave perjuicio para un segundo opositor de buena fe, que según consta igualmente superó las pruebas de la oposición». Vicuña es el opositor cuya selección es objeto de la investigación abierta en el juzgado de Instrucción número 3 de Elche y necesita realizar dicho curso para obtener la plaza de inspector. Sin embargo, el Consistorio de Santa Pola afirma en el comunicado que el segundo opositor tiene derecho a optar a la plaza y «ya ha acudido en busca de amparo judicial por este motivo».

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