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Santa Pola

El TSJ tumba la sentencia del geriátrico y Santa Pola no tendrá que pagar 7,4 millones

El Ayuntamiento se libra de asumir la carga hipotecaria que demandaba la entidad bancaria cuando la concesionaria de la gestión entró en concurso de acreedores y abandonó la residencia en 2014 - El siguiente paso será recuperar el edificio

Residencia de ancianos de Santa Pola en estado abandonado desde hace años

El Ayuntamiento de Santa Pola no tendrá que pagar finalmente los 7,4 millones que Caixabank le exigía para resolver el contrato con el geriátrico de Sanyres, que lleva siete años abandonado. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha anulado la sentencia del Juzgado contencioso administrativo 1 de Elche de 2019 que condenaba a la administración local a hacerse cargo de un importe que el Ayuntamiento entiende que es responsabilidad de la mercantil. 

La sentencia desestima todas las pretensiones de la entidad financiera que reclamaba dicha cantidad en concepto de pago por «responsabilidad patrimonial» por las inversiones ya realizadas y las no amortizadas. La entidad ya ganó el litigio en primera instancia pero ahora el TSJ revoca la sentencia en su totalidad, aunque no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o de nuevo ante el TSJCV en un plazo de 30 días, que empezaron a contar a finales de julio. 

La residencia está abandonada desde 2014, cuando la concesionaria cayó en concurso de acreedores y dejó de gestionar el inmueble tras incumplir el contrato y arrastrar deudas, teniendo en cuenta, además, que la mercantil solicitó varios préstamos que fueron ampliándose hasta superar los siete millones para poder gestionar la residencia. 

Fue en 2015 cuando la citada entidad financiera, que hacía las funciones de acreedor hipotecario, alegó que tenía derecho a cobrar el importe que se derivaría de la liquidación del contrato. 

En 2017 se resolvió la concesión por abandono de la concesionaria. Desde el ejecutivo local acusan al anterior gobierno de no haber liquidado el contrato como se indica en la Ley de Contratos del Sector Público, y que el trámite al final se alargase hasta 2020 para deducir el «valor de las inversiones realizadas descontando el valor de la amortización por los daños y perjuicios al Ayuntamiento, y deduciendo, también, el coste por el deterioro de las instalaciones.

Desde la Concejalía de Hacienda y Contratación manifiestan que ahora la disposición es normalizar las relaciones con la entidad financiera aunque entienden «que debería centrarse en cobrar la deuda a la empresa concesionaria que es quién realmente ha originado el problema», critica José Pedro Martínez, edil del área. 

El pasado verano la entidad financiera solicitó la ejecución provisional de la sentencia y el 23 de junio del mismo año el pleno aprobó por unanimidad una moción pidiendo a la entidad la renuncia a esa ejecución provisional. A nivel municipal valoran como prioritario centrarse en dar solución al edificio, y avanzan que ya están gestionando la recuperación con varias alternativas, y una de ellas podría ser la reconversión en hotel. 

En los últimos años han surgido propuestas para recuperar la residencia saqueada, como la de una plataforma vecinal en 2018 que buscaba apoyos para reconvertirla en centro de día intergeneracional que hiciera más llevadera la estancia de los mayores. Aquella idea no salió adelante teniendo en cuenta la inversión multimillonaria necesaria para reactivar el complejo. 

Un complejo atacado por el vandalismo 

La antigua residencia de mayores lleva desde 2014 abandonada a su suerte en el la avenida de Portugal de Santa Pola. En algunos ventanales no hay cristaleras y tiene algunas persianas rotas. La zona está expuesta a múltiples ataques vandálicos al no tener ningún uso desde entonces, a pesar de que expertos reflejaron en 2019 la necesidad de ampliar servicios sanitarios o asistenciales para la tercera edad y antes de 2025.

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