El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Elche dicta una sentencia -del 10 de agosto- que obliga al Ayuntamiento de Santa Pola a anular acuerdos plenarios por los que se destituyó a uno de los inspectores de la Policía Local protegidos por la Agencia Antifraude. La jueza además le da la razón al PSOE porque se estima que se ha vulnerado la ley al tratar temas de urgencia, cuando no quedaría acreditado que se hiciese por esta vía, sin que los concejales pudiesen tener tiempo para revisar la documentación pertinente.
Esta sentencia se ha dictado en el seno de un procedimiento judicial iniciado por el portavoz socialista, Lorenzo Andreu que entiende que el PP desarrolla una práctica "desgraciadamente habitual de no dejar ver la documentación de los puntos que se han de tratar en el Pleno, y también debido al uso, más que arbitrario, que hace la Alcaldesa de la figura de la urgencia para tratar determinados asuntos, sin que el resto de Concejales/as de la Corporación dispongan del tiempo mínimo que marca la Ley para poder estudiar los expedientes administrativos correspondientes", exponen.
Según explican los socialistas, el pasado 26 de febrero de 2020 se acordó por Pleno (con los votos a favor del PP, VOX y un no adscrito) la revisión de oficio del nombramiento como funcionario en prácticas de un inspector de la Policía Local. El PSOE ya dijo durante la sesión que no habían tenido tiempo de estudiar el asunto en profundidad y exponen que desde la convocatoria de la comisión informativa hasta su celebración sólo transcurrió 1 hora, y 30 minutos más hasta que dicho punto se tratase en el Pleno. Indican, al hilo, que tampoco se les había facilitado la documentación del expediente administrativo para poder leerla.
"Esta sospechosa prisa" del PP por llevar un asunto que no era urgente al pleno ordinario, pero fuera del orden del día, es lo que llevó a los concejales a interponer un recurso administrativo de reposición, "que el Pleno, a propuesta de la Alcaldesa desestimó íntegramente, a pesar de que la Ley estipula claramente que deben transcurrir un mínimo de 2 días entre la convocatoria y la celebración de los plenos".
La jueza pone de manifiesto que “dicho asunto fue sometido a debate y votación por la vía de urgencia, y nada se concretó en la convocatoria sobre las razones que explicaran la urgencia y, por lo tanto, no existe la motivación expresa en contra del mandato legal”. Prosigue la sentencia diciendo que “se ha de concluir que (…) supuso una vulneración del derecho de participación, (…) manifestada en haberle sido sustraída la posibilidad – a los/as Concejales/as Socialistas – de formarse un juicio realista y sosegado del asunto”, continúa la resolución judicial.
Los socialistas califican la conclusión de la resolución como un "hecho gravísimo pues viene a confirmar lo que el Grupo Socialista viene diciendo desde que tomara posesión la actual alcaldesa y su equipo de gobierno, y es que el PP está pisoteando sistemáticamente los derechos que la Constitución Española otorga al resto de Concejales/as. La Alcaldesa es responsable de haber intentado obligar a que los/as Concejales/as de la Corporación votaran un asunto sin dejarles ver los informes jurídicos y técnicos emitidos, y sin darles el tiempo mínimo que marca la Ley para ello". Prosiguen diciendo que esta sentencia evidencia una "persecución que parece estar produciéndose, por parte del equipo de gobierno, contra el funcionario al que afecta el acuerdo 3 del Pleno que ahora anula el Juzgado, llegando ya a unos niveles insospechados e inaceptables en democracia". La concejal y diputada nacional, al tiempo que exalcaldesa, Yolanda Seva, ataja que “lo único que pedimos es que cejen en su empeño de perseguir a este funcionario, ni a ninguna otra persona, y que nos dejen hacer nuestro trabajo como oposición, que no es otro que fiscalizar la actividad del equipo de gobierno”, recalca .
